Persiste el descontento entre los impulsores de la revocatoria al alcalde Daniel Quintero, quienes consideran que el magistrado César Abreo, del Consejo Nacional Electoral (CNE), estaría buscando excusas para dilatar el proceso en lo que tiene que ver con la certificación de los estados contables presentados en noviembre de 2021 para su verificación.
De hecho, este martes 19 de abril se conoció que en este organismo electoral se estudia la posible solicitud de formular cargos en contra de los promotores de la revocatoria por presuntas irregularidades en las que habrían incurrido en la financiación de la recolección de firmas, las cuales ya fueron avaladas por la Registraduría.
En medio de este avance, se conoció que Sofía León, quien fue contadora del comité revocador, les solicitó a los magistrados del CNE tener en cuenta una comunicación que les envió el pasado 29 de marzo, en la que detalla aspectos relevantes sobre el contrato que firmó con Andrés Rodríguez, como vocero de uno de los movimientos ciudadanos que buscan la revocatoria, para cumplir las labores de contaduría pública.
En el documento la mujer recordó que dicho contrato se firmó el 19 de julio de 2021 por un valor de $25’000.000 que se iban a pagar en tres momentos distintos. Sin embargo, tras entregar el informe de estados contables, el 26 de noviembre de 2021, y considerando que se estaba dilatando el proceso, las partes decidieron dar por terminado el contrato, sobre el cual solo se pagaron $7’500.000 sin opción a que se desembolse más dinero por concepto del mismo. Esta terminación concertada fue el 30 de noviembre de 2021.
En este sentido, para la contadora resulta una “falacia” lo expresado de forma pública por el alcalde Quintero en febrero de este año sobre que tenía un contrato de prestación de servicios con el comité revocador, pero también formaba parte de la unidad de trabajo de uno de los concejales que apoya la revocatoria.
En su momento, el mandatario señaló que por esa vinculación ya se había efectuado un pago por $7’500.000, pero que sobre el resto de pagos no había soportes y que estos se habrían saldado presuntamente con recursos del Concejo.
Hoy, la mujer quiere dejar claro que para esa fecha ya no existía una relación contractual con el movimiento revocador porque este se dio por terminado el 30 de noviembre de 2021.
Más allá de entregar estas nuevas pruebas para su consideración en la sala plena del CNE, que este miércoles sigue estudiando el tema, Rodríguez manifestó que tomarán todas las acciones legales a que haya lugar ante la que considera una dilación premeditada del proceso. Indicó también que este 20 de abril también quedaría radicado el incidente de desacato porque en su opinión el órgano electoral incumplió la orden del Tribunal Superior de Medellín, que el 24 de marzo le dio 10 días para expedir la certificación de los estados contables de la iniciativa de revocatoria, fuera negativa o positiva.
Sobre las dudas que el magistrado Abreo ha manifestado en su ponencia, Rodríguez expresó que solo les solicitaron subsanar unos temas y que así lo hicieron; asegura también que no superaron los topes económicos permitidos para financiar la recolección de firmas.
En todo caso, es la Sala Plena del CNE –compuesta por 9 magistrados– la que debe votar si avala o no esa ponencia, y para que pase, lo que se traduciría en la caída de la revocatoria de Quintero, se necesitan al menos 6 votos.
