Por aparentes contradicciones en los testimonios de algunos declarantes y un supuesto maltrato durante la captura, un juzgado de control de garantías dejó en libertad al presunto cabecilla financiero de la célula terrorista que mató a 13 policías en el municipio antioqueño de Amalfi.
Se trata de Yeison Alfonso Sánchez Zapata, alias “Chorizo”, señalado de ser el coordinador financiero del frente 36 de las disidencias de las Farc, quien había sido capturado el pasado 27 de agosto.
La detención se produjo en el barrio Santa Teresita, del occidente de Medellín, cuando el sospechoso salía en un automóvil de una urbanización residencial.
En ese momento fue interceptado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y soldados del Gaula Militar del Valle de Aburrá, quienes lo bajaron del vehículo y le notificaron una orden de captura por concierto para delinquir agravado y tráfico de armas. Le incautaron $11’358.000, dos celulares y una memoria USB.
¿Quién es alias “Chorizo”?
De acuerdo con el reporte oficial, “Chorizo” es presuntamente un coordinador de finanzas de las disidencias frente 36 en los municipios de Amalfi y Anorí, donde al parecer administra recursos del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal de oro.
También estaría a la cabeza de una supuesta red de testaferros para apoderarse de manera violenta de las minas de la región, en especial las ubicadas en el cañón del río Porce, en el norte de Antioquia.
El coronel Luis Barba Saldaña, comandante encargado de la Cuarta Brigada del Ejército, reportó tras la captura que Sánchez Zapata “era el encargado de gestionar entables mineros irregulares y coordinar redes de apoyo de esa estructura criminal. Tenía una trayectoria delictiva de más de ocho años, tiempo en el que habría participado en acciones terroristas, incluyendo inteligencia delictiva para atentar contra la Fuerza Pública en Anorí”.
El Ministerio de Defensa, en un comunicado, indicó que “de acuerdo con las investigaciones, el capturado era el encargado de administrar recursos derivados del narcotráfico y de la explotación ilegal de recursos, con lo cual recaudaba más de 20 mil millones de pesos mensuales”.
El coronel Barba recalcó que también es sospechoso de participar en el homicidio de una comerciante minera de Amalfi. Se refería a Patricia Orrego Barrios, de 43 años, quien fue asesinada por sicarios el 7 de enero de 2024, en una estación de gasolina del municipio de Girardota.
Tal cual publicó EL COLOMBIANO en su momento, ella era copropietaria de la mina La Comba, una de las más importantes en la extracción de oro del departamento, ubicada en la frontera de Amalfi y Anorí.
Uno de los yacimientos del título minero fue invadido en noviembre de 2021 por el frente 36, y según fuentes de Inteligencia quedó en manos de “Chorizo”. Patricia Orrego trató de recuperarlo con demandas, incluso buscando ayuda de la guerrilla del ELN, hasta que la mataron.
La detención de Sánchez Zapata se convirtió en una prioridad para las autoridades desde lo ocurrido el pasado 21 de agosto en la vereda Los Toros, de Amalfi, cuando los terroristas del frente 36 asesinaron a 13 policías de la Dirección Antinarcóticos.
Los uniformados estaban erradicando cultivos ilícitos, y cuando un helicóptero Black Hawk llegó para evacuarlos, se produjo un ataque con explosivos y ráfagas de fusil, derribando la aeronave en el instante en el que estaba a punto de aterrizar.
Las autoridades pensaban que una de la manera de afectar a esa organización era golpeándole el bolsillo, con la captura de su coordinador financiero, pero al llegar a la audiencia de control de garantías el caso se empezó a enredar. ¿Qué ocurrió?
¿Por qué el juzgado le dio la libertad a “Chorizo”?
Para comenzar, fuentes cercanas a este diario comentaron que los investigadores quedaron sorprendidos al ver que uno de los miembros del equipo de la defensa de “Chorizo” era un antiguo agente del CTI, ya retirado, quien habría trabajado en el equipo encargado de perseguir al crimen organizado.
Además, en el grupo de investigadores de la defensa también había un expolicía de la Sijín.
El Juzgado 101 Penal Municipal Ambulante de Antioquia legalizó la captura y los elementos incautados; la Fiscalía realizó la respectiva imputación por concierto para delinquir agravado y tráfico de armas, y el imputado se declaró inocente.
Pero cuando iban a tramitar la medida de aseguramiento, la defensa solicitó un aplazamiento para buscar más pruebas, con el argumento de que Sánchez Zapata habría recibido malos tratos durante el procedimiento de captura.
El juzgado le concedió tres días para recoger elementos probatorios. El supuesto maltrato se fundamentó en que, al bajarlo del carro, los uniformados le rasgaron la camisa, pero esa no fue la prueba reina que obtuvo la defensa.
En esos tres días, los representantes legales de “Chorizo” aprovecharon para entrevistar a los denunciantes en contra de su cliente, y algunos de ellos se retractaron de la declaración inicial.
Esta situación terminó inclinando la balanza en favor de “Chorizo”. Ante la contradicción en los testimonios, por lo que se descartaron unas entrevistas, el juzgado consideró que no se lograba la “inferencia razonable de culpabilidad” y que no quedaba probado que el detenido era un peligro para la sociedad, en razón de lo cual decretó su libertad.
La investigación judicial continuará, pero Sánchez Zapata podrá atender las citaciones en libertad.
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