Las autoridades investigan la procedencia de los carros que entraron a la parranda vallenata, ya se sabe que uno pertenece a un miembro del Inpec. ¿Insisten en diálogo para apoyar a Cepeda?
El escándalo de la semana pasada con la parranda vallenata que hicieron varios capos en la cárcel de Itagüí, no ha parado. Ayer, por ejemplo, se confirmó que entre los carros que entraron al penal —algunos lujosísimos como una Toyota Sequoia, que es necesario importar, o una camioneta Mercedes Benz—, estuvo una SUV Ford Ecosport de placas EPW410, registrada como vehículo oficial y vinculada al Inpec.
Al dato llegó el diario El Tiempo, que aseguró en un artículo que el carro es conducido por personal de la entidad. Incluso, se confirmó que un dragoneante vinculado desde 2013 recibió un comparendo en octubre de 2024 mientras manejaba esa camioneta, tras evadir un semáforo en rojo en Itagüí.
No se trata de un detalle menor, pues como se ha visto en las fotografías de ese día en la portería de la cárcel, publicadas por los concejales Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón, quienes estaban haciendo las veces de guardias eran unos hombres vestidos de negro, indumentaria nada parecida a la que llevan los guardianes del INPEC. Es decir, la entrada de la Ecosport revela que los funcionarios sí sabían lo que estaba pasando.
Las autoridades también avanzan en la identificación de otras camionetas que aparecen en los videos. Entre ellas, una Toyota Land Cruiser 300 blanca, de placas LLY822, importada en 2022, y una camioneta Mercedes de placas KPO745.
En las grabaciones se observa cómo los hombres de negro verificaban a los ocupantes antes de permitirles el ingreso, lo que refuerza la hipótesis de un control paralelo dentro del penal.
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En el caso de la Toyota, se adelantan verificaciones para descartar un posible ‘gemeleo’ de placas. Las autoridades buscan al comerciante de vehículos de alta gama en Medellín que figura como propietario, identificado como Jacobo Saldarriaga Suárez.
Y aunque pocas preguntas se contestan sobre lo que verdaderamente ocurrió en la cárcel, los cabecillas de las bandas, que actúan como voceros de la paz, montaron un comunicado en redes sociales para decir que asumen el costo político de lo sucedido.
“Somos plenamente conscientes de la responsabilidad política que implica ejercer la vocería de paz dentro de este proceso. En ese sentido, los hechos recientes ocurridos en la cárcel de Itagüí deben ser asumidos con seriedad y en su justa dimensión. Por ello, les ofrecemos a través de la presente excusas públicas y asumimos la responsabilidad política que nos corresponde como voceros de paz y personas privadas de la libertad en proceso de resocialización. Entendemos y lamentamos el grave daño que dicho evento genera a la confianza y credibilidad que la sociedad y el Gobierno Nacional nos ha depositado”.
Sin embargo, esa supuesta responsabilidad asumida se escurrió párrafos después, cuando señalaron que lo que allí pasa no es su responsabilidad: “Lo sucedido no puede reducirse a interpretaciones simplistas ni a responsabilidades individuales. Se trata de un ejercicio complejo y colectivo, en el que intervienen distintos actores y decisiones; por tanto, no es adecuado presentar a la vocería como el único factor responsable de situaciones que responden a la realidad carcelaria”.
Y aunque aseguraron que no tienen la responsabilidad plena de la fiesta, sí se comprometieron con evitar que “hechos como el que se presentó se vuelva a repetir”, además le solicitaron al presidente Gustavo Petro que levante “la suspensión ordenada para los diálogos de paz”.
Pese a que después de tres años la mesa de paz no ha dado resultados, pues la baja en homicidios en Medellín es una dinámica sostenida desde hace casi diez años, los voceros siguen empeñados en la misma.
Varias fuentes dicen que uno de los compromisos que tienen para poder tener beneficios (que cada vez son más difíciles, pues se les cayó el levantamiento de órdenes de captura) es apoyar la campaña de Iván Cepeda.
En un chat referido a este periódico, una fuente señala que el compromiso sería salir a los barrios para asegurar votos, algo parecido a lo que dijo el candidato Roy Barreras que se estaba haciendo con la política de paz total.
Fuentes le señalaron a EL COLOMBIANO que la lógica para los cabecillas es muy simple: si gana cualquier otro candidato que no sea Cepeda, “se pierden cualquier posibilidad de paz, que sería libertad, y que les permitan conservar parte de su riqueza”.
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