En Antioquia es más fácil construir un puerto que obtener permiso para terminarlo. Así podría resumirse el lío que tiene a Puerto Antioquia en riesgo de no poder recibir ningún barco en 2025 así sus obras estén listas. Como si se tratara de una bola de nieve, una pelea por un predio en el que desde hace más de siete meses se intenta instalar un par de torres de energía, vitales para que el megapuerto no se quede desconectado del sistema eléctrico, ahora tiene a una empresa enfrascada en una batalla con el alcalde de Turbo y Corpourabá.
En una decisión que ha levantado múltiples dudas, y que algunos se atreven a calificar como un “sabotaje”, Corpourabá suspendió hace más de dos semanas una licencia ambiental que tenía el puerto desde 2021 para construir una línea de transmisión de 5,1 kilómetros, entre la subestación de energía de Nueva Colonia de EPM y otra subestación que se construye en el complejo. Lo curioso del caso es que dicha suspensión no tiene que ver con un problema ambiental, sino con una reclamación de tierras encabezada por un grupo de ocupantes que en el pasado ya se ha opuesto al proceso de restitución de tierras que avanza en esa región y que ha rendido testimonio en favor de empresarios que también se oponen, tal como consta en el expediente.
Sin importar que dichos ocupantes han sido desautorizados por el mismo Consejo Comunitario de Puerto Girón –que sí figura como reclamante y que en medio de la pelea tuvo que salir a aclarar que estos no son parte de esa comunidad– Corporuabá no solo suspendió la licencia, sino que le pidió a la Policía impedir que Puerto Antioquia se metiese a la zona a trabajar. Al lío se han sumado además todo tipo de suspicacias por el papel de la Alcaldía de Turbo, que le metió reversa a una decisión de una inspección de Policía que permitiría la reactivación de las obras y en menos de una semana pasó a respaldar a los cuestionados ocupantes. Pese a que en la región son pocos los que se atreven a hablar del tema, el debate por esas movidas fue abierto este mes por el exconcejal Daniel Duque, quien planteó que lo ocurrido podría obedecer a un plan para torpedear la restitución de tierras.
“El presunto sabotaje incluye maniobras que buscan detener el avance del proceso de restitución. Alejandro Sánchez Ospino, empresario bananero y palmero, exempleado de Restrepo, respaldado por la abogada Catalina Otero, vinculada al mismo grupo, ha reclamado la propiedad del predio sin que esto conste en certificados oficiales, lo cual ha generado dudas sobre las verdaderas intenciones que hay detrás”, aseveró Duque en una columna publicada por este diario y que ha sido controvertida por dicha abogada.
Para entender cómo comenzó este enredo hay que remontarse a abril, cuando los obreros de Puerto Antioquia se disponían a levantar las últimas dos de 16 torres que se necesitan para la línea de transmisión de energía, cruciales para que el terminal pueda funcionar. Cuando iban a entrar a un predio identificado como La Presumida, ubicado a metros de las obras principales, los obreros fueron detenidos por personas que alegaron ser propietarios desde hace 40 años.
El bando de esos reclamantes está compuesto por la esposa y dos hijas de un hombre identificado como Jesús Armando Avirama Poveda, ya fallecido en junio de 2019, pero del que sostienen era el propietario de La Presumida. En pocas palabras, mientras el puerto asegura que La Presumida es un baldío –denominación de la que parten las servidumbres de la Agencia de Tierras que hacen posibles las obras–, las tres mujeres aseguran que el 8 de junio de 1984 el predio dejó de ser baldío y fue entregado por el extinto Incora al fallecido Jesús Avirama, del que reclaman ser sus herederas.
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Como quedó registrado en videos, quien fuera esposa de Avirama exhibe un certificado supuestamente firmado por el representante legal del Consejo Comunitario de Puerto Girón, Porfirio Serna, que refrendaría que la familia vendría “haciendo presencia en un predio al costado norte del canal de nueva colonia desde 1990 en adelante” (sic).
Solicitud de amparo
Tras no poder instalar las torres, Puerto Antioquia acudió el 23 de abril a una inspección de Policía de Turbo para presentar una solicitud de amparo policivo; es decir, acudir a uniformados para entrar al terreno. El puerto argumentó que el predio en cuestión, además de hacer parte de un proceso de restitución de tierras, ya había sido cobijado por una resolución expedida desde el 20 de septiembre de 2021 por la Agencia de Tierras, en la que se dio vía libre para que se constituyera la servidumbre para la línea eléctrica.
Ese acto administrativo, dijo la empresa, estuvo cimentado en un fallo de un juzgado de restitución de tierras de 2021 en el que se dio vía libre para que esas servidumbres se tramitaran y la construcción del puerto pudiera despegar, mientras se resolvía el proceso de restitución por aparte.
“Unos intereses individuales impiden continuar con esta obra, a pesar de que ellos también conocieron, participaron y nunca se opusieron (...) nuestros derechos también merecen ser respetados y para ello la instancia es el Juzgado de Restitución de Tierras”, expresó el Consejo Comunitario de Puerto Girón. Acá es donde todo se enreda.
Luego de recibir la solicitud de amparo policivo de Puerto Antioquia, el Distrito de Turbo permaneció más de 40 días en silencio. El 4 de junio, la empresa interpuso una tutela que fue admitida y en la que un juez ordenó a la Alcaldía resolver la solicitud en menos de 48 horas.
Tira y afloje
Con el reloj en su contra, la Alcaldía programó entonces una audiencia para el 18 de junio, en la que inicialmente le dio la razón al puerto, señalando que el predio era baldío y que la servidumbre para la línea de transmisión estaba en orden. El 16 de agosto, la inspección programó una audiencia virtual para leer el fallo, en el que estableció que el estado de las cosas debía permanecer como hasta ese momento mientras la justicia resolvía el proceso de reclamación de tierras. Para el caso de las herederas de Avirama, se señaló que estas debían respetar las servidumbres ya constituidas y que daban luz verde para construir las torres.
Después de la lectura del fallo, los ocupantes del predio señalaron que interpondrían un recurso de reposición, pero justo en ese momento, y en un hecho que hoy es revisado por la justicia, la inspección suspendió de forma intempestiva la audiencia argumentando problemas de orden público.
Sin más explicaciones, se señaló que la misma continuaría el 22 de agosto. Pese a los más de tres meses de discusiones, en esa segunda sesión el caso dio un giro y la inspección se echó para atrás y le dio la razón a las ocupantes, aseverando que las servidumbres no eran válidas. “Dicha servidumbre no existe físicamente ni se encuentra registrada en el certificado de tradición”, señaló la inspección.
Considerando que ese ente se estaría extralimitando en sus funciones, ya que la decisión pasaría por encima del fallo que dio permiso para regular las servidumbres mientras avanzaba el proceso de restitución, el puerto interpuso recursos, que el 17 de septiembre fueron negados en una resolución firmada por el alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar González.
Uno de los argumentos llamativos de esa decisión de segunda instancia consistió en que Abuchar señaló que los ocupantes del predio supuestamente debían protegerse por pertenecer al Consejo Comunitario de Puerto Girón. “Los querellados (ocupantes), poseen el bien desde hace más de 30 años, que son reconocidos por el Consejo Comunitario, se debe seguir garantizando su derecho de posesión”, planteó el mandatario.
Este fragmento es clave, ya que ante el ruido generado en el proceso, el Consejo Comunitario decidió revisar su libro de socios y señaló que las herederas de Jesús Avirama no hacían “parte y nunca han hecho parte” de esa organización.
Convencidos de que ambas decisiones estaban viciadas, Puerto Antioquia interpuso otra tutela sosteniendo que la Alcaldía había violado el debido proceso y su derecho a la servidumbre para la línea de energía. El 16 de octubre, un juez le dio la razón, dejando sin efecto la decisión de la Alcaldía y dándole un plazo de 10 días para volver a tramitar la querella respetando las servidumbres.
Todos estos trámites son claves para entender el lío inédito que ahora tiene en suspenso al puerto. Con el fallo de tutela en mano, la empresa regresó a la Policía para solicitar acompañamiento y reanudar la instalación de las torres. Para sorpresa de la empresa, y de los mismos uniformados, justo cuando se disponían a entrar al predio apareció en escena Corporuabá, extrañamente con la intención de mediar en el lío de tierras.
A pesar de ser autoridad ambiental, en medio del operativo apareció una carta firmada por el director encargado de Corpourabá, Jorge David Tamayo, dirigida al comandante del Departamento de Policía de Urabá, el coronel William Alberto Zubieta Pardo. En dicha comunicación, y en sentido opuesto al fallo de tutela, Corpourabá instó a la Fuerza Pública a impedir que Puerto Antioquia siguiera adelante con las obras, aseverando que el proyecto no tenía en regla las servidumbres. Lo curioso de la carta, y lo que ha generado el sinsabor de “presunto saboteo” o extralimitación de funciones, es que para el momento de su expedición el puerto tenía su licencia ambiental vigente.
“Solicito se sirva realizar las actuaciones tendientes a evitar o impedir que se realicen actividades en los predios sobre los cuales se debe constituir las servidumbres”, escribió Tamayo González. Aunque la carta que frenó a la Policía aparece firmada el 23 de octubre, fue solo cinco días después, el 28 de octubre, que Corporuabá expidió una resolución para suspender la licencia ambiental que autorizó la línea de energía.
En el documento, en el que no se menciona ningún problema ambiental, el ente señaló que el proyecto había incumplido con un requisito que lo obligaba a “presentar las escrituras públicas y certificados de tradición y libertad” en los que se evidenciara que las servidumbres se habían constituido. Corpourabá sostuvo que desde diciembre de 2021 otorgó tres prórrogas (cada una de seis meses), negándose a emitir una cuarta. “Esta autoridad no desconoce todo lo que implica el proceso de constitución de servidumbres, sin embargo, considera que desde el otorgamiento del permiso ambiental y pese a las prórrogas, ha transcurrido un aproximado de dos años, sin que exista cumplimiento total”, dice la resolución.
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Aunque Puerto Antioquia sigue adelante con las obras principales, la suspensión de la línea eléctrica tiene en jaque la entrada en funcionamiento del proyecto, que sin energía no podría recibir barcos. Además de esas implicaciones, tanto las actuaciones de la Alcaldía de Turbo como las de Corpourabá, han despertado interrogantes. “Aquí es necesario preguntarse: ¿por qué tanto interés en este predio, precisamente ahora que se requiere acceder a la servidumbre legalmente constituida para construir la línea de transmisión eléctrica de Puerto Antioquia? ¿Acaso hay un intento de chantaje por parte de personajes oscuros que buscan aprovecharse de los cuantiosos recursos que se están invirtiendo? ¿Estarán algunos actores intentando sacar tajada de un proyecto que detonará el desarrollo de Urabá y que además cuenta con el respaldo de la comunidad?”, planteó el exconcejal Duque.
Las dudas
También hay dudas alrededor de las versiones de los ocupantes del predio que hoy se oponen a la instalación de las torres, por haber experimentado cambios drásticos. Por ejemplo, la misma mujer que hoy dice ser la heredera, en 2020 aseguraba haberlo vendido, tal como quedó reseñado en un escrito elaborado por un empresario opositor al proceso de restitución.
Según el documento, elaborado por el equipo legal de Alejandro Sánchez Ospino en julio de 2020, un empresario bananero que también ha reclamado la propiedad de La Presumida, la misma mujer ya había asegurado que su esposo, Jesús Avirama, había vendido el terreno el 20 de septiembre de 2003, tal como constaría en un contrato de compraventa cuya copia reposa en el expediente. En dicho escrito, y para que no quedase duda de la venta, Ospino aseguró tener copia de una declaración extrajuicio realizada por Avirama el 22 de mayo de 2018 ante la Notaría Única de Apartadó, en la que certificaba haber vendido La Presumida.
Otro dato relevante es que ese escrito de oposición fue elaborado por la abogada Catalina Otero Franco, la misma que hoy representa a los ocupantes del predio que se oponen a la instalación de la torre. Al ser interrogada por lo que pareciera ser un cambio de versión, Otero sostuvo que la venta reseñada en el caso nunca se habría efectuado y que, así se hubiera hecho, por tratarse de un caso de restitución no tendría validez. “Una cosa es prometer en venta y otra es vender. La familia Avirama no pudo cumplir el contrato de promesa de compraventa. Alejandro fue poseedor con ellos, porque tenían ganado en compañía. Pero don Jesús y su esposa siempre fueron los dueños”, aseveró Otero.
“Desde que se expidió la ley de restitución en 2011, los negocios que se celebren sobre las propiedades en zonas de conflicto y más de familias que están inscritas como víctimas, en este caso la familia Avirama, son nulos de pleno derecho. Ese contrato de compraventa, además de que no se pudo cumplir, está viciado de nulidad”, añadió Otero Franco.
Sobre los señalamientos de un presunto sabotaje, la abogada aseguró estar preparando acciones legales para que el exconcejal Duque se retracte. “No estoy saboteando un proceso de restitución, estoy defendiendo a una familia. Por eso le pedí a Daniel que se rectificara, porque de lo contrario pienso demandarlo por calumnia”, dijo.
Desde Corporuabá, la jefa jurídica Erika Yulieth Higuita Restrepo, cuya firma aparece tanto en la carta enviada por esa entidad a la Policía como en la suspensión de la licencia, se mantuvo en los argumentos expresados por la entidad, asegurando que no se estarían extralimitando. “No podemos perder de vista que cada una de las actuaciones de la corporación esta debe ser garante de los derechos que asisten a otras personas”, sostuvo. Para completar el panorama, el pasado 30 de octubre, la Agencia de Tierras rechazó un recurso de reposición interpuesto por la abogada Otero, con el que buscaban tumbar la servidumbre del terreno de la discordia, reafirmando la validez de la misma.
EL COLOMBIANO buscó al alcalde Alejandro Abuchar, pero al cierre de esta nota no contestó. A todas estas queda una pregunta: ¿qué jefe político antioqueño estaría detrás de este lío?
