La comunidad indígena de Junta ha sufrido el desarraigo de la tierra durante más de 10 años. Ha sentido el rigor de la pobreza, del abandono, de enfermedades que antes no conocía, de habitar suelos donde no puede sembrar ni caminar en armonía absoluta con la naturaleza, como lo dicta su ancestralidad.
“Estamos aburridos en pueblo, queremos un territorio propio”. Lo dice Fernando Bailarín, el gobernador indígena de esta comunidad que salió desplazada por la violencia desde Chocó, en 2013, y desde entonces habita en el casco urbano de Urrao, municipio del Suroeste antioqueño, donde han tenido lo básico para sobrevivir, pero donde sienten que les falta todo. Ya están cansados de residir en calles de cemento, en casas de ladrillo, hacinados, con fogones de dos puestos en los que no pueden ni siquiera cocinar apegados por completo a sus tradiciones.
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Dice el gobernador indígena que son 45 familias que agrupan a unas 318 personas y que la situación ya se torna insoportable, porque llevan esperando que los reubiquen desde hace varios años y que ningún gobierno nacional hasta ahora ha cumplido la promesa de hacerlo: “A pesar de que la administración de Urrao nos ha incluido en su oferta, queremos un territorio propio, porque hemos tenido pérdidas humanas, los niños viven enfermos porque vivimos hasta cinco familias en sola casa; además, estamos perdiendo la identidad cultural y las costumbres, ya queremos sembrar para nuestras familias”.
Alba Hernández, enlace municipal de víctimas de Urrao, explica que desde que la comunidad de Junta llegó allí les han brindado atención en salud y educación con recursos locales, mientras que desde la Unidad para las Víctimas han apoyado con la alimentación. No obstante, como reconoce la misma funcionaria, los indígenas han sufrido de forma paulatina la desfragmentación de su cultura y saberes ancestrales, y se enfrentan al contagio de enfermedades que en sus territorios no tenían, como los brotes de tosferina actuales, así como a carencias económicas y, muchas veces, a condiciones insalubres.
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El desalentador panorama para estas familias las llevó a levantar su voz de forma pública para pedirle al gobierno nacional que acelere las gestiones o haga algo adicional a su alcance para reubicarlos en predios que dicen que ya existen y en los que esperan recuperar una vida como la que tenían antes de ser expulsados de sus tierras por causa de la guerra.
“El trámite es lento, las comunidades estamos cansadas de estar de reunión en reunión, y no se llega a nada; exigimos respeto a los indígenas que también merecemos atención. Desde el año pasado se volvió a iniciar con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) el proceso de compra del predio, el municipio ya avanzó y tiene todo listo, pero las instituciones del gobierno están calladas”, sostuvo Bailarín.
