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Tres días de cárcel para funcionarios de Turbo que se negaron a desalojar a 200 familias

  • La alcaldía de Turbo asegura que cumplirá la orden pero primero debe establecer un plan para los desalojados. FOTO: ARCHIVO
    La alcaldía de Turbo asegura que cumplirá la orden pero primero debe establecer un plan para los desalojados. FOTO: ARCHIVO
15 de diciembre de 2021
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Hasta el pasado viernes 10 de diciembre, la alcaldese encargada de Turbo, Tatiana María Pineda, y el secretario de Gobierno del municipio, Alex Junior Córdoba, tenían plazo para cumplir la orden judicial de desalojar a 238 familias que ocupan un predio que pertenece a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Pero no lo hicieron.

Por eso, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó emitió una orden de arresto al considerar que los funcionarios incurrieron en desacato, por lo que deberán pagar tres días de cárcel.

Pineda y Córdoba tomaron esa decisión cumpliendo con una instrucción del propio alcalde, Felipe Maturana, quien se negó a que su administración cumpliera con una orden que calificó como revictimizante.

“Respeto las instituciones y acato como Administración Distrital las decisiones del Juez Primero de Restitución de Tierras, pero no comparto que la Ley se convierta en la herramienta para seguir revictimizando a más de 200 familias que serán desalojadas de sus casas, donde han vivido los últimos años. La alcaldesa (e) y el secretario de Gobierno de Turbo, pagarán 3 días de prisión por seguir mi orden de no desalojar a estas familias en navidad, hasta que como estado les podamos garantizar los derechos básicos. Mi solidaridad con ellos”, expresó el mandatario.

Por su parte, el secretario de Gobierno manifestó que la administración cumplirá la orden judicial, pero que necesita planificar qué hará con las familias que deban ser desalojadas y que no pueden simplemente sacarlas del predio y dejarlas a la deriva.

Pineda y Córdoba deben cumplir el arresto en la estación de Policía de Turbo o en una guarnición militar, además desembolsar cada uno cinco salarios mínimos legales vigentes.

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