Colombia es el país con más abogados en el mundo según datos de World Population Review. Aún así, no todos pueden pagar uno, y el Estado, que debería desembolsar recursos económicos para pagar defensores públicos para atender a quienes no tienen un abogado de confianza, ha presentado demoras en los pagos y ha ido bajando el presupuesto.
La situación fue denunciada a finales del año pasado por la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y ratificada por Gerardino León Maldonado, presidente de la Federación de Defensores Públicos.
Y es que, actualmente, el presupuesto disponible no es suficiente para asegurar que, durante el segundo semestre de 2026, opere con normalidad el Sistema Nacional de Defensoría Pública, encargado de brindar representación legal a quienes no pueden costear un abogado.
Además, según las partes mencionadas, es urgente asignar recursos adicionales desde ahora, ya que, de lo contrario, a comienzos de 2027 podría verse afectado el funcionamiento de la justicia al no poder garantizarse el derecho a la defensa de las personas procesadas.
En entrevista con El Tiempo, León aseguró: “En julio vencen muchos contratos y existe el riesgo de que se recorte un porcentaje de los recursos, lo que impactaría directamente la nómina de los defensores públicos. Por eso hacemos un llamado al Gobierno para que revise”.
La situación fue anticipada por Marín en diciembre, cuando 4.000 funcionarios duraron dos meses sin recibir sus pagos de nómina por problemas con el presupuesto.
“Nosotros hicimos todos los trámites. He escuchado que esto ha afectado a muchas instituciones, no solo a la Defensoría. No es cierto que los pagos se hagan mes vencido”, explicó Marín, quien agregó que intentó hablar sobre el problema con el ministro de Hacienda pero no recibió respuesta.
“Nos dijeron que el pago se haría con recursos del 2026, de tal manera que afectaría nuestra disponibilidad presupuestaria. Es decir, descontarán los salarios de 2025 del presupuesto de 2026”, explicó la defensora en su momento.
El problema no afecta únicamente a quienes necesitan una defensa, sino a toda la ciudadanía. En la entrevista con el medio citado, León explicó qué pasaría si se disminuyen o eliminan los defensores públicos.
”Esto implicaría que, en una audiencia de control de garantías, una persona capturada tenga que salir a buscar de manera urgente un defensor o contratar un abogado particular para que asuma su representación, en lugar de contar de inmediato con un defensor público. Si la persona no ha conseguido abogado y tampoco se le ha designado uno de oficio, al cumplirse 36 horas sin legalizar su situación deberá ordenarse su libertad de manera inmediata”, dijo.
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En total, son 4.228 defensores a los que se les acabará contrato a mitad de año, y faltan 10.000 millones de pesos para renovarle sus contratos a todos hasta diciembre.
La situación es tan sensible que el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Mauricio Lenis, ha asumido un rol de intermediario entre la Defensoría y el Ministerio de Hacienda.
En ese escenario, se ha insistido en la necesidad de asegurar no solo los recursos que faltan para el segundo semestre, sino también las asignaciones presupuestales a futuro.
”Se planteó la necesidad de garantizar los recursos suficientes que permitan la continuidad del servicio de defensoría pública. Se destacó que la Fiscalía y la Defensoría hacen parte del sistema de justicia y que, en el caso de los defensores públicos, en el marco del sistema penal acusatorio, estos son insustituibles y necesarios para el desarrollo de los juicios”, explicó la Corte Suprema en X.
Es importante recordar que, según lo anunciado hace unos meses, el presupuesto de la Defensoría del Pueblo para 2026 tendrá una reducción del 5% en comparación con 2025, y del 47% en comparación con 2024. Eso, sumado al nuevo recorte para cumplir con las obligaciones de nómina de diciembre, dejarían cojeando aún más a la entidad.
En su momento, Marín aseguró: “¿Cuál es la prioridad que le da el Gobierno y el Congreso de la República a la labor independiente de promoción y defensa de los derechos humanos?”.
Ante su pregunta, la respuesta institucional fue el silencio. Y es que, a pesar de que una de las banderas del Gobierno Nacional es la protección de los derechos humanos, el presidente Petro le ha dado la espalda a la entidad.
Las negociaciones siguen en veremos.
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