La Procuraduría General de la Nación requirió este martes a la alcaldía de Envigado información sobre una licitación para la modernización del sistema de alumbrado público a tecnología LED en la zona urbana y rural del municipio por cerca de $ 5.000 millones.
Preguntan por el “fundamento jurídico para establecer nuevos criterios de evaluación de oferentes y de términos para el traslado, observaciones, respuestas y subsanaciones de la licitación pública No. ENV-09-21-0809-20”, es decir, le piden a la administración informar con claridad qué llevó al alcalde de Envigado, Braulio Espinosa, a expedir una resolución el pasado 20 de agosto para adelantar una nueva evaluación de proponentes.
El Ministerio Público considera “probable” que la nueva valoración no corresponda a una formalidad que pueda ser corregida mediante acto administrativo, tal como se los argumentó la alcaldía, sino que por el contrario haya sido una irregularidad sustancial en el proceso de selección del operador del alumbrado público.
El Alcalde Espinosa Márquez aseguró en un comunicado que “se dará respuesta oportuna con total transparencia y apego a la normatividad vigente en contratación estatal a esta solicitud de información que nos hace la Procuraduría”.
Sobre la contratación para la modernización del alumbrado público aseguró que “se presentaron varias empresas y se siguieron todos los pasos que exige la Ley para poder adjudicar el contrato”. Agregó que les genera “tranquilidad” el acompañamiento que inicia la Procuraduría y que “esperamos que sigan acompañando todos nuestros procesos”.
La Procuraduría recordó que de acuerdo al artículo 26 de la Ley 80 de 1993 es responsabilidad del jefe o representante de la entidad estatal, la dirección y manejo de la actividad contractual y de los procesos de selección.
Además, trasladó las inconformidades de los quejosos, entre ellos la Unión Temporal Envigado Led 2020, sobre el segundo informe de evaluación del proceso de contratación, para que la alcaldía responda.
La entidad recomendó a la Alcaldía publicar en el SECOP II las observaciones de las empresas. En el comunicado, Espinosa dijo que “todos los procesos contractuales son públicos y cualquier ciudadano u organismo de control puede pedir información de los mismos”. Y agregó que “es importante tener en cuenta que no es el inicio de una investigación”.
