Una polémica resolución del Ministerio de Medio Ambiente tiene paralizado los planes de exportación y las relaciones comerciales en los puertos de Urabá. Empresarios, operadores logísticos y directivos de terminales marítimos advierten que la norma, que busca reforzar el control sobre el comercio internacional de especies de flora, estaría generando un fuerte impacto en la exportación de madera proveniente de plantaciones comerciales y afectando directamente a puertos del Caribe y del Golfo de Urabá.
La Resolución 1489 de 2024, que entró en vigor el 8 de mayo de 2025, establece nuevos requisitos para la exportación e importación de productos derivados de la flora, incluso aquellos que no se encuentran en los listados de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). Además, restringe que estos productos solo puedan movilizarse por los puertos autorizados en normas expedidas hace más de una década.
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Para el sector, el problema no está únicamente en los nuevos trámites, sino en que la resolución se basa en listados de puertos definidos en el Decreto 1076 de 2015 de Colombia, lo que deja por fuera terminales que hoy están en funcionamiento o en desarrollo y que no existían cuando se expidieron esas normas.
¿Norma sacada del sombrero?
El artículo 11 de esta resolución establece que el embarque o desembarque de productos como la madera aserrada, los troncos o las astillas solo podrá hacerse a través de los puertos, aeropuertos y pasos terrestres señalados en regulaciones anteriores. El problema, según empresarios y operadores logísticos, es que esas disposiciones datan de 2015 e incluso de 2000, cuando el sistema portuario colombiano tenía una configuración muy distinta a la actual.
Esto significa que puertos modernos o ampliados en los últimos años no aparecen en la lista de terminales habilitados para este tipo de exportaciones. Entre ellos figuran terminales estratégicas para el Caribe colombiano y para la subregión de Urabá, como Puerto Antioquia o el puerto de Compas Tolú, además de otros terminales en La Guajira, Magdalena y Nariño.
La situación es crítica para la salida de productos forestales desde regiones cercanas a estos puertos, ya que obliga a los exportadores a trasladar la carga hacia terminales que sí están incluidos en las normas antiguas, como los de Cartagena o Santa Marta, lo que aumenta considerablemente los costos logísticos.
“Hay unos sobrecostos. En el caso de la madera para poder hacer una operación comercial de esta envergadura se requieren cientos de tractomulas, y el costo de transporte es del 60%, casi del valor final de la comercialización, y ya con esto sería del 90%, no es viable financieramente. Productos maderables y no maderables, es decir, semillas, mieles, fibras que se produzcan a través de cultivos forestales, como la palma, se estarían perjudicando”, explicó Juan Miguel Vásquez, director de Fedemaderas.
La resolución también introduce un nuevo requisito: el llamado permiso ‘No Cites’, un certificado que se deben tramitar incluso para aquellos productos de flora que no se encuentran en la lista de especies protegidas por el convenio internacional.
“No solamente estamos viendo que empresas pueden quebrar porque ya no pueden hacer estas operaciones, sino además que nuevos proyectos de exportación están en vilo o no se pueden cerrar porque no habría la logística para poderlos desarrollar. Si esta resolución no se modifica, cualquier puerto va a quedar inhabilitado jurídicamente para poder hacer este tipo de exportaciones”, añadió Vásquez.
Una de las terminales afectadas es Puerto Cirilo, para su director, el empresario chileno Luis Enei, desde el sector ven la medida con preocupación por el alcance que tiene sobre actividades que tradicionalmente han estado bajo la órbita de otros ministerios.
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“Esta resolución se mete en ámbitos de otros ministerios sin tener la facultad para ello. Las plantaciones comerciales en Colombia son controladas y dirigidas por el Ministerio de Agricultura, no por el Ministerio de Ambiente”, afirmó Enei.
La situación se vuelve especialmente compleja en el caso de productos forestales, que tienen un valor relativamente bajo por tonelada y dependen de costos logísticos eficientes para ser competitivos en el mercado internacional.
“Estos productos son de bajo costo. Si me obligan a transportar la madera hasta un puerto más lejano, los números simplemente no dan. Nosotros decimos que quedamos en rojo: vender significa perder plata”, señaló el director de Puerto Cirilo.
Mercado internacional
El impacto no se limita a los puertos. La resolución también pone en riesgo el desarrollo de un sector que en los últimos años ha intentado posicionar a Colombia como exportador de productos forestales.
Según empresarios del territorio, el país cuenta actualmente con más de 551.000 hectáreas de plantaciones forestales comerciales, distribuidas principalmente en regiones como Antioquia, Córdoba, Meta, Vichada, Valle del Cauca y Santander.
En el caso de Colombia, el gremio explica que el objetivo era aprovechar las condiciones climáticas del país para competir en mercados internacionales, sin embargo, con esta resolución esta meta quedó en el “aire”.
“En Chile un árbol tarda unos 12 años en crecer. En Colombia tarda seis. Esa ventaja natural nos permitía posicionarnos como exportadores. Nos tomó 15 años abrir el mercado internacional”, indicó.
La entrada en vigor de la resolución frenó nuevas operaciones de exportación y dejó cargas almacenadas sin poder salir del país.
“Nos quedamos con una cantidad significativa de madera en los puertos. Y esa madera se está pudriendo”, aseguró Enei.
Empleos en riesgo
Cálculos de los empresarios forestales indican que cada hectárea de plantación puede generar hasta diez empleos directos e indirectos. Con cerca de 15.000 hectáreas vinculadas a estos proyectos, la cadena productiva involucra a decenas de miles de trabajadores que podrían estar en riesgo.
“Todo ese movimiento incluye a la gente que trabaja en el puerto, transportistas, trabajadores forestales y personal operativo. Estamos hablando de un número enorme de empleos”, explicó Enei.
En su caso particular, la empresa pasó de tener alrededor de 150 trabajadores activos a apenas 30.
Además, se estima que solo en Antioquia, Córdoba y Sucre podrían perderse más de mil empleos formales y dejar de generarse cerca de 30 millones de dólares anuales en exportaciones.
Un futuro incierto
El sector asegura que ha intentado dialogar con el Gobierno para corregir el problema. Incluso, según Fedemaderas, funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente reconocieron que la restricción sobre los puertos debía modificarse.
EL COLOMBIANO intentó comunicarse con el Ministerio de Medio Ambiente para conocer su versión y hasta el momento no ha sido posible; sin embargo, este medio pudo conocer una respuesta de la cartera a un derecho de petición de los empresarios que solicitaron claridad sobre esta resolución. En esta respuesta, el Ministerio indicó que la modificación aún está en trámite interno y que la norma vigente sigue siendo legal y obligatoria.
Por el momento, y según advierte el gremio, si la resolución no se modifica, para terminales como Puerto Antioquia o Puerto Cirilo el impacto podría ser perjudicial para los próximos años.
“Se perdería una carga proyectada para los próximos diez años de entre 300.000 y 400.000 toneladas”, concluyó Enei.
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