El exsecretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Alberto Villegas Restrepo, llegó ayer a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación y aceptó dos delitos: abuso de función pública y abuso de autoridad al omitir el deber que como ciudadano tenía de denunciar una extorsión de 150.000 pesos, de la que era víctima una empresa distribuidora de alimentos de propiedad de su familia.
Según la información conocida por el diario EL COLOMBIANO, por esos hechos el exfuncionario del gobierno de Federico Gutiérrez Zuluaga pagará una pena de 33 meses.
De ese tiempo, la mitad estaría privado de su libertad en la cárcel de Yarumito, en donde está recluido desde julio de 2017. Eso significaría que en agosto de este año saldría del centro penitenciario para cumplir el resto de la pena en detención domiciliaria.
Las pruebas aportadas por la defensa de Villegas Restrepo y las entregadas por la Fiscalía para acusarlo, llevaron a la juez a considerar que no hay elementos contundentes para culpar de concierto para delinquir al exsecretario de Seguridad de Medellín y al excontratista de la Alcaldía de Medellín, Mariano Humberto Zea Ospina.
El ente acusador había sostenido que el exsecretario de Seguridad de la capital antioqueña presuntamente promovió, desde su cargo, la elaboración de un borrador de proyecto de ley destinado a favorecer el sometimiento y acogimiento de la organización criminal La Oficina, sin tener para ello las debidas autorizaciones del Gobierno Nacional.
Este diario intentó hablar con el defensor de Villegas, el abogado Andrés Felipe Arango, pero el profesional manifestó que por la reserva legal que impuso la juez solo se pronunciará el 6 de marzo, cuando sea leído el fallo. En virtud de la determinación tomada por la juez, Villegas Restrepo quedará inhabilitado durante 81 meses para el ejercicio de funciones públicas.
Siendo así, el exfuncionario no podría aspirar a retornar a su cargo de secretario de Seguridad de Medellín en la administración de Federico Gutiérrez Zuluaga, ni presentarse a las próximas elecciones para la alcaldía de la capital antioqueña, como presuntamente lo pretendía, de acuerdo con las imputaciones que le hizo la Fiscalía y que no fueron probadas ante la juez del caso .
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