Una declaración proferida por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, volvió a traer a la vida el escenario de una posible imputación de cargos al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
Justo en medio de un cada vez más caldeado ambiente político entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales en Antioquia y Medellín, la líder del ente acusador se refirió a un proceso que avanzaba desde hace dos años en contra del gobernador, apuntando a que este se estaría reactivando.
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El caso se vincula a dos contratos firmados por aproximadamente $1.270 millones para la construcción de dos CAI en el municipio de Rionegro, el mismo que reventó en octubre de 2023, en medio de la campaña por las elecciones territoriales, y que desde noviembre de ese mismo año se presumía quieto luego de que la Fiscalía radicara una solicitud para retirarlo.
En declaraciones realizadas este martes 24 de junio, en medio de una rueda de prensa realizada en el búnker de la Fiscalía en Medellín, la fiscal Camargo se refirió al caso como si la imputación ya estuviera lista, en una declaración que generó extrañeza entre quienes vienen haciéndole seguimiento al proceso.
“En cuánto al gobernador de Antioquía, el gobernador de Antioquía tiene fuero y ese fuero es de Fiscal General, que es una investigación que yo adelantaría, que adelanto por delegación a través de los Fiscales Delegados ante la Corte, efectivamente una fiscalía creo usted se refiere a esa investigación, que es una investigación que adelanta una fiscal Delegada ante la corte por Delegación mía, en la cual se formuló imputación, ya se formuló imputación...y pues no es persecución, es parte de la actividad que desarrollamos ordinariamente”, dijo la fiscal al ser interrogada por el tema.
Pese a que luego de lo dicho por la Fiscal desde el área de comunicaciones de la Fiscalía señalaron que el proceso contra Rendón continuaría en etapa de indagación, las declaraciones encendieron las alarmas en varios sectores.
El Centro Democrático, partido al que pertenece Rendón, elevó de inmediato su voz de protesta ante la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, planteando de entrada que se trataría de una intimidación en contra del gobernador por ser uno de los líderes de la oposición en el país.
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La protesta de esa colectividad quedó plasmada en dos comunicaciones enviadas tanto a la fiscal Camargo como al procurador general Gregorio Eljach Pacheco.
En la comunicación a Camargo, dicho partido le reclamó que, además de sus declaraciones, en días recientes se han intensificado las versiones de lo que sería una “inminente privación de la libertad” a Rendón, en un hecho que ha generado consternación en la oposición.
“Se nos ha informado que existe un proceso en particular en contra del Dr. Rendón Cardona, que tiene una inusitada actividad probatoria por parte de la Fiscalía 4, Delegada ante la H. Corte Suprema de Justicia. En efecto, la Fiscal 4 sigue al parecer una instrucción suya de judicializar al Gobernador a como de lugar”, aseveró el director del partido, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, señalando que ante esas versiones, las declaraciones de Camargo no harían otra cosa que apuntar en la misma dirección.
“Hay una alarma natural en el partido que represento, toda vez que circulan versiones de una posible solicitud de orden de captura, allanamientos a las oficinas de la Gobernación como mecanismo de intimidación, así como una toma hostil de Antioquia por parte del Gobierno Nacional”, expresó el partido en su carta.
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“Siendo respetuosos de la independencia en criterio y de las actuaciones penales que gobiernan a la Fiscalía General de la Nación, exigimos y esperamos como partido de oposición, que se respeten todas y cada una de las garantías judiciales que le asisten a cualquier ciudadano sometido al ius puniendi del Estado”, expresó el partido, señalando además que el derecho penal no debería utilizarse como una arma política y que las garantías de la oposición deberían respetarse.
A renglón seguido, el partido también ofició a la Procuraduría General de la Nación, pidiéndole emprender una vigilancia especial sobre dichas diligencias que adelanta la Fiscalía en contra del gobernador.
Cabe recordar que el proceso por el que es indagado Rendón se remonta a su paso por la alcaldía de Rionegro entre 2016 y 2019, cuando firmó dos contratos por $1.270 millones para la construcción de dos CAI en ese municipio, ubicados en Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira.
El 19 de septiembre de 2023, la Fiscalía radicó ante un juzgado de Rionegro una solicitud para realizar una audiencia de imputación de cargos y una solicitud de una medida de aseguramiento.
Si bien entonces no se conocieron muchos detalles sobre el proceso, el ente acusador señaló tener indicios de que en la construcción de esos dos CAI se habría incurrido en detrimento patrimonial.
Pese a que entonces, en plena campaña electoral, la judicialización de Rendón se veía como un hecho inminente, la misma no se produjo y el 2 de noviembre la misma Fiscalía radicó otra solicitud para retirar la formulación de cargos.
La preocupación de una reactivación de este proceso ya había sido expresada por el propio Rendón en declaraciones recientes entregadas a medios de comunicación.
“Han pasado casi dos años desde cuando me querían imputar cargos y me querían encarcelar. Cuando un fiscal cita a una imputación, es porque tiene un arsenal probatorio muy contundente. Pasó todo este tiempo sin que se moviera la investigación. He tenido cuatro fiscales, en el último mes ha habido casi 30 actuaciones. ¿Qué tanto investigan con dos contratos, que suman 1.200 millones de pesos, ya liquidados? Esta celeridad de la Fiscalía respecto a mi caso y la lentitud en los procesos con los colaboradores más cercanos de Petro es bastante sospechosa”, expresó a comienzos de junio a la Revista Semana.
