La Fiscalía General archivó la investigación que adelantaba contra Blanca Inés Durán por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2018, que fue gerenciada por ella. Esto debido a que el ente acusador consideró que Durán “actuó conforme a las reglas legales existentes” e “incluso, implementó medidas adicionales para intentar evitar el ingreso de recursos prohibidos por la ley”.
La investigación se abrió en 2020 porque, presuntamente, la campaña de Petro recibió aportes de servidores públicos; particularmente de Bertha Isabel Bravo Reyes, quien se desempeñaba en ese tiempo como funcionaria de la Secretaría de Educación de Cartagena; Sandra Mónica Salazar, quien trabajaba en la Contraloría General de la Nación; y Gonzalo Pérez Buitrago, quien era funcionario en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Es por esto que la Fiscalía seguirá indagando la situación de los donantes, considerados “fuentes prohibidas” por su rol de funcionarios públicos, la cual “deberá ser valorada al margen de la campaña para determinar si sus conductas se adecuan o no a las prohibiciones”.
