Polémica por timonazo de Petro a la minería en Antioquia

El departamento no podrá fiscalizar los títulos de importancia nacional en su territorio. Gobernación critica la medida.

Aspecto de la mina de oro de Continental Gold en el municipio de Buriticá, Antioquia, en 2020. Este fue uno de los títulos cobijados por la decisión del Gobierno Nacional. FOTO ARCHIVO: JULIO CÉSAR HERRERA ECHEVERRI

Polémica por timonazo de Petro a la minería en Antioquia

Antioquia terminó convirtiéndose en el escenario del más reciente timonazo del Gobierno Nacional en su política minera. A pocas semanas de completar una década controlando de forma autónoma los títulos mineros de su jurisdicción, el gobierno central le quitó a la región su poder de decisión sobre los proyectos más gruesos, categorizados como de Interés Nacional y Estratégicos (Pine).

El control, seguimiento y fiscalización del proyecto Quebradona, manejado por AngloGold Ashanti; Buriticá, a cargo de Zijin-Continental Gold; Gramalote, de AngloGold Ashanti y B2Gold; y Mineros Aluvial, manejado por Mineros S.A., considerados como las joyas de la corona de la minería antioqueña, quedaron desde el pasado 13 de enero a cargo de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería (ANM).

La decisión quedó en firme luego de que esa última autoridad nacional expidiera la Resolución No. 104, que estableció un plazo no mayor a cinco días hábiles para que desde la Alpujarra fueran enviados todos los expedientes físicos y digitales de esos cuatro títulos.

La Gobernación se refirió a la medida, señalando que, pese a acatarla, no estaba de acuerdo. “Expresamos claramente nuestro desacuerdo con esta decisión”, expresó el gobierno regional, argumentando no entender que ese control le fuera removido pese a realizar esa tarea de forma eficiente.

“(...) el Departamento ha ostentado una delegación de las funciones de contratación y titulación minera (...) labor que la Administración Departamental ha cumplido de manera ejemplar, al punto de ser el único departamento del país con esta potestad”, reprochó la Gobernación, aclarando que, según la medida, continuaría controlando el resto de títulos y procesos mineros activos en el departamento, calculados en 1.220.

La decisión del Gobierno Nacional ha generado posturas divididas, ya que mientras en el sector minero se ve con preocupación el cambio, desde varias organizaciones ambientales con reparos a la gestión de la Gobernación en ese campo se percibe la remoción de esas funciones con buenos ojos.

“Respecto a la fiscalización minera que ha conservado el departamento han sido varios los problemas desde que esta existe, en diferentes gobiernos”, expresó Sebastián Restrepo Henao, líder de la organización Visión Suroeste, aludiendo sobre todo al manejo dado al proyecto Quebradona, en Jericó, y a otros procesos de titulación.

En el caso de Quebradona, Restrepo sostuvo que la fiscalización regional ha dejado sinsabores, por ejemplo cuando en septiembre de 2021 se aprobó un plan de trabajo para ese megaproyecto, en el que AngloGold resolvió 545 requerimientos de forma muy rápida, pero la información técnica que la soportaba no se hizo pública.

“Esa información de los expertos técnicos que contrató la Secretaría de Minas no se pudo hacer pública, ni por tutelas, a los terceros interesados en el proyecto Quebradona. Tampoco se entregó a los expertos de la Anla con los cuales tenían una mesa de trabajo en el caso del proyecto Quebradona”, dijo Restrepo, considerado que el cambio es acertado.

Así mismo, al margen de los proyectos estratégicos nacionales, recordó que en mayo de 2022 la Secretaría se vio envuelta en otra polémica por cuenta de unas audiencias mineras realizadas en el Suroeste, en las que esa dependencia sostuvo que solo se estaban tramitando 4 títulos mineros para materiales de construcción, pero en los documentos técnicos se hablaba de 13 títulos, incluyendo 8 de minería de metales, lo que sembró para muchos desconfianza.

En contraste, desde otros sectores que defienden la gestión de la Gobernación, el cambio fue visto con suspicacia, y se planteó que podría obedecer a intereses políticos.

“Si la Gobernación ha sido eficiente en la administración de los títulos mineros Pine, ¿cuál es la razón del presidente Petro y la ministra de Minas, Irene Vélez, para llevárselos y centralizarlos en Bogotá? o ¿es una decisión más política que técnica?”, cuestionó por su parte el diputado Luis Gabriel Gómez, de la bancada del Centro Democrático.