Han pasado 27 años desde que el joven Jhon Fredy Lopera Jaramillo desapreció en el batallón donde estaba prestando servicio militar, en el Oriente antioqueño, y su familia lleva el mismo tiempo esperando que les cuenten la verdad sobre lo que le sucedió y que les expliquen por qué ni el Ejército ni la justicia investigaron nunca el caso.
Pero este jueves 4 de julio se dio un paso importante en la reparación a la familia durante el evento oficial en el que el Estado colombiano les pidió perdón por la omisión en la que incurrieron casi todas las instituciones en la búsqueda de su ser querido o, por lo menos, en respuestas sobre lo sucedido. En el auditorio del Museo Casa de la Memoria de Medellín, desde las 10:00 a.m., John Camargo Mota, director nacional de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, presidió el acto de reconocimiento de responsabilidad.
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En primera fila estuvieron, vestidos con camisetas que lucían la imagen del joven soldado, Ana Rocío Jaramillo, la madre; Manuel Ignacio Lopera, el padre; Nidia Estela, Luz Mery, Luz Dary y Hugo Alberto, los hermanos. Todos escuchaban con atención los discursos de perdón que les ofreció Camargo en nombre del Estado colombiano, conscientes de que no hay palabra que alivie del todo el dolor ante la incertidumbre que llevan sufriendo casi tres décadas.
“Hoy, en nombre del Estado colombiano, reconozco la responsabilidad internacional por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos”, les dijo el director de la Agencia, quien recalcó que “nada ni nadie” podrá mitigar el sufrimiento por la desaparición de Jhon Fredy y, mucho menos, por no haber investigado qué le pasó.
Para llegar hasta este acto, el abogado Javier Villegas Posada, representante de las víctimas desde el inicio del caso, tuvo que acudir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la omisión del Estado colombiano. En noviembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso y tras un proceso de más de tres años, fue intermediaria entre la familia y el Estado en un acuerdo de solución amistosa que se oficializó el pasado 23 de mayo, en el que se incluyó no solo el reconocimiento de responsabilidad, sino también otras medidas.
Esta historia, que contamos hace poco en estas páginas, se remonta al 26 de octubre de 1997, cuando Jhon Fredy pertenecía al Batallón Militar de Ingenieros Pedro Nel Ospina, de Bello, pero había sido trasladado a San Carlos, Oriente antioqueño, como parte de su labor en el Ejército. En esa fecha, el joven llamó a la familia para invitarla, ocho días después, a la ceremonia de clausura del servicio militar obligatorio. Estaba emocionado porque su sueño era hacer una carrera militar y mejorar la calidad de vida de sus padres.
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Pero el 8 de noviembre de ese año, cuando se suponía que era el evento, Jhon Fredy no apareció y a la familia le dijeron que lo habían visto por última vez el 31 de octubre anterior. Las respuestas en el Ejército fueron insuficientes, incluso, causaron indignación porque declararon y condenaron al joven como desertor, decisión que en marzo de 1999 tumbaría el mismo Tribunal Superior Militar. Para la familia siempre fue ilógico que su ser querido desertara ocho días antes de terminar el servicio obligatorio y pese a que siempre hablaba de su deseo de ser soldado profesional y ascender en la institución.
Tras buscar en municipios, hospitales, morgues y todos los lugares que podían, no encontraron respuestas positivas en las entidades donde denunciaron. La Fiscalía archivó el caso, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos no encontró mérito para una acción disciplinaria, el Ejército no daba datos concretos. El abogado Villegas Posada considera que la condena por deserción contra Jhon Fredy sirvió para sepultar las investigaciones. Incluso, en mayo de 2005, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda presentada por la familia en 1998, con ese argumento.
Por eso, el apoderado de la familia manifestó que el acto de perdón que tuvo lugar este jueves es de gran importancia, porque es un caso impune de graves violaciones a los derechos humanos de un joven que estaba prestando servicio militar. “Nunca más apareció, su cuerpo no saben exactamente dónde quedaría”, sostuvo.
Por su lado, el acuerdo de solución amistosa también contempla un documental que ya se realizó para exaltar la memoria y dignidad del soldado; medidas de rehabilitación y atención en salud médica, psicológica y psicosocial para la familia; e indemnizaciones por los perjuicios. Pero la que más esperan con ansias es la reapertura del caso que debe hacer la Fiscalía para esclarecer qué le pasó a Jhon Fredy y quiénes son los responsables de su desaparición.
Mientras tanto, los padres del joven se preguntan cada día dónde está, incluso la madre no pierde la esperanza de que regrese algún día. Agradecen que se limpie el nombre de Jhon Fredy y se reconozca que no fue un desertor. Nidia Estella, una de las hermanas, espera que el comandante de la época cuente todo lo que pasó: “Él tiene la respuesta, varias personas nos dijeron de forma anónima que él sabía”. Y Luz Dary, otra hermana, solo ansía que haya justicia: “Me gustaría que el comandante, si está vivo, fuera preso, porque violó una ley, porque si no se hace justicia es un delito que siempre quedará oculto”.
