Cuando se levanta la montura es que se ven las heridas del caballo. Bien podría ser esa la síntesis de cómo le fue a Antioquia en la medición del Índice de Desarrollo Humano en la última década (2011-2022), realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) con el que se observa el comportamiento de la economía, la salud y la educación.
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Si bien la región se situó en el nivel alto —pasó de 0,68 a 0,72 en esa década, lo que le permitió subir del puesto 10 al 7 en el escalafón nacional— en el desagregado el departamento se raja en aspectos como la fragmentación de su territorio, el atraso que ha dejado el conflicto en las subregiones, en la poca capacidad institucional en su amplia extensión y en la degradación ambiental.
Aún no levantemos la montura. El Informe del Pnud destaca los puntos que le permitieron a Antioquia mejorar en la medición. Primero, alcanzó un aseguramiento del 99% en salud, mientras que la esperanza de vida pasó de 72,8 años en 2011 a 77,3 en 2022.
En materia educativa alcanzó un promedio de 10 años esperados de escolaridad, un año más que la media del país. El ingreso per cápita del departamento aumentó 11,6% desde 2011, más del doble del promedio nacional, que fue de 5,2%.
La reducción de la pobreza monetaria en Antioquia llegó al 28,8%, lo que puso al departamento como el sexto mejor en ese ítem. La región salió mejor librada de la pandemia, que causó un rezago en las metas y resultados de desarrollo trazados. Mientras el resto del país sufrió un retroceso de ocho años en sus cifras de desarrollo, en Antioquia dicho rezago fue de apenas 2,4 años.
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Estos resultados globales pusieron al departamento por detrás de Bogotá, Santander, Cundinamarca, Boyacá, San Andrés y Providencia, y el Meta. Sin embargo, cuando se le hace zoom a las cifras es cuando se empiezan a ver las heridas, porque en los promedios positivos tienen gran incidencia Medellín y el área metropolitana, donde vive el 61% de los habitantes en solo el 2% del territorio.
La hiperconcentración de recursos y servicios en una sola zona esconde lo que pasa en las otras ocho subregiones detrás de los promedios generales. Bien decía Adolfo Eslava Gómez, director de Eafit Social, en la presentación del informe del Pnud: “La realidad territorial se debe contrastar con los promedios. En estos días hay un debate: que el dato mata el relato y no podemos ajustarnos a eso, el dato debe conversar con el relato”.
Hay tres premisas claras en el informe que cuadran perfecto para entender los problemas de Antioquia: a mayor capacidad institucional hay un mayor crecimiento económico, mayor grado de integridad ecosistémica y menor incidencia del conflicto armado.
Para el economista y jefe del Pnud, Jaime Urrego, por más que se logren cifras positivas, es fundamental desagregar los indicadores sobre las capacidades humanas. Por ejemplo, un punto clave y prioritario, dijo, es mantener el ciclo educativo completo en todos los territorios sin que los estudiantes tengan que desplazarse dos o tres horas o irse a vivir a otra parte para estudiar el bachillerato o tener formación tecnológica o profesional. Si no se logra ese ciclo completo será difícil avanzar en el Índice de Desarrollo.
Manuel Naranjo Giraldo, secretario de Productividad de Antioquia, considera que el desafío está en la conectividad territorial: la física, la digital y la infraestructura social para ofrecer mejores servicios: “Necesitamos conectar personas, territorios y mercados que traigan desarrollo económico, turismo, impulsen el potencial agroecológico y generen conexiones que permitan favorecer la seguridad alimentaria”.
Analizamos tres de los problemas estructurales del departamento, según el Pnud.
1. Un departamento fraccionado y desigual
Una de las conclusiones del informe resume uno de los principales problemas que tiene Antioquia: el departamento avanza, pero el desarrollo no se distribuye de forma equitativa en las subregiones que rodean al Valle de Aburrá.
Hay una excesiva concentración de desarrollo en una sola zona, lo que los expertos en planificación llaman una macrocefalia urbana, fenómeno que se configura cuando el capital y la densidad se aglutinan en una sola región, lo que agudiza las desigualdades sociales con respecto a otras regiones y pone en riesgo la sostenibilidad misma de la ciudad núcleo, en este caso, la del área metropolitana.
No es un problema solo de Antioquia. Según Planeación Nacional, el 75% de la población colombiana vive en centros urbanos y se estima que aumente a 85% en 2050.
La consecuencia evidente de esa macrocefalia urbana es que los territorios por fuera de ese perímetro tienen capacidades institucionales muy limitadas, poco margen de acción y de inversión y pocos recursos, tanto, que el 85% de los municipios antioqueños son categoría 5 y 6, es decir, la más baja clasificación de acuerdo con gastos de funcionamiento e ingresos corrientes de libre destinación. Eso se traduce en una alta dependencia de las transferencias de la Nación y de las inversiones que haga la Gobernación porque no hay plata ni para estar a flote.
Las diferencias son abismales. El Pnud advirtió que pese a los avances hay casi 2 millones de personas en situación de pobreza. En Urabá y en el Bajo Cauca más del 50% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza monetaria. Otro indicador grave: más del 40% de la población de 30 municipios tiene un ingreso por debajo de la línea de pobreza; pero hay casos dramáticos como Carepa, San Pedro y San Juan (Urabá), y Zaragoza y Tarazá (Bajo Cauca) donde más del 70% de su población es pobre.
El hambre sigue siendo una problemática extendida. Se estima que ni la mitad de los hogares tienen las tres comidas aseguradas. Hay datos alarmantes en Urabá y Bajo Cauca, donde a duras penas la cantidad de familias que tienen asegurada una alimentación diaria llega al 25%.
Mónica Ospina, directora Antioquia Cómo Vamos, señala que, si bien Antioquia aparece con un Índice de Desarrollo Humano alto, “sabemos que hay muchos municipios que no están en las mismas condiciones, entonces como departamento nos podemos ver bien en promedio pero cuando desagregamos vemos dónde están las urgencias, por eso la importancia de aterrizar esas realidades a los territorios y llamar a los gobiernos a priorizar allí las inversiones”.
El secretario Naranjo indicó que, en concordancia con los resultados del Informe, la Gobernación está comprometida con la autonomía y el desarrollo regional, motivo por el cual ha priorizado intervenciones que propendan por la generación de capacidades técnicas en los municipios y agregó que se están conformando redes territoriales para favorecer la planificación y ejecución conjunta de proyectos de desarrollo, que permitan desconcentrar la prestación de servicios de salud, educación y asistencia técnica a pequeños y medianos productores. Parte de esas herramientas de desconcentración radican en la creación de áreas metropolitanas y provincias, implementación plena del catastro multipropósito y actualización de los planes de ordenamiento territorial.
2. El efecto del conflicto, el gran lastre
No se puede hablar de desarrollo humano sin entender el enorme efecto del conflicto en el territorio, que se ha alimentado, como en un círculo vicioso, del bajo desarrollo.
El informe del Pnud señala la relación directa entre la incidencia del conflicto armado y el menor desarrollo humano en las últimas dos décadas. Eso se traduce en que la constante exposición de las personas y los territorios a las guerras recicladas amplifica las carencias y obstaculiza la creación y utilización de las capacidades individuales a lo largo de sus vidas, lo que termina perpetuándose generación tras generación.
El estudio muestra un marcado descenso de la incidencia del conflicto en Antioquia entre 2002 y 2016; incluso tuvo las más bajas incidencias durante el proceso de paz con las Farc (2012-2016), situándose en los menores niveles del siglo. El menor efecto de la guerra está ligado de forma directa al incremento en el índice de desarrollo humano, que aumentó sostenido entre 2003 (0,66) y 2019 (0,72).
En síntesis, afirma el Pnud, en el departamento el proceso de paz muestra un punto de inflexión en la trayectoria de desarrollo humano, implicando un gran aumento en el IDH y una drástica reducción en la incidencia del conflicto.
El resurgimiento de la guerra en varias subregiones, la aparición de nuevas alianzas y grupos ilegales que buscan a sangre y fuego copar los territorios dejados por las Farc tras su desmovilización y la disputa de la extracción ilegal de minerales rompieron la tendencia a la baja en la incidencia del conflicto, que subió 0,074 entre 2016 y 2021, llegando a niveles similares a los que tenía el departamento antes del proceso de paz.
Advierte el Pnud que en Antioquia se observa una reconfiguración del conflicto armado; no obstante, son evidentes los retos estructurales en territorios específicos como el Occidente, el Norte, Bajo Cauca y el Nordeste por el aumento de economías ilícitas por cuenta de las nuevas dinámicas.
Concluye el informe en este apartado: “El desarrollo humano necesita una condición básica: la seguridad humana, que implica que las personas puedan vivir libres de las amenazas que pongan en riesgo la posibilidad de realizar plenamente sus vidas”.
El economista jefe del Pnud, Jaime Urrego, asegura que Antioquia no solo cuenta con todo el potencial y oportunidades para seguir impulsando el desarrollo humano, sino que su apuesta por lograr la paz territorial se convierte en una condición indispensable para revertir las divergencias y las desigualdades.
3. Degradación ambiental e impacto climático
Hay una paradoja cuando se habla de integridad ecosistémica, porque los departamentos con mayor desarrollo humano están ubicados en lugares de alta degradación ambiental, mientras que los de bajo desarrollo se encuentran en aquellos con alto porcentaje de ecosistemas en buen estado de conservación. Antioquia está en el primer grupo.
Lo que sí está claro es que la pérdida de biodiversidad y la alteración de los ecosistemas agrava las consecuencias del cambio climático y dispara las emisiones contaminantes, lo que termina afectando a los más vulnerables.
En el departamento se cumple otra de las premisas del informe: los territorios con los grandes ecosistemas del país cuentan con una muy limitada capacidad institucional (inversión pública en protección ambiental).
Veamos. Antioquia, según el informe del Pnud, es el tercer departamento que más emite toneladas de gases de efecto invernadero en el país (unas 150.000 en la medición de 2018), solo por detrás de Meta y Caquetá, que rondan las 200.000 toneladas.
Eso está ligado a que el departamento está más allá del puesto 16 en el índice de gobernabilidad democrática territorial, una herramienta que mide las capacidades en gestión pública, participación democrática, seguridad, acceso a la justicia y conflictos sociales, y eficiencia en la provisión de servicios y derechos. Lo superan Casanare, Quindío, Huila, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Caldas, Risaralda, el Valle y Atlántico, entre otros.
Un ejemplo palpable es lo ocurre en el Nordeste y en el Bajo Cauca con la devastación que deja la extracción ilegal de oro. No solo terminó dañando el curso de los ríos Porce y Nechí, sino que destruyó hasta el año pasado más de 60.000 hectáreas y acabó con unos 200.000 árboles.
La tasa de deforestación viene creciendo desde 2022, con un nuevo incremento de hectáreas arrasadas. El departamento ha perdido en los últimos 20 años más de 500.000 hectáreas de bosque, poco más de cuatro veces el tamaño del Valle de Aburrá. El 50% de la deforestación se sitúa en Remedios, Segovia, El Bagre, Zaragoza y Yondó.
Justo el Bajo Cauca es una de las subregiones más atrasadas de Antioquia: el 28,5% de sus habitantes es pobre, el empleo informal es del 68%, un 65% de personas tiene bajos logros educativos y un 43% no tiene ni siquiera inodoros conectados al alcantarillado, según la Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia.
