La Procuraduría General de la Nación inició indagación preliminar por las presuntas irregularidades en la ejecución del programa Buen Comienzo de Medellín y en el contrato suscrito con el operador Centro Infantil Pequeños Exploradores B, ubicado en el barrio Santa Cruz, donde habrían sido abusados sexualmente, por lo menos, 14 menores de edad.
La entidad de control precisó que también se indagará respecto de la “posible demora en la activación de los protocolos de atención correspondientes” en el caso por el que ya está tras las rejas el presunto abusador, identificado como Ismael Darío Lopera, alias ‘Manolo’, de quien inicialmente se informó que había sido capturado pero luego se descubrió que se había entregado voluntariamente a la Policía en el comando del municipio de Santa Rosa de Osos, Norte de Antioquia.
En el marco de la misma actuación iniciada contra funcionarios por determinar de la Alcaldía de Medellín, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó el recaudo de pruebas que sea pertinente, con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta, así como identificar al posible autor o autores de la misma.
Del mismo modo, distintas ramas de la dependencia del Ministerio Público pondrán su foco en diferentes variables relacionadas con el caso y con el abuso sexual a menores en general.
La Procuraduría Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres adelanta acciones que eviten la revictimización y se garantice de forma efectiva el acceso a la justicia como víctimas de violencias sexuales y evalúa la calidad de disciplinables de los corresponsables de estas rutas de atención.
Por su parte, la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales interviene en el proceso penal que se sigue contra el presunto agresor, con la misión de velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico en el desarrollo del mismo.
La Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá y la Procuraduría Judicial de Familia en Medellín, informó la entidad, han asistido a las mesas interinstitucionales que se conformaron con el fin de atender de forma articulada todas las acciones institucionales frente a este asunto.
En total, son más de 1.300 folios para analizar que incluyen, entre otros, el convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Medellín y el ICBF, donde se describen las obligaciones de seguimiento al desarrollo del mismo; el informe de interventoría; el contrato que tenía el presunto agresor con el operador; la regulación de Buen Comienzo, así como los lineamientos del programa.
Hay que recordar que tras las primeras denuncias que hablaban de dos casos de abuso sexual a niños en este sitio, fueron aparecieron más padres con denuncias y Medicina Legal confirmó la existencia de seis casos concretos tras practicarles exámenes a menores víctimas.
La caída del presunto agresor también desató una crisis en la Policía de Medellín, en la que fueron separados de sus cargos el jefe de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) en el Valle de Aburrá, teniente coronel Jair Morales, y el comandante de la institución, general Pablo Ferney Ruiz Garzón.
