Organizaciones de derechos humanos que le hacen seguimiento al tema de seguridad se quejan de que una norma aprobada por la Asamblea de Antioquia viola el derecho al acceso a la información y se convirtió en un obstáculo para realizar su trabajo.
La Ordenanza 44 rige a partir del 25 de septiembre, tras ser aprobada en segundo y definitivo debate para actualizar la forma en que actúa el Centro de Inteligencia Artificial y Analítica Analítica para la Convivencia de Antioquia (CIACA).
Esta herramienta, según la Gobernación, le ha permitido apoyar la asesoría estratégica para la toma de decisiones para la convivencia pacífica y contribuir desde la gestión del conocimiento científico de datos en materia de convivencia al cumplimiento de las políticas, planes, proyectos, programas y estrategias de la administración departamental.
Pero además, antes, con base en ese trabajo se producía un informe diario que recibían varias ONG y medios de comunicación, con base en el cual algunas como la Fundación Sumapaz y Corpades (Corporación para la Paz, el Desarrollo y la Democracia) hacían un monitoreo a la evolución de los derechos humanos y el conflicto en las distintas subregiones.
Un investigador de Sumapaz indicó que la última vez que recibieron el documento fue el 9 de enero de este año y entonces elevaron un derecho de petición ante la Secretaría de Seguridad y Convivencia para que les volvieran a hacer el envío; sin embargo, les contestaron que esa era información reservada.
Lo que vino luego fue una acción de tutela invocando el derecho al acceso a la información y aunque el Juzgado Once Civil Municipal de Oralidad de Medellín admitió la acción legal, posteriormente la falló en contra al aceptar el argumento de la Gobernación en el sentido de que ellos no eran los originadores de estos datos; en consecuencia, el juez remitió la petición a la Policía y a Unidad Nacional de Víctimas quitándole la responsabilidad al Departamento.
La sensación que les quedó tanto a los investigadores de Sumapaz como de Corpades es que con la ordenanza 44 la Gobernación buscó librarse de nuevas acciones judiciales, pues esta le da un carácter reservado a la información del CIACA.
EL COLOMBIANO consultó a la Gobernación al respecto y fuentes ligadas con ella contestaron un cuestionario en el que argumentaron que “existen limitaciones de uso o divulgación establecidas en el ordenamiento jurídico, conforme a lo establecido en la Constitución Política, la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales), Ley 1712 de 2014 (transparencia y acceso a la información pública), Ley 1755 de 2015 (derecho de petición) y demás disposiciones aplicables, las cuales debe acatar no solo la Gobernación, sino cualquier entidad pública, teniendo en cuenta que no toda la información en materia de seguridad es pública por obvias razones que además están amparadas en el ordenamiento jurídico”. Y cita además que hay fallos legales y jurisprudencia que le otorgan la razón en este sentido.
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“La información procesada por el Centro de Inteligencia Artificial y Analítica para la Convivencia de Antioquia- CIACA, así como los productos resultantes, se clasificará de acuerdo con su nivel de acceso, teniendo en cuenta las limitaciones de uso o divulgación establecidas en el ordenamiento jurídico y su carácter reservado o clasificado (...)”, reza el texto de la norma.
No obstante, los investigadores de Sumapaz consideran que la ordenanza 44 viola normas y el derecho a la información y significa una cortapisa para la labor que desempeñan en el monitoreo y defensa de los derechos humanos, por lo cual no descartan una demanda de tipo administrativo para intentar tumbarla.
Apuntan que el propósito real de la Gobernación es ocultar lo que pasa en las subregiones con el fin de no deteriorar la imagen de la administración. “Están usando cifras para atacar a las autoridades nacionales pero hay sitios donde el gobernador es muy fuerte políticamente, como el Oriente, y donde a pesar de que muchos lo sigan negando, hay presencia de grupos armados y los homicidios vienen en aumento”, expresó la fuente de Sumapaz. Igualmente, añadió, en 13 ó 14 municipios del Suroeste los homicidios siguen en aumento.
Resaltó que incluso la Alcaldía de Medellín envía a diario el informe con los homicidios que ocurren, a partir del Sistema de Información de Seguridad y Convivencia (SISC).
Otra ONG que se queja de los traumas que les ha ocasionado la falta de la información en tiempo real sobre los homicidios es Corpades, de la que además depende Análisis Urbano, un portal especializado en hacer seguimiento a asuntos de conflictividad armada y derechos humanos. Para su director, Fernando Quijano, la veda informativa sobre muertes violentas obedece a que sus informes estaban siendo incómodos porque contradecían los balances positivos que presentaba la Gobernación.
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“Nosotros destapamos la olla de los que está viviendo Abejorral en seguridad; el alcalde y el personero dijeron que era mentira y les probamos que era verdad; después nos llegó un derecho de petición de subintendente, que porque estábamos mancillando su nombre porque hablábamos de 25 familias desplazadas; después tuvieron que hacer un consejo de seguridad en ese pueblo con participación de la Gobernación y acaban de poner recompensas”, afirmó Quijano, quien defiende que justamente el contar con información en tiempo real es lo que les permite hacer un buen trabajo informativo.
Frente al argumento del supuesto interés de ocultar información negativa, la Gobernación contestó negando que esto esté ocurriendo.
“La Gobernación de Antioquia no oculta cifras. Todas las estadísticas de homicidios provienen de fuentes oficiales y están disponibles, como siempre, para consulta de la ciudadanía y los medios de comunicación a través de los canales establecidos por los organismos de seguridad y justicia quienes son los competentes. Lo que sí estamos haciendo, y con absoluta determinación, es revertir esas cifras -especialmente de homicidio, que presentan un aumento del 2,3%- con acciones reales, no con discursos”, enfatizaron aludiendo a los consejos de seguridad que se hacen cada semana no en la sede gubernamental de La Alpujarra sino en las mismas subregiones donde acontecen los hechos, al fortalecimiento de la Fuerza Pública y a la articulación permanente con los municipios.
“Hoy lo fácil es decir que se ocultan datos; lo difícil (y lo que estamos haciendo) es asumir la responsabilidad y trabajar todos los días para que haya menos víctimas, más seguridad y más territorio recuperado. Este gobierno no esconde la realidad: la enfrenta con determinación”, puntualizó la Gobernación.
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