Luego de analizar con lupa el contrato 4600085448 de 2020, que tenía como objeto proveer alimentación para la población estudiantil durante el período de calamidad pública en Medellín, la Contraloría General archivó el proceso por responsabilidad fiscal contra el mandatario Daniel Quintero Calle.
Así lo oficializó el ente de control, mediante el auto 701, en el que indica que se logró desvirtuar la existencia del detrimento al patrimonio público que inicialmente había sido tasado en $940 millones.
La investigación y posterior exoneración acoge también a Martha Alexandra Agudelo, secretaria de Educación de Medellín; Maria Patricia Ariza, asesora jurídica y a la corporación Colombia Avanza, que ejecutó el contrato.
Vale recordar que en dicho contrato se pactó la adquisición y el suministro de 220.578 paquetes alimentarios, en un tiempo de un mes, con un costo de $32.500 pesos por paquete alimentario, incluyendo la logística para la entrega.
Cada paquete alimentario del PAE estaba conformado por: lenteja, frijol cargamanto, leche entera en polvo, pasta alimenticia, arroz blanco crudo, galleta cracker y bebida chocolatada.
Dice la Contraloría en el fallo que “se tiene que una vez analizada la tendencia de precios para los productos que componen los paquetes alimentarios, los cuales son de primera necesidad y de demanda prioritaria en época de pandemia, se pudo concluir que previa consideración de los factores restantes que impactan el precio contratado por el Municipio de Medellín, los resultantes se encuentran dentro de los rangos identificados en bases de datos oficiales como las del SIPSA”.
