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Hambre y miedo soporta la población tras 12 días de paro

Quemaron ambulancias y destruyeron bienes públicos, hay desabastecimiento de comida y medicamentos. Denuncias llegaron a Naciones Unidas. 10.000 policías irán a la zona.

  • 1. La quema de una ambulancia en el municipio de Caucasia 2. Acueducto de Tarazá sufrió desabastecimiento luego de aparecer un rumor de que sería afectado por el paro minero 3. Hombres juegan con una camilla de una ambulancia incinerada. 4. Peaje de Tarazá fue incendiado. FOTOs Cortesía
    1. La quema de una ambulancia en el municipio de Caucasia 2. Acueducto de Tarazá sufrió desabastecimiento luego de aparecer un rumor de que sería afectado por el paro minero 3. Hombres juegan con una camilla de una ambulancia incinerada. 4. Peaje de Tarazá fue incendiado. FOTOs Cortesía
13 de marzo de 2023
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En medio de las horas más críticas del paro minero, a una mujer de 19 años y de escasos recursos de uno de los municipios más pobres de Antioquia se le complicó su embarazo. Como pudo alcanzó a llegar al hospital local y allí le informaron que su estado de salud era tan grave, por cuenta de una preclampsia, que debía ser trasladada de urgencia a otro hospital de mayor nivel.

Tan delicado era el caso que en medio del toque de queda que regía, un médico, una auxiliar de enfermería y un conductor de ambulancia se arriesgaron a trasladarla.

Luego de llevar cerca de una hora de camino, entre las complicaciones propias de su enfermedad, la madre creía que estaba por llegar a su destino, sin embargo, un bloqueo ilegal se lo impidió. Hombres violentos decidieron sacarla de la ambulancia pese a sus súplicas y las de quienes la acompañaban. Nada valió. Para acabar de ajustar, una vez la sacaron del vehículo los hombres le prendieron fuego al automotor esfumando toda posibilidad de llegar con rapidez al hospital para salvarla y a su bebé.

Pero su drama no acabó ahí, pues en medio de los enfrentamientos con la Policía y mientras los manifestantes jugaban con la camilla, a la gestante le tocó esperar cerca de una hora hasta que los bomberos y el secretario de Salud de Caucasia se arriesgaron a rescatarla en otro vehículo.

A la mujer le tocó esperar una hora de más en medio de su malestar y de los tropeles entre mineros y Policía para recorrer un camino que se hace en ocho minutos.

Este relato tuvo lugar al atardecer del pasado sábado en el municipio de Caucasia cuando los manifestantes del paro minero violentaron el personal de la misión médica de una ambulancia del Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Bagre para luego prenderle fuego, pese a que esta transportaba de urgencia a la mujer de 19 años, lo cual ha sido considerado por la Gobernación de Antioquia como una violación del Derecho Internacional Humanitario.

En el caldeado ambiente que viven el Nordeste y el Bajo Cauca desde hace 12 días por cuenta del paro minero, estas no han sido las únicas violaciones a los derechos fundamentales. De hecho, ese mismo sábado otra ambulancia de la Agencia Nacional de Infraestructura fue quemada en el mismo municipio.

Y es que el sector médico ha sido uno de los más golpeados por cuenta de estos bloqueos pues hasta ayer por lo menos seis centros hospitalarios del Bajo Cauca estaban sin oxígeno por cuenta de los bloqueos viales del paro ya que en el tramo Cáceres-Tarazá seguían atrapados los camiones que trasladan los cilindros con el gas a dichos centros asistenciales públicos que ya habían agotado sus reservas.

Por esto, no hay como atender a los pacientes con urgencias cardíacas o respiratorias y mucho menos realizar traslados que impliquen el soporte de oxígeno. A esto hay que sumar la escasez de medicamentos que también agobia a los hospitales y que ha hecho declarar la alerta roja hospitalaria.

“Desde hace cuatro días tenemos dos ambulancias retenidas en Tarazá. Tenemos cinco pacientes que no se han podido remitir a Medellín o a Montería por falta de garantías”, indicó la coordinadora médica del Hospital de Caucasia, Ana Cristina Pineda.

Escuche el podcast aquí:

Asedio por hambre y sed

Pero además de las violaciones a la misión médica, las poblaciones se enfrentan a las hambrunas por cuenta del desabastecimiento de alimentos que azotan a las dos subregiones por los bloqueos.

Aparte de la escasez de alimentos, los pocos disponibles que hay en el territorio han incluso duplicado su valor. Tampoco los comerciantes se libran de la presión ilegal, pues les cobran extorsiones de hasta 500.000 pesos. Con ese cierre interminente de los negocios y el alza en los precios, los más perjudicados son los más pobres, pues el poco alimento disponible queda por fuera de sus opciones económicas.

El hambre por los bloqueos es una cruel paradoja si se tiene en cuenta que en las interminables filas de 600 camiones atrapados en los retenes ilegales se pudren toneladas de comida que podrían saciar el hambre. A estos se sumarían los cerca de 105.337 estudiantes adscritos a 823 sedes educativas de 17 municipios del sur de Córdoba y del Bajo Cauca que, según el Ministerio de Educación, han tenido dificultades para asistir a clases y recibir alimentos del PAE por cuenta del paro minero.

Para acabar de ajustar, en medio de los choques entre autoridades y manifestantes –de los que los gobiernos departamental y nacional aseguran que son pagados o constreñidos por el Clan del Golfo– se regó el rumor de que el acueducto de Tarazá sería afectado por acciones criminales por lo que un sector de la población se apresuró a abastacerse de agua dejando momentaneamente sin servicio a parte de la población.

Denuncian violación de DD.HH

Desde su despacho en la Alpujarra, el gobernador Aníbal Gaviria insistió en que su administración ha estado pendiente “desde todos los frentes” de lo que pasa en las subregiones sublevadas. El mandatario regional reiteró que lo visto hasta ahora en el paro muestra la forma violenta y vandálica con la que parte de los manifestantes buscan afectar a la comunidad en la retaliación del Clan del Golfo por la quema de su maquinaria ilegal (ya van ocho dragas destruidas en 12 días) con la que extrae oro a costa de destruir el medio ambiente de las dos subregiones.

“Esta situación es una clara retaliación de grupos ilegales que se financian de la minería ilegal por las acciones del Estado. El 1 de marzo la Fuerza Pública destruyó cinco dragas ilegales. Esto fue simultáneo con el inicio de las movilizaciones y acciones violentas como los bloqueos y los cierres de comercio que impiden las libertades de los ciudadanos”, volvió a contar el mandatario. Se calcula que en esa subregión hay por lo menos entre 30 y 40 dragas.

Por ello, el gobierno departamental indico haber tenido reuniones y comunicación con organismos internacionales como Naciones Unidas para denunciar las violaciones al Derecho Humanitario que se han atestiguado para que estas entidades tomen las respectivas cartas en el asunto.

“Todas esas pruebas deben estar ya en manos de esos organismos en sus oficinas centrales por fuera de Colombia. Esperamos que haya manifestaciones claras de rechazo a esas violaciones al derecho internacional humanitario”, apuntó Gaviria.

“No violencia es el camino”

Ante el evidente incumplimiento del toque de queda decretado, el gobernador se justificó indicando que –como lo señaló el ministro de Defensa en entrevista a EL COLOMBIANO– el Clan del Golfo tiene gran capacidad económica por lo que ha llegado a pagar a los revoltosos por “tareas” que van desde quemar vehículos o peajes hasta tirar piedra a los bienes públicos y a la Policía.

De hecho, ayer las autoridades dieron a conocer las identidades de los tres presuntos cabecillas del Clan del Golfo que estarían detrás de los desmanes del paro minero. Estas corresponden a José Miguel Demoya Hernández, alias Chirimoya, quien sería el jefe de la subestructura Uldar Cardona Rueda; José Ramón Zapata Pérez, alias Gabino de la subestructura Julio César Vargas Torres; y un tercer hombre conocido con el alias de Darío, del cual no ha trascendido su nombre de pila pero quien dirigiría la subestructura Yeison Leudo Chaverra.

Los tres cabecillas se han encargado ya sea a través del terror o de los fajos de billetes de sembrar el miedo en la zona con mensajes intimidatorios enviados por redes sociales o con la quema de estructuras como estaciones de policía, alcaldías y el peaje de Tarazá.

Desde la Gobernación se resaltó el papel de los cerca de 10.000 miembros de la Fuerza Pública que están llegando a la zona por orden presidencial para ir recuperando el control en las cabeceras urbanas y la disponibilidad para reaccionar ante los disturbios, provocados en gran medida en las horas de la noche.

Aun así Gaviria dijo que los esfuerzos para recuperar la normalidad en la zona deben partir de la no violencia, del diálogo, y de las acciones de la misma comunidad; pese a que no son pocos los antioqueños que piden mano dura.

“El blindaje mayor es el de la resistencia civil y el de la verdadera protesta pacífica y no violenta. Llamo la atención de los antioqueños que se están dejando usar por miedo, por temor, por chantaje, por coacción o por pagos de los violentos para que se deslinden de ellos, porque es enorme el daño que le están haciendo a su propia gente. Porque eso no terminará bien ni para ellos ni para sus comunidades”, añadió el gobernador.

Por ahora, en la seguridad de Medellín y otras ciudades la gobernación invita a plantones para rechazar el accionar de los violentos y la aguda crisis que se vive en las dos subregiones en las que la minería –que se supone sería su salvación– se ha vuelto su maldición. Mientras tanto en el nordeste antioqueño, como lo denunciaron los alcaldes de esa subregión, hay más de 3.000 adultos mayores padeciendo hambre y sin atención médica; hay más de 15.000 madres cabeza de familia que no cuentan con alimentación para sus hijos; y hay cerca de 220.000 personas sin siquiera una comida para pasar este día que inicia. ¿Hasta cuándo?.

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