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Una vez se conoció que EPM trasladaría los costos de la contingencia en Hidroituango a la sociedad propietaria del proyecto, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez pidió a los antioqueños revisar las cuentas de servicios públicos domiciliarios para determinar si en los incrementos recientes la empresa estaba cobrando las reparaciones que se deben hacer en la futura central.
“Hay que tener cuidado porque EPM está queriendo que paguemos sus errores, quiero pedirle a los ciudadanos que analicen sus cuentas de servicios, que vean cuánto pagaban hace tres meses y cuánto hace un año. No podemos dejar que nos vayan a cargar los errores de EPM en las cuentas de servicio. Voy a empezar a revisar también las mías”, aseguró el pasado 9 de abril.
Hicimos el ejercicio y verificamos los incrementos recientes aplicados en las cuentas de servicios públicos en el Valle de Aburrá. La primera conclusión es que sí hubo aumento tarifario de, en promedio, 10 % en los componentes de acueducto y alcantarillado.
Tomamos como referencia las variaciones de las facturas de enero y febrero en Medellín. Los aumentos fueron de 9,8% para el estrato uno; 10 % para los estratos dos y tres; 9,9 % para el cuatro; 10,1 % para el cinco y 10,4 % para el seis.
Juan Felipe Valencia Gaviria, vicepresidente Comercial de EPM, respondió que el incremento en el componente de alcantarillado se incorporó desde febrero, derivado de la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales Aguas Claras de Bello, con la que se tratará el río Medellín en un 84 %. Aguas Claras y la planta San Fernando de Itagüí contribuirán a elevar el nivel de oxígeno disuelto en el río y aportarán a la reducción de la carga contaminante en 75 %.
En las cuentas de febrero apareció una nota aclaratoria.
En el ítem de acueducto, Valencia indicó que el alza se debe a la financiación de 13 proyectos de infraestructura incluidos en el plan de inversiones de EPM, referentes a potabilización, expansión, reparación, mantenimiento y reposición en la red regional.
Dijo que, previa solicitud, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico avala el plan de inversión y autoriza la incorporación del costo a la tarifa.
“El incremento combinado de acueducto y alcantarillado, para un estrato cuatro, el cual no tiene auxilio ni recargo, es de 9,9 %”, añadió.
Valencia señaló que cada mes realizan 4,2 millones de lecturas a los medidores de agua, gas y energía, y que el porcentaje de precisión es de 99 %. El restante 1 %, sostuvo, se debe a diferentes factores como imposibilidad de hacer lecturas, medidores averiados u obstruidos, entre otros.
El porcentaje de errores se atiende con un protocolo de reclamaciones en 150 oficinas que tienen en Antioquia y en la línea telefónica 44 44 115.
“El gobernador hace una observación legítima a que todos revisen la factura de servicios públicos. Estamos comprometidos para minimizar los errores y dispuestos a que conozcan, paso a paso, el proceso de facturación”, señaló.
EPM emite 2,2 millones de facturas de servicios públicos en Antioquia al mes.
Valencia Gaviria dijo que la afirmación de que el incremento es para pagar los sobrecostos de Hidroituango no es cierta. Explicó que la tarifa de energía es vigilada por la Comisión de Regulación en Energía y Gas y solo esta puede modificar valores cobrados.
Sobre el componente de generación, el funcionario indicó que la energía que hoy distribuyen en el mercado regulado había sido comprada con anterioridad, por lo que un incremento en este ítem no puede ser posible.
“Los costos adicionales los asume el mismo proyecto, la tarifa es regulada y no hay forma de que eso pase. Tampoco se puede cobrar en el plan de inversiones aprobado porque este es solo para proyectos de acueducto”, indicó.
Por su parte, Orlando Uribe Villa, secretario de Hacienda de Medellín, señaló que la ruta de recuperación de Hidroituango, que hasta ahora tiene costos adicionales por $3,5 billones, fue anunciada desde el año pasado: venta de activos, endeudamiento y un plan de inversiones diferido.
“El costo del proyecto no se le cargará a la gente. No hay una posibilidad normativa ni lógica para incorporarle ese costo a la tarifa. No se puede desviar la atención hacia elementos subjetivos o no atados a la realidad”, concluyó.