Una tutela interpuesta a través de la Personería de Bello y fallada a favor de un comerciante, dejaba anoche en suspenso un operativo de desalojo de la plaza de mercado, el cual se inició en la madrugada de ayer martes.
Adicional, en la tarde, el mismo despacho judicial exigió a la Alcaldía explicar ante el juez los motivos por los que tomó la decisión de desalojo y prohibió el ingreso al local tanto de los comerciantes como de la Fuerza Pública.
En la mañana, cuando parecía que los comerciantes saldrían de la edificación, al lugar llegó el personero Alejandro Lema, con el fallo de tutela expedido por el Juzgado Segundo Civil de Oralidad a favor de Gerardo Cadavid Arango, dueño de la Panadería y Trilladora de Maíz, cuyo local recibió amparo para no ser desalojado.
La medida, provisional y que cobijaba solo a Cadavid, sirvió de momento para parar el operativo, adelantado por la Policía con apoyo del Esmad (Escuadrón Antidisturbios), en todos los locales.
Faltó notificación
El personero Lema indicó que el desalojo violentaba los derechos de los comerciantes, pues “no se siguió el debido proceso y no se notificó con antelación la orden”. Añadió que no se han creado mesas de concertación que evidencien el cumplimiento de los protocolos para estos casos.
Mientras se recogieron las firmas de los cerca de 200 comerciantes afectados para sumarlas a la tutela buscando que esta los cobijara a todos, la secretaria de Gobierno, Adriana Salas Moreno, explicó que el desalojo se ordenó porque el edificio tiene fallas estructurales y de cableado eléctrico, lo que impuso como “necesario el cierre de los establecimientos para salvaguardar las vidas; el edificio debe ser demolido”, dijo.
El comerciante Cadavid Arango, de 68 años y ganador de la tutela, aseguró que esta plaza es el sustento de más de 2.000 personas que no pueden ir a la calle sin un rumbo a seguir: “La plaza no se puede demoler, el municipio la necesita, hay es que remodelarla y adecuarla”, insistió.
Viviana Moreno, dueña de una carnicería en la que su padre (ya fallecido) trabajó 40 años, expuso que la Alcaldía de Bello los quiere desalojar sin darles otra opción.
“Quieren que salgamos de acá a arrancar de cero, con todo lo que cuesta posicionar un negocio y hacer clientela; somos legales, pagamos impuestos”, advirtió.
La secretaria de Gobierno, sin embargo, aseguró que se tiene un censo de los afectados para darles beneficios.
“El Municipio ha repensado una relocalización de la plaza, pero en el momento estamos preocupados es por la seguridad y tenemos un proyecto de intervención social con los comerciantes para una posible compensación económica por su actividad”, dijo .
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