¿Por qué el Distrito va a devolver Aguas Vivas?

Acaba de reversar el acto por el cual aceptó este gran lote como área de compensación urbanística.

Críticos del tema piden que el Municipio no pueda comprar a futuro el polémico megalote de Aguas Vivas. FOTO Julio césar herrera

Poco más de un mes después de que el Consejo de Estado tumbó la conciliación por la cual el Distrito de Medellín le quería pagar $40.500 millones a los particulares que antes fungieron como dueños del megalote Aguas Vivas, ahora la administración decidió devolverles el predio que en este momento figura como propiedad del Municipio.

EL COLOMBIANO conoció la resolución del 26 de octubre, firmada por| un funcionario de la Secretaría de Suministros y Servicios que reversa el contrato mediante el cual las firmas IDC, Técnicas Constructivas, IDC y el particular Juan Manuel Villegas le cedían gratis al Municipio los 147.000 metros cuadrados de tierra que constituyen a Aguas Vivas, pero a cambio les otorgaba una especie de bono que ellos podían negociar luego con constructores que tuvieran que cumplir la obligación de habilitar espacio público por cada proyecto emprendido.

La cesión se concretó a finales de diciembre de 2019, y habría sido una jugada para salir de un terreno en el que no estaba permitido construir. Sin embargo, con la llegada de la administración Quintero al parecer las cosas cambiaron, porque el libreto de los exdueños se transformó. Empezaron a alegar que el negocio había sido ilegal, por lo cual exigieron que se reversara y luego, que les pagaran más de $48.000 millones.

Un elemento nuevo entonces fue que el lote empezó a ser nombrado como el lugar para construir el parque ambiental que sería la infraestructura más notoria del Valle del Software, el proyecto bandera de esta alcaldía.

EL COLOMBIANO ya había denunciado los lazos que hay entre los expropietarios de Aguas Vivas con el exalcalde Luis Pérez (quien a su vez es aliado del alcalde Daniel Quintero) y cómo un antiguo aliado de este estuvo patinando las reclamaciones en las oficinas de La Alpujarra.

Posteriormente, de manera extraña, la oficina de defensa del Distrito les compró los argumentos a los reclamantes y tramitó una conciliación por $40.500 millones, los cuales se hubieran pagado si no es porque primero el Tribunal Administrativo de Antioquia y luego el Consejo de Estado la invalidó.

Uno de los argumentos del contencioso era que si existía un vicio legal, la conciliación no era el camino para subsanarlo, sino la nulidad del contrato y es esta la vía que acogió el subsecretario de la Ejecución Contractual —dependiente de Suministros y Servicios—, Fabio Andrés García, para justificar su decisión firmada el miércoles pasado, de devolver Aguas Vivas.

Entre los motivos de la ilegalidad está que se habría desobedecido el decreto 1077 de 2015 que no autoriza la cesión gratuita para obligaciones urbanísticas en zonas rurales, como es el caso del 95% del área de Aguas Vivas.

Resulta curioso que la declaratoria de nulidad fue justamente lo que había sugerido el equipo técnico de la Secretaría de Gestión y Control Territorial en el momento en que el jefe de esa cartera, Carlos Mario Montoya, defendió el arreglo amistoso que implicaba el pago de la cifra millonaria.

Otro detalle importante es que quienes revisaron la resolución (se puede observar en el documento) de la semana pasada son abogados contratistas, pues según le dijeron a este diario fuentes del Distrito que pidieron omitir sus nombres, los funcionarios de carrera se negaron previendo las consecuencias que se puedan desencadenar.

Ayer, García se presentó en el Concejo como nuevo Secretario General del Distrito y como tal es quien tiene la última palabra en cuanto a la viabilidad jurídica de los actos de la administración. Su suerte es contraria a la que .han tenido varios funcionarios que se opusieron a reconocerles dinero a los expropietarios de Aguas Vivas y que han sido separados de sus cargos o asignados a otras tareas.

Lo que temen quienes se han opuesto a este negocio es que amparados en la importancia que se supone tiene Aguas Vivas para el Valle del Software, declaren el terreno de utilidad pública y así autoricen la compra por una alta cuantía de dinero.

Un experto consultado por EL COLOMBIANO conceptuó que la resolución podría ser ilegal, pues la cesión inicial se hizo mediante una escritura en notaría, no por un acto administrativo de una secretaría. Además, quien suscribió el contrato de 2019 fue un funcionario por delegación del entonces alcalde Federico Gutiérrez, y ahora lo terminó “unilateralmente” un funcionario de rango menor que podría carecer de competencia. Resulta que en derecho las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen.

Al respecto el concejal Alfredo Ramos (Centro Democrático) se manifestó en contra de que el Municipio se desprenda así de un bien que ya le fue entregado. Pidió que si se llega a entregar el predio se cobre por los pagos en que haya incurrido y los impuestos dejados de cobrar (predial) y que, en todo caso, “se haga el compromiso de no comprar en el futuro, después de tantos cuestionamientos que ha habido sobre este tema”.