Minambiente se basó en estudio inadecuado en proyecto de resolución que calentó al Suroeste

Ministerio se basó en estudio que carece del alcance para soportar decisión que limitaría actividades en 14 municipios.

De quedar como está, la resolución convertiría los trámites de licencia ambiental de cualquier proyecto en un lío. FOTO Carlos Velásquez

A Corantioquia le tocó convocar de urgencia a sectores productivos y organizaciones socioambientales del Suroeste para intentar apaciguar las aguas luego de conocerse el proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente con el que pretende delimitar temporalmente una zona de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente en un área de 92.701 hectáreas.

La noticia dio para todo y no es para menos. Son catorce los municipios involucrados en dicho polígono: Caramanta, Jardín, Valparaíso, Andes, Támesis, La Pintada, Jericó, Pueblorrico, Tarso, Fredonia y Santa Bárbara, además de Riosucio y Aguadas, en el departamento de Caldas, y a Mistrató, Risaralda.

A la misma Corantioquia, que sabía que el Gobierno trabajaba en un proyecto de resolución en el Suroeste, también la tomó por sorpresa, tanto por la falta de claridad del documento como por los soportes esgrimidos para dicha decisión.

Según cuenta la directora de Corantioquia, Ana Ligia Mora, hace dos semanas en un encuentro de directores de corporaciones autónomas con Minambiente, el equipo de la ministra Susana Muhamad le solicitó información sobre estudios que la autoridad ambiental adelantaba con la Universidad de Antioquia sobre bosque seco tropical y el potencial de aguas subterráneas de varios municipios del Suroeste.

Corantioquia, asegura Mora, compartió el contenido de dicha investigación haciendo la salvedad de que se trataba de un proyecto a una escala muy general, pues no tenían los recursos para adelantar estudios en detalle, ni perforaciones ni muestreos, para determinar, con exactitud, ese potencial hídrico subterráneo. Sin embargo, apunta la directora, Minambiente terminó convirtiendo este estudio como uno de los soportes principales de una medida cuyo alcance es difuso y tiene con los pelos de punta al sector productivo en el Suroeste.

Después de la visita del presidente Gustavo Petro a Jericó el 14 de enero –cuando anunció que revisarían toda la titulación minera para tratar de hacerla coherente con el cuidado del agua y, específicamente, volvió a bajarle el pulgar al proyecto de Quebradona, de AngloGold– era previsible que el Gobierno emprendiera mecanismos que le permitieran blindar estas decisiones.

Y efectivamente en los anexos conocidos junto con el proyecto de resolución se hace referencia a la prohibición para ejecutar obras de exploración y explotación mineras en estas nuevas zonas declaradas.

El problema es que hay un párrafo en el documento que abre un boquete a interpretaciones sobre el futuro de cualquier proyecto productivo en este polígono: “Las autoridades ambientales deberán tener en cuenta las determinaciones que se adoptan en el presente acto administrativo y adoptar las medidas a que haya lugar, dentro de las cuales se encuentra no otorgar permisos, autorizaciones, concesiones, licencias, planes de manejo ambiental y demás instrumentos de manejo y control ambiental para el desarrollo de actividades de alto impacto ambiental”.

Los alcances son tan inciertos que, según Mora, la autoridad ambiental no sabría decir si un proyecto porcícola o una vía terciaria entrarían entre esas actividades de alto impacto.

Hay otras dos incertidumbres específicas que el Ministerio deberá aclarar. Una es sobre procesos que ya estén en trámite. “No podemos decirle a un usuario de un día para otro que le vamos a negar la licencia o a frenar un trámite que ya empezó”, asevera Mora.

Y el otro ajuste que tendrá que hacer el Ministerio es excluir las zonas que están dentro de ese polígono y que ya cuentan con figuras de declaratoria y manejo. Ya hay dos distritos de manejo integrado que fijaron la coexistencia de usos productivos y conservación de recursos, por lo que ponerlo a reñir con una nueva figura podría crear un efecto adverso.

Corantioquia convocó para hoy a los sectores productivos y organizaciones sociales con el fin de tranquilizar y hacer algunas aclaraciones. Esta misma semana entregará un documento con observaciones técnicas y jurídicas.

En firme deberá quedar que la medida de protección es estrictamente dirigida hacia la minería de gran impacto. Si el Gobierno no hace estas precisiones, advierte la directora, terminará creando un desbarajuste económico y social de dimensiones incalculables en el Suroeste. Mora confía en que sí sean incluidos estos ajustes en dicha resolución