El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, radicó una queja disciplinaria formal ante la Procuraduría General de la Nación contra la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta, a quien señala de una presunta extralimitación de funciones e incursión ilegítima del poder legislativo en asuntos de seguridad del Estado. Esto a raíz de una investigación publicada por la revista Semana, en la que se hicieron públicas una serie de peticiones de la parlamentaria para acceder a información de inteligencia sobre operativos contra la minería ilegal en el departamento.
En el documento, De Bedout solicitó la apertura inmediata de una indagación previa, así como la suspensión provisional de la congresista, al considerar que sus actuaciones habrían puesto en riesgo operaciones de la Fuerza Pública y la vida de uniformados que adelantan acciones contra la minería ilegal en Antioquia.
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Según el presidente del Concejo, la senadora habría exigido a la Policía Nacional información reservada, como coordenadas GPS, fuentes de inteligencia e identidades de los uniformados que participaron en operativos en zonas estratégicas del Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño, lo que —a su juicio— vulneraría la reserva legal y excedería los límites del control político.
“Solicitamos su suspensión provisional del cargo. Las presiones de la senadora provocaron la parálisis de operativos tácticos y la filtración de movimientos de la Fuerza Pública en zonas críticas como el Bajo Cauca. Ante el peligro inminente de nuevas filtraciones que favorezcan a estructuras criminales, se ha solicitado al Ministerio Público apartarla de su curul mientras avanza la investigación por violar la reserva legal y el orden público”, escribió De Bedout en su cuenta de X.
Información de inteligencia e identidades de uniformados: los detalles de la denuncia contra Zuleta
La denuncia presentada ante la Procuraduría se sustenta en una investigación publicada por la revista Semana, en la que se advierte que la senadora habría intentado acceder a información de inteligencia y a la identidad de los uniformados que lideraban operativos contra la minería ilegal en Antioquia y Caldas.
De acuerdo con el medio, en un derecho de petición fechado el 3 de octubre de 2025, la congresista expresó su inconformidad por al menos 25 operativos adelantados en municipios como Yalí, San Roque, Amalfi, Angostura, Anorí, Remedios, Buriticá y Caucasia, así como en Marmato, Caldas, y solicitó detalles considerados sensibles por la institución.
“La congresista le hizo 11 peticiones a la Policía. El documento provocó dudas entre un grupo de oficiales, dado que en buena parte de las operaciones reseñadas en Antioquia se sospecharía de la presunta vinculación de los mineros con estructuras al margen de la ley, como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá”, detalló el medio en su investigación.
Entre los requerimientos, Zuleta pidió los insumos de información previa que motivaron los operativos, la georreferenciación con coordenadas GPS, copias de registros audiovisuales, informes operativos y de inteligencia, además de la identificación nominal, rangos y dependencias de los funcionarios participantes.
Semana aseguró que estas solicitudes generaron preocupación dentro de la Policía, pues varios oficiales interpretaron los requerimientos como posibles intimidaciones que habrían derivado en la filtración de operaciones y en la parálisis de acciones tácticas, especialmente en el Bajo Cauca antioqueño, donde operan estructuras criminales como el Clan del Golfo.
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“Lo hice como coordinadora de la Comisión accidental”: la defensa de la senadora Isabel Zuleta
Frente a estas acusaciones, la senadora Isabel Zuleta se pronunció en su cuenta de X, planteando que la investigación en su contra sería un “ataque” y confirmando el derecho de petición que realizó a la Policía para saber de los operativos que se están realizando.
“Hice un derecho de petición a la Policía de Colombia preguntando por el sustento jurídico y fáctico de estos operativos, lo hice como coordinadora de la Comisión accidental para la revisión y el seguimiento a la política minera y en vista del debate jurídico sobre los operativos en contra de entables mineros con título y/o en proceso de formalización, pregunté por los nombres de los oficiales que se niegan a darlos en los operativos y sin clara identificación es más difícil denunciar los abusos”, afirmó en su cuenta de X.
Mientras Alejandro De Bedout sostuvo que las actuaciones de la senadora habrían vulnerado la reserva legal y puesto en riesgo a la Fuerza Pública, la congresista defendió sus acciones como parte del control político y de la defensa de la formalización minera. Será ahora la Procuraduría General de la Nación la que determine si existió extralimitación de funciones o si las solicitudes de la senadora se enmarcaron dentro de sus competencias.
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