Daniel Quintero, el candidato que hizo de EPM su caballito de batalla, ahora está al mando. Pese a las críticas y los llamados de gremios y empresarios por los bandazos en EPM, el alcalde defiende las decisiones adoptadas por él y por el gerente Álvaro Guillermo Rendón, quien llegó al cargo por un proceso de selección muy distinto al que prometió.
Desde que comenzó la crisis, el 11 de agosto, EL COLOMBIANO pidió hablar con el alcalde para conocer su posición frente al tema y después de diez solicitudes a lo largo del mes, el viernes nos atendió por espacio de 30 minutos en su despacho.
Aquí habla sin tapabocas de su gobierno y de EPM y explica detalles del proceso jurídico en Hidroituango que ha copado titulares de prensa y espacios radiales.
Se cumple un mes de la renuncia de las juntas directivas de EPM y de Ruta N, lo que generó una turbulencia en la ciudad, ¿hace autocrítica y admite algún error en un punto de la historia?
“Después de un mes uno empieza a encontrar estabilidad y eso es importante, hay más tranquilidad, las instituciones están funcionando de forma plena. Se dijeron muchas cosas de por qué ocurrió la renuncia. Se dijo que hubo una violación del gobierno corporativo y no fue así. Y eso es fácil mostrarlo. A mí me dicen, ¿por qué no cambió los miembros de junta cuando llegó? Por el gobierno corporativo que no permitía que el alcalde cambiara miembros de junta.
Segundo: objeto social. Cuántas veces dijeron que el alcalde trató de cambiarlo sin pasar por junta. Pues ya están las pruebas, las actas públicas, de que fue EPM y la junta, incluso el comité de junta, donde yo no estoy, y la junta en pleno las que le pidieron al alcalde presentar un proyecto para cambiar el objeto social.
Y tercero, se dijo que el alcalde hizo una demanda, saltándose el gobierno corporativo. El alcalde no hace demandas, las hace el gerente. Yo soy otro miembro de junta. Entonces esos tres puntos muestran que no estaba justificada la renuncia de la junta directiva”.
Tuvo dificultades para conformar la junta. Miembros anunciados desistieron. ¿Qué criterios técnicos primaron para su elección?
“Tratamos de que fuera una junta muy independiente y con responsabilidad. No fue fácil, estábamos en un momento turbulento y hubo presiones para que algunas personas renunciaran a la junta una vez que habían aceptado, y otras muchas a las que también se les hizo el ofrecimiento prefirieron no hacerlo por la turbulencia o por lo que estaba viviendo la empresa.
Quiero hacer una reflexión sobre la forma en la que ocurre esa renuncia motivada a través de medios de comunicación, en una empresa que emite bonos. La última vez que hubo una renuncia masiva así fue la de Interbolsa y al otro día se quebró. Esa renuncia de esa manera, a través de medios de comunicación, generó una crisis institucional muy fuerte que afectó la calificación de la empresa y las relaciones con tenedores de bonos y con otros, que se han ido restableciendo en la medida en la que se ha podido probar que sí hay gente independiente, la empresa funciona”.
Usted dice que fue la contraparte la que violó los principios de gobierno corporativo, pero los gremios y la academia coinciden en que las decisiones no estuvieron dentro del Convenio Marco de 2007. ¿Cómo va a recuperar esa confianza?
“Lo primero es que hemos podido probar, incluso ante Moodys que no nos bajó la calificación, es que no se había violado el gobierno corporativo. A Fitch no alcanzamos. Es muy triste que a Fitch lo hubieran llamado a decirle que nos bajaran la calificación. No es que Fitch hizo el análisis, no, lo llamaron”.
¿Quién los llamó?
“Varios actores lo llamaron. Fitch no toma decisiones si no están informadas y para tomar la decisión que tomó, con premisas falsas, tuvo que haberse soportado en información de buena fuente, pero equivocada. Se comprometieron a corregir en lo que se refiere al texto como tal que utilizaron para bajar la calificación porque dijeron, por ejemplo, que el alcalde trató de cambiar el objeto social sin pasar por junta. Las pruebas están. Yo no las tengo que mostrar. A eso le trataron de dar otra vuelta, que no, que sí pero que como eso necesitaba un cambio de estatutos eso necesitaba aprobación. No.
Hay mentiras que se caen y se caen solas, como por ejemplo, la del documento que estaba escondido. El objeto social sí había pasado por junta. Eso es indiscutible. No hay nadie a quien no le hayamos mostrado las pruebas que no diga: tenían razón, no se violó el gobierno corporativo”.
Retomo la primera pregunta, ¿hubo algún error suyo?
“Uno podría decir que debí haber actuado más rápido. Cuando ocurre lo del objeto social, estábamos en la subida del pico al coronavirus, yo tomé la decisión, a pesar de que sabía que se estaba esparciendo una mentira a través de medios, dije que más bien lo hacíamos en octubre y en este tiempo mostramos la verdad. Y resulta que no haber salido a decir de una vez que se estaba diciendo una mentira, permitió que a la hora de que la junta renunciara por la demanda, ellos sumaran una mentira que yo había dejado viva.
Debí haber salido a decir de una vez que se estaban diciendo una mentira alrededor del objeto social. No lo hice, incluso, por mantener las buenas formas, y porque a mí, en términos de gobierno corporativo, me han enseñado que esas cosas hay que tratar de no manejarlas en medios.
Y como los miembros de junta salieron en medios a decir que yo había tratado de cambiar el objeto social sin pasar por junta, me pareció que eso fue un error de ellos, y por cuidar la empresa, tomé la decisión de no responder. Lo mejor era haber respondido de inmediato. Eso quizás hubiera evitado que se hubieran sumado las dos mentiras”.
¿Qué dice la matriz de riesgo ante una futura demanda por Hidroituango?
“EPM tiene matrices de riesgo para todo. A eso hay que sumarle que, dado que había ocultamiento de información, es fácil llevar a un error a la empresa. Se nos decía y se le dijo a la ciudad, y estoy seguro que a EL COLOMBIANO también, que si se demandaba a los contratistas se afectaba la póliza, pero ellos sabían que el dictamen con el que pagó la aseguradora era de responsabilidad sobre los contratistas. Entonces, cuando se hace el análisis de riesgo sin la información adecuada, se lleva a errores a la organización, a pesar de eso, la matriz de riesgos decía que había que avanzar en una conciliación. ¿Qué era lo que querían algunos? Que esa conciliación no ocurriera a través de la Procuraduría porque preferían una conciliación por fuera de los estamentos legales. La obligación es llevarlo a la Procuraduría. Eso es lo que hace el gerente, toma la línea de avanzar para no dejar vencer términos. Ahora lo que muestra el nuevo documento es que si no se logra la conciliación, hay demanda”.
Pero el 31 de diciembre termina el contrato del constructor, ¿qué va a pasar si falta 20 % por ejecutarse?
“Hay varias alternativas que viene considerando la empresa y que tendrá que tomar la decisión la junta. Entre esas alternativas está que se continúe la ejecución hasta el final. Y ya empiezan a nacer alternativas, que nosotros no queremos que continúen. Eso por ahora no se ha discutido ni es realmente un interés particular de la empresa según he podido escucharle al gerente.
Segundo, que nosotros queramos que continúen, pero ellos no quieran continuar. En ese escenario o en el anterior, la empresa debe preparar un plan B en caso de que sea necesario. Se ha tratado de vender la idea de que lo que hay detrás de esto es un interés de cambiar contratistas. No es así. Nosotros tenemos una obligación ética de recuperar los recursos que están embolatados. Por lo menos intentarlo, pero no podemos hacer lo que pasó en juntas anteriores, en las que cuando había pleitos de este tipo, decían ‘no demandemos’, ¿conciliamos? Tampoco. ¿Los términos? Dejemos vencerlos”.
¿En qué casos pasó?
“En Bonyic (Panamá), en Porce III. No recuperamos recursos. Esa no puede ser la historia ni el comportamiento de EPM. Cuando hay un pleito hay que ganarlo. Porque eso es lo que hacen todas las empresas del mundo. A nosotros todo el mundo nos demanda. Nos demandaron los que hicieron la PTAR de Bello por 200 o 300 millones de dólares, ¿Y nosotros no demandamos a nadie? No. Las empresas tienen que salir a defender sus derechos”.
Si se cambian los contratistas, ¿cuál sería el retraso? El sindicato habla de la declaratoria de urgencia manifiesta y la llegada de la estatal china Tres Gargantas...
“Yo no sé cuál es la cosa que tienen con Tres Gargantas (...) Hay personas diciendo que se quiere cambiar la empresa brasileña por una china. Ni brasileña ni china, ojalá la hicieran colombianos. ¿Qué tiene que ver la demanda con eso? Nada. Ojalá no se generen retrasos posibles pero tenemos que estar preparados en caso de que ellos se quieran ir. Y si se quieren ir, EPM tiene que resolver el tema como sea necesario, con recursos propios, con personas propias. Estamos a un 20 %, realmente hay una operación muy crítica que es la de cerrar el último túnel, esa no afecta los tiempos de la puesta en funcionamiento, pero afecta los tiempos de tranquilidad aguas abajo. El resto de las obras son básicas: terminar de remover cosas y poner concretos. Que lo haga quien lo tenga que hacer, pero la desviación que se ha tratado de crear de que vienen unos chinos para reemplazar a los brasileños me parece una cortina de humo”.
Usted dice que hubo ocultamiento del informe de los reaseguradores pero el gerente actual dijo que no fue radicado. ¿Qué pruebas tiene de que la junta pasada lo conoció y lo engavetó?
“La primera noticia es que el GEA admitió, a través de Sura, que conocía un informe en el que se probaba que no había sido una falla imprevisible como se venía diciendo en la ciudad, en los medios, en EL COLOMBIANO. También es una prueba de que demandar a los contratistas no afectaba la póliza. Me parece muy valiente que el GEA, a través de Sura, ya admita que conocía ese documento. En efecto, es verdad. Es Mapfre el que tiene la relación con EPM y lo normal es que Mapfre le hubiera entregado, siempre ocurre así, el informe del reasegurador a la empresa, porque es el documento que se utiliza para decir si pagan o no. Y son discusiones sobre el documento. Ese documento, además, es construido por Advanta Global Services, empresa que es escogida entre Mapfre y EPM. Jorge Londoño de La Cuesta viajó a Londres, donde ellos, y ellos vienen acá. Pero además la relación de Jorge Londoño y Mapfre es muy cercana. Y así como el documento lo conocía el GEA, Sura, y todos estos miembros, era imposible que se lo hubieran ocultado al gerente de la empresa”.
Pero no se radicó en EPM...
“Porque no quería que se radicara”.
Entonces cómo se oculta algo que no se tiene...
“No, la pregunta es por qué no se radicó”.
Pero eso no prueba el ocultamiento...
“La pregunta es por qué no se radicó el documento que probaba que no había sido una falla imprevisible, que los contratistas debían responder por el resto de la plata que no va a responder la aseguradora. Por qué ese documento no se vuelve oficial y, en cambio sí, lo entrega un funcionario de EPM al vicepresidente Jurídico diciéndole que estaba allí escondido, y dice: ‘para que no demandarán al contratista’”.
¿Qué investigación tiene ese funcionario?
“Estamos en ese proceso. Ya fui a la Fiscalía a entregar ese documento y a informar”.
¿En qué afectó la renuncia de la anterior junta las relaciones con la banca?
“Para ser franco, nunca estuvieron paradas. Yo pedí que se avanzara en un proceso disciplinario para entender si hubo ligereza a la hora de entregar información relevante porque en principio se dijo que Bancolombia y Davivienda nos habían cerrado operaciones, los llamamos y dijeron que no. Eso fue el resultado de unas comunicaciones verbales, pero no fueron oficiales ni se materializaron”.
¿Hubo algún diálogo especial con Bancolombia por tratarse del GEA?
“No mezclamos cosas. Esto es un problema jurídico que tiene que avanzar, implicados los que estén implicados. El resto de las relaciones siguen: de la Alcaldía y EPM con Bancolombia y con el resto de actores. Nosotros no hicimos una junta ni pro GEA ni contra GEA. Garantías para todo el mundo y ventajas para nadie”.
Sinpro menciona contrataciones externas por $7.000 millones para la defensa jurídica, ¿cómo ejerce el control de austeridad en EPM?
“En EPM hay varios sindicatos, no uno, y la mayoría de sindicatos apoyan las acciones que venimos realizando. A Sinpro es el que más espacio le dan en medios, pero el resto ha publicado cartas. Hay que decir también que varios de los hoy investigados y que tomaron decisiones hacen parte activa de Sinpro y han dicho mentiras: dijeron que el gerente tenía una oficina de $3.000 millones y era mentira. Cuando llegamos al nivel en el que se pasa la línea de la verdad al del chisme eso no solo le hace daño a la empresa que tiene bonos, sino que deja en duda la institucionalidad de Sinpro y sus objetivos. ¿Por qué tantas mentiras?”.
Pero la pregunta es por $7.000 millones para la defensa jurídica, ¿es mentira?
“EPM tiene demandas que le valdrían billones de pesos porque a nosotros sí nos demanda todo el mundo. Por ejemplo, la JEP nos inició un proceso cuyo resultado puede suponer perder toda la represa y habría que desmantelarla. Nosotros decimos que de ninguna manera y a Hidroituango lo tenemos que sacar adelante porque ¿cuánto vale parar toda la represa? Los abogados no son precisamente cualquier cosa, es el abogado de Uribe. Se contrata gente porque sabe de eso y no porque haya una estrategia de favorecer a unos o a otros. En EPM se toman decisiones técnicas”.
También hay cartas de altos directivos y empleados cuestionando el rumbo de la empresa y las actuaciones del gerente. ¿Ha hablado con ellos?
“Fue muy triste que algunos medios de comunicación publicaran ayer (jueves) que el gerente saliente (Jorge Londoño) les pidió a los funcionarios que le hicieran oposición a la nueva gerencia y a la alcaldía que llegara. Eso es politizar la empresa. Así como han llegado esas cartas, han llegado muchas de apoyo y la información que se está empezando a conocer es gente de EPM que la ama y que no estaba feliz con lo que estaba pasando”.
En esta crisis hay un distanciamiento con el sector empresarial de la ciudad porque se siente a un alcalde gobernando solo, ¿buscará enderezar esas relaciones?
“Créame que muchos empresarios de la ciudad están de acuerdo con las decisiones tomadas. Todos ganamos si trabajamos unidos. Pero ganamos más si ese trabajo se hace desde el marco del respeto, dando garantías a todos, pero ventajas a ninguno” .
