La crisis humanitaria en la región del Catatumbo sigue su curso implacable a pesar de que el país esté en la discusión de la consulta popular y la crisis de los medicamentos.
La escalada violenta iniciada el 16 de enero de 2025, tras la ofensiva del ELN contra las disidencias, ha golpeado con dureza a campesinos y firmantes del Acuerdo de Paz. Los desplazamientos no cesan, por el contrario, se intensifican, mientras crece el riesgo de desaparición del ETCR Simón Trinidad en Cesar, donde viven cerca de 120 personas.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, con corte al 22 de enero, seis firmantes han sido asesinados, siete están desaparecidos y 102 han sido desplazados desde que comenzó la escalada terrorista en el Catatumbo.
Este panorama evidencia la profunda desfiguración del propósito original de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), concebidos en 2016, tras la firma del acuerdo con las Farc, para facilitar la transición de los excombatientes a la vida civil.
Sin embargo, con el paso de los años, las disidencias se han apropiado de estos lugares, convirtiéndolos en bastiones de poder y atemorizando a las familias de antiguos compañeros que le apostaron a desmovilizarse.
La tragedia que hoy vive el Catatumbo, según la Fundación Paz y Reconciliación, podría expandirse a buena parte del departamento del Cesar y a otros departamentos como Arauca.
Precisamente, el decreto de conmoción interior, expedido el 25 de enero por el Gobierno para la región del Catatumbo, también cobija a los municipios de Río de Oro y González, al sur del departamento del Cesar. Pero se puede quedar corto. Estas zonas son consideradas una puerta de entrada al Catatumbo utilizada por el ELN para el tránsito de sus estructuras, víctimas de secuestro, rentas criminales, así como la comercialización y transporte de servicios, bienes e insumos para financiar sus actividades, según especifica el decreto.
Justamente en esos municipios se encuentra el ETCR amenazado. Lo grave es que, mientras la Corte Constitucional deja en firme las medidas, el riesgo inminente para estas comunidades continúa creciendo.
La última alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, emitida el 10 de marzo de 2025, centró su atención sobre el ETCR Simón Trinidad de la vereda Tierra Grata, ubicado en los límites entre los corregimientos de Sabanas de León, de Manaure Balcón del Cesar, y San José de Oriente, de La Paz.
El riesgo geográfico se extiende a corregimientos y veredas como San José de Oriente, La Laguna de Los Indios, Los Encantos y Guaimaral en La Paz; José Concepción Urdinales, Sabanas de León y Pie del Cielo en Manaure Balcón del Cesar; y El Rincón, Medialuna y Tocaimo en San Diego, Cesar.
De acuerdo con la Defensoría, este riesgo se debe a la posible expansión de la confrontación armada del Catatumbo hacia la franja de la Serranía del Perijá, donde se proyectan enfrentamientos entre el Frente de Guerra Nororiental-Manuel Pérez Martínez del ELN y el Frente 19 Simón Trinidad del Bloque Magdalena Medio-Gentil Duarte del EMBF (Estado Mayor de los Bloques y Frente).
Ante esta crítica situación, organizaciones campesinas y de firmantes de paz solicitaron medidas urgentes para reforzar la presencia de las autoridades y evitar que se concreten las amenazas, intimidaciones y el desplazamiento de las familias.
“Nos están asesinando”: líderes del Catatumbo
“Nos sentimos perseguidos por confiar en la paz total (...) Nos están asesinando (...) hay cosas que no les están diciendo”, manifestaron varios líderes sociales al presidente Gustavo Petro durante una visita a Tibú, Norte de Santander.
Según la alerta de la Defensoría, los principales riesgos que enfrentan los firmantes son homicidios selectivos, desplazamientos masivos, desapariciones forzadas, estigmatización, amenazas, retenciones ilegales y extorsión.
En el documento de 19 páginas sobre la conmoción interior, el Gobierno reconoce que la subregión del Catatumbo es un escenario de disputa entre actores armados como el ELN, las disidencias de las Farc, remanentes de Los Pelusos y el Clan del Golfo, que también ha movilizado a sus hombres para tratar de ingresar.
“El ELN ha incrementado sus ataques y hostilidades contra la población civil y, especialmente, contra los firmantes de paz en la región del Catatumbo, lo cual es promovido y financiado, entre otros, con recursos provenientes de actividades y economías ilegales en esta región”, señala el documento.
Por esa razón, se establecen medidas especiales para el restablecimiento del orden e inversión de recursos económicos sin especificar cuáles, ya que “crea una demanda de recursos no prevista en el Presupuesto General de la Nación”, según se lee en el decreto.
Según un análisis de la Fundación Paz y Reconciliación, los firmantes que habitan en el ETCR viven una doble tragedia: por un lado, sufren las embestidas del ELN y las disidencias; por el otro, enfrentan estigmatización, pues su proceso de reincorporación es puesto bajo sospecha por sectores sociales y políticos que los asocian con las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP, lo que aumenta su riesgo y vulnerabilidad.
En la práctica, la situación es cada vez más grave y ya hay indicios de una posible nueva escalada violenta, esta vez iniciada por las disidencias de las Farc, que buscan a toda costa recuperar los territorios de los que fueron expulsados por el ELN.
Solo la semana pasada, comunidades en los municipios de El Tarra, Tibú, La Gabarra, entre otros, denunciaron la presencia de subversivos de ambos bandos protagonizando intensos combates. Además, disidentes destruyeron una estructura instalada por el ELN para conmemorar su 60 aniversario en el corregimiento de Versalles, municipio de Tibú. Los armados también quemaron varias banderas del ELN y celebraron la acción como un acto simbólico de desafío.
Este incidente es percibido como el inicio de una retaliación por parte de las disidencias, luego de que en enero pasado el ELN lanzara una operación destinada a erradicar y exterminar a las disidencias.
En el ETCR Simón Trinidad, en Cesar, viven cerca de 120 personas quienes están de riesgo de desplazamiento por los intensos combates.
¿En qué van los diálogos de paz con las disidencias de las Farc?
En medio del convulso panorama de orden público que afecta gran parte del territorio nacional, se conoció que el Gobierno de Gustavo Petro y el Estado Mayor de los Bloques Jorge Suárez Briceño, Gentil Duarte y Frente Raúl Reyes, liderados por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, iniciarán un nuevo ciclo de diálogos la primera semana de abril de 2025.
Así lo confirmó Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno, quien destacó que existe un ambiente de gran expectativa alrededor de este nuevo ciclo de negociaciones. Además, informó que se ha extendido hasta octubre el cese al fuego con estas disidencias de las Farc, cuyo plazo inicial vencía el próximo 15 de abril.
