La crisis financiera que atraviesa la Universidad de Antioquia se volvió un asunto de preocupación pública desde mayo pasado y ha estado sobre la mesa en discusiones, reuniones y asambleas en las que se han buscado soluciones y se han enfrentado posturas sobre cuál es el mejor camino. El debate este miércoles se dio alrededor de la posibilidad de que, como ya se ha propuesto otras veces, la alcaldía de Medellín aporte para resolver la situación, aunque no tenga competencia sobre esta institución universitaria.
El tema salió a flote de nuevo luego de que el ministro de Educación Daniel Rojas informara que envió una comunicación oficial al alcalde Federico Gutiérrez, al gobernador Andrés Julián Rendón y a la bancada antioqueña de congresistas, con el fin de que participen en la mesa de trabajo que se creó para analizar cómo será el rescate financiero de la UdeA. La decisión del jefe de cartera se da tras varios días de reuniones con el movimiento estudiantil y otros actores de la comunidad universitaria.
“La participación de todos los actores regionales es fundamental para asegurar la sostenibilidad financiera de la institución y garantizar el acceso a la educación de calidad para miles de jóvenes antioqueños”, dijo Rojas, según informaron desde el Ministerio de Educación. Aunque el anuncio de la mencionada comunicación se hizo desde este martes 24 de septiembre, un día después, el alcalde Gutiérrez señaló que no ha recibido la invitación por las vías formales y reiteró que está dispuesto a sentarse en dicha mesa para analizar el panorama.
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Pese a la disposición de dialogar sobre el tema, el mandatario distrital no adelantó cuál sería la forma en la que el Distrito podría aportar, pues considera que primero se deben analizar factores relacionados con las competencias financieras y jurídicas. El otro frente clave es el de los recursos, pues Gutiérrez recordó que a la alcaldía le toca responder por tres instituciones de educación superior: el ITM, el Pascual Bravo y el Colegio Mayor de Antioquia. “Los recursos no son infinitos”, dijo el alcalde, pero enfatizó en la necesidad de que se den espacios de diálogo con el gobierno nacional y se aterricen recursos para Antioquia, no solo en el campo educativo.
Lo cierto es que la necesidad de que se habilite una instancia en la que esté toda la institucionalidad es uno de los pasos que muchos expertos recomiendan, en especial ante temas tan sensibles como la propuesta del secretario de Educación de Antioquia Mauricio Alviar de reducir las horas cátedra para solventar las dificultades financieras, postura opuesta a la expresada por el gobierno nacional y por docentes y sindicatos de la universidad.
Entre tanta discusión uno de los llamados más contundentes ha sido a los gobiernos nacional y departamental, que tienen la obligación con la UdeA, para que hagan inyecciones de recursos, así como a las directivas de la institución para que se implementen políticas de austeridad, pero que afecten lo mínimo el desarrollo de las actividades académicas, de investigación y bienestar universitario. Recordando un balance rápido, el año pasado la universidad cerró con un desfinanciamiento de $348.095 millones por aportes de Ley 30 y los recursos no son suficientes para los gastos de funcionamiento, sin contar los créditos vigentes.
Los recursos de la UdeA los aportan en un 44% entre el gobierno nacional —da el 94% de ese 44%— y el departamental —pone entre el 4% y el 5% de ese 44%—. Más del 50% son recursos propios, generados por grupos de investigación, convenios interadministrativos o educación continua, entre otros.
Desde que estalló la polémica, el gobierno nacional aseguró que sus transferencias a la UdeA pasaron de $552.727 millones en 2023 a $619.399 millones en 2024. Aún así, en días pasados, 38 congresistas pidieron a la administración del presidente Gustavo Petro que destinara $168.000 millones para inyectarle. Por su lado, la gobernación de Antioquia sacó a mediados de este año $11.000 millones para darle flujo de caja a la institución y afirmó que se encuentra al día con las transferencias y que desde 2003 hay un acuerdo de pago para las deudas acumuladas por muchos años que se sigue y se seguirá cumpliendo.
