A escasas semanas de terminar el año, la Contraloría de Antioquia causó revuelo tras formular cargos contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y un puñado de altos exfuncionarios y empresas por la fallida construcción de las ciclorrutas de Oriente.
A casi diez años del inicio de ese proyecto, el ente de control aseguró que los implicados le habrían causado un daño de por lo menos $26.186 millones a las arcas del departamento, derivados de presuntas falencias en los diseños de las mismas, problemas en la gestión predial y malas decisiones administrativas.
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Además de involucrar al gobernador, en este caso en su condición de exalcalde de Rionegro, la decisión ha generado controversia por otras razones, entre ellas la de absolver de toda responsabilidad al exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien pese a impulsar esas obras como uno de los proyectos bandera de su gobierno, se lavó las manos y señaló no tener nada que ver con los manejos que durante su periodo se habrían hecho en entidades como Indeportes Antioquia o la Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva), cuyos exfuncionarios sí quedaron en la palestra.
De igual forma, la decisión apareció en medio de un acalorado ambiente político, marcado por el final de la gestión de la contralora Enedith del Carmen González, cuyas fricciones con el gobierno departamental han servido para que en los corrillos políticos de La Alpujarra haya cobrado fuerza la versión de que el proceso contra Rendón tendría un sabor a desquite, un señalamiento que a su vez ha controvertido ese ente.
Dentro del listado de altos exfuncionarios a los que también les formularon cargos aparecen los exgerentes de Indeportes Hernán Darío Elejalde y Héctor Fabián Betancur; los exgerentes de Viva Luis Roberto Durán y María Fanery Sucerquia; el exalcalde de Guarne, Sneyder Willintong Quiceno; el exgerente de la Edeso de Rionegro (hoy gerente Viva) Rodrigo Hernández Alzate; Devimed, la firma Construcciones e Inversiones S.A.S., el Consorcio Cicloantioquia, entre otros funcionarios y personas que fungieron como supervisores e interventores.
Lo que dice la Contraloría
Las pesquisas de la Contraloría quedaron plasmadas en un auto de más de 400 páginas en las que el ente revisó el proyecto desde su inicio en 2016 —cuando se firmaron los primeros convenios entre entidades para planear las ciclorrutas— hasta mayo de 2023, mes en el que Indeportes y Viva suscribieron un acta de recibo final del contrato, pese a que las obras claramente estaban maltrechas.
Pese a que durante los primeros días de la administración de Luis Pérez se habló de una meta de construir 500 kilómetros de ciclorrutas por todo el departamento, al final esa proyección se redujo a 143,5 kilómetros, de los cuales 67 kilómetros se focalizaron en la subregión del Oriente antioqueño, para conectar a los municipios de Guarne, Rionegro, El Retiro y La Ceja. De esos 67 kilómetros en el Oriente, la infraestructura solamente entre Guarne y Rionegro se calculó con una extensión aproximada de 23 kilómetros.
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Para cobijar las obras, Indeportes Antioquia y Viva suscribieron en 2017 el convenio interadministrativo 379, por un valor de $34.458 millones, de los que solo se alcanzaron a desembolsar $26.186 millones según la Contraloría, razón por la cual se calculó el presunto detrimento patrimonial en ese rubro.
“De 23,6 kilómetros a construir, solo se terminaron 6,57 kilómetros y se dejaron iniciados 2,25 km, para un total de 8,82 km, los cuales no son funcionales, ya que no se conectan entre sí, no garantizan su aprovechamiento por parte de ciclistas y caminantes”, plasmó la Contraloría en su informe.
En sus pesquisas, el ente de control sostuvo que habrían ocurrido problemas tanto en la etapa precontractual, como en la etapa de ejecución.
En la precontractual, el órgano señaló que uno de los principales problemas sería que los estudios y diseños fueron deficientes y habrían ocasionado que se incurriera en un 46,4% de obras extras.
A juicio del ente, el peso de esas falencias recaería sobre todo en la Edeso (Empresa de Desarrollo Sostenible de la Alcaldía de Rionegro) y Devimed, ambas encargadas de diseñar las ciclorrutas que pasaron por Rionegro.
A las dos organizaciones, la Contraloría las señaló de entregar diseños pasando por alto variables como el aprovechamiento forestal y hasta la estabilidad geotécnica de los taludes.
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“La omisión fundamental radica en la falta de rigor técnico y detalle en la Fase 2 y 3 de los diseños. A pesar de su experticia, no previó las interferencias y cantidades de obra necesarias para la estabilidad de la vía (muros de contención), lo que generó que durante la ejecución de la obra (Convenio 379) se presentaran ‘ítems no previstos’ por valor de miles de millones de pesos. Esta inexactitud en los entregables convirtió su gestión en ineficaz, pues el producto entregado no sirvió para planificar correctamente la inversión, induciendo a error a la administración”, se lee en el auto, en la parte en la que se determina la presunta responsabilidad de Devimed.
Con ese mismo rasero, la Contraloría responsabilizó a la Edeso por presuntamente no tener controles sobre los diseños, al igual que a los funcionarios que los avalaron.
En el caso del gobernador Rendón, para el momento de los hechos máxima autoridad administrativa de Rionegro, el órgano de control lo responsabilizó por el rol del Municipio en el curso de la obra, asegurando que este no logró garantizar la disponibilidad de los predios necesarios para la obra y vigilar que los recursos se estuvieran destinando eficazmente.
Pese a que en sus descargos Rendón argumentó que Rionegro nunca fue tomado en cuenta para tomar decisiones sobre el proyecto, que se centralizaban en Indeportes, la Contraloría aseveró no encontrar “objeción alguna en las prórrogas que se firmaron, en los comités que asistía”.
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En contraste, con el gobernador Luis Pérez, el ente lo llamó a presentar descargos y consideró que, pese a ser la máxima autoridad administrativa del departamento, la culpa no debía trasladársele a él sino a sus subalternos.
“La responsabilidad fiscal es subjetiva y personal; no opera por ‘cadena de mando’ automática. No existe prueba de que haya impartido instrucciones directas para contratar con diseños fallidos o para omitir los controles de ley”, escribió la Contraloría en el auto, sacándolo en limpio y ordenando el archivo del proceso en su contra.
Es precisamente de estos contrastes que se desprenden las principales suspicacias políticas que generó el auto.
Por ejemplo, desde la orilla de la coalición de gobierno, se vio con intriga que al gobernador lo señalaran por un detrimento de $26.000 millones, cuando Rionegro apenas alcanzó a comprometer en el proyecto poco más de $831 millones.
Otros ven también con suspicacia que la Contraloría emitiera el auto a escasos días del cambio de contralor (12 de diciembre) y justo después de una fuerte polémica que tuvo en la palestra pública a la saliente contralora, cuando la coalición oficial le negó modificar la planta de cargos de la entidad, en una iniciativa que fue vista como una ventana para atornillar 66 funcionarios. Esto, aunado a la cercanía que se le ha denunciado a la contralora con políticos como Carlos Andrés Trujillo y Julián Bedoya.
“La Contraloría precisa que el trámite del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 145-2022 no es reciente. Su Auto de Apertura fue proferido formalmente el 1 de junio de 2022. Desde esa fecha, se han surtido con rigor todas las etapas probatorias y de contradicción previstas en la Ley 610 de 2000, lo que desvirtúa cualquier señalamiento de improvisación o persecución coyuntural”, controvirtió por su parte la Contraloría.
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