2.500
hombres de la Fuerza Pública recuperaron el control en la zona minera invadida.
Cuenta la historia que en 1538, 46 años después de la llegada de los españoles a América, el cacique Buriticá, que vivía forrado en oro, murió en la hoguera por no entregar un tesoro que tenía oculto en lo alto de una montaña llamada El Chocho, que conserva el mismo nombre y a donde todavía llegan buscadores a tratar de hallar el baúl de esa fortuna que, al parecer, tenía dimensiones incalculables.
Según María Lucelly Higuita, historiadora, el cacique Buriticá en realidad se llamaba Tapeepe y prefirió entregar su vida antes que servirles a los invasores su fortuna en bandeja.
“Juan Badillo fue el primer español en llegar a Buriticá en 1538, llegó con sus hombres, entre ellos un francés de apellido Noguerón, y al enterarse de que el cacique Tapeepe tenía oro en abundancia, le pidió una parte. El cacique, entonces, envió a su esposa a traer el oro mientras en el pueblo los españoles esperaban. Como pasaron cuatro días y la mujer no regresaba, Badillo envió a Tapeepe al monte con cuatro soldados a traer el tesoro, pero cuando estaban escalando, el cacique se echó a rodar por el monte con algunos de los soldados. Quería suicidarse y no lo logró. En señal de castigo, Badillo lo ató a una pira y le prendió fuego. Dicen que murió en el mismo lugar del parque donde hoy está la escultura del cacique Buriticá”, cuenta la investigadora.
Este suceso demuestra que en Buriticá, pueblo de 9.359 habitantes (censo 2018) en el Occidente antioqueño, la lucha por el oro no es nueva. Antes de la llegada de los españoles, la montaña vomitaba oro y los indígenas aprendieron a extraerlo y se hicieron grandes fundidores.
Había tanto oro -dice María Lucelly-, que los españoles cuando caminaban se topaban con piedras de oro del tamaño de una cabeza.
“Cuando llovía, en los arroyos flotaban las esquirlas doradas. Buriticá tenía tanto oro, que los indígenas no cultivaban la tierra sino que más bien intercambiaban el oro por comida y ropa, era un pueblo muy bien vestido”.
Pero 482 años después del sacrificio de su líder, la historia dorada de Buriticá no cambia. Tras un receso de cerca de 200 años -durante los cuales la agricultura entró a dominar la economía de localidad-, el oro volvió a ser el epicentro de la actividad y los conflictos. No es para menos, pues no es fácil mirar de reojo unas montañas que alternan bosque y metal y seguir de agache como si el oro pudiera quedarse oculto entre el vientre de la tierra.
De algún modo, los años donde no hubo explotación a gran escala se dieron porque los españoles, sanguinarios hasta la crueldad, asesinaron sin piedad a indígenas y esclavos, se quedaron sin mano de obra que extrajera el oro y sin fundidores y tuvieron que irse del territorio a buscar fortuna en otras tierras.
Pero el gigante estaba ahí y hace unos diez años Buriticá empezó a escribir el segundo capítulo más amargo de su historia, cuando miles de mineros provenientes de otras zonas de Antioquia y hasta de Perú y Ecuador, llegaron a perforar las montañas para extraer el metal de las formas más rudimentarias, sin normas, sin permisos, sin respeto por el medio ambiente, en una combinación de formas de explotación minera que generaron caos y convirtieron a uno de los pueblos más tranquilos de Antioquia en un territorio de prostitución, drogadicción, alcoholismo y, aunque danzando en los millones, sumido en la desesperación social y cultural.
Del caos a operación Creta
Las cuentas de las autoridades decían que en esos años, Buriticá, que tenía algo más de 7.000 habitantes, llegó a tener 13.000. La fiebre del oro empezó con algunas notas de prensa que recordaron el mito (¿o realidad?) de que Buriticá sí descansa sobre una montaña de oro. Ya en 2007 había llegado la multinacional canadiense Continental Gold, dueña de un título minero que abarcaba territorios de Buriticá, Santa Fe de Antioquia, Giraldo y Cañasgordas.
Pero a la par con sus labores de exploración ajustadas a la normatividad nacional, llegó el caos de la informalidad y la ilegalidad y el pueblo, en vez de beneficiarse de la bonanza, empezó a padecerla.
“Acá se hizo común que todos los días llegaran personas a que les autenticaran documentos de asociaciones, de sociedades mineras, hasta 40 por día, y yo no me podía negar porque los documentos estaban en regla”, cuenta Eduardo Antonio Sepúlveda, notario único del circuito del Buriticá en el cargo hace veinte años y quien le teme a que esa fiebre del oro regrese al que ahora es su pueblo.
Hace solo 15 años, entre el casco urbano y la vía al mar, había una carretera que recorría un sector despoblado, rural, de árboles y quebradas cristalinas. La transitaban unos pocos vehículos y el bus que llegaba o salía del casco urbano si acaso cuatro veces al día. Pero en 2013 y 2014, ya se contaban más de 700 motos en ese trayecto. Los bordes de la carretera se llenaron de casas, muchas de ellas ranchos de cartón, madera o plástico y gran número sin los mínimos servicios públicos.
En medio de la montaña, al lado de los socavones, estaban los bares y cantinas donde los mineros gastaban sus fortunas en noches de licor, drogas y sexo por dinero, muy bien pago a muchachas que llegaban desde Medellín y otras regiones a ejercer la prostitución a la vista de todos.
“Hubo bares y discotecas muy conocidos, uno los veía desde la carretera cuando pasaba, había ya mucha descomposición social”, recuerda Eduardo Varela, un viejo fotógrafo de la localidad, que convirtió su casa en un museo de imágenes que registran matrimonios, primeras comuniones, graduaciones y paseos de olla de los más viejos pobladores de esta localidad.
Fue un periodo oscuro que dejó secuelas y que los más arraigados al pueblo no quieren que se repita. Son los mismos que agradecen la llamada Operación Creta, que en un esfuerzo interinstitucional de la Gobernación, la Fuerza Publica, la Fiscalía y las corporaciones ambientales, en un lapso de cuatro años, cerraron minas ilegales e informales y devolvieron a los mineros a sus respectivos territorios, pero que hoy lanzan la alerta por el riesgo de un retorno del caos.
Desde la alcaldía
La primera voz de alerta sobre los nuevos amagos -ya reales- de proliferación de minería sin orden, llega del alcalde, Luis Hernando Graciano Zapata, quien si bien celebra el inicio de operaciones de explotación del Proyecto Buiriticá, que genera empleo y traerá nuevos impuestos para su localidad, expresa preocupación por los signos de retorno a gran escala de la minería ilegal, que dejó tantas secuelas negativas en su municipio.
“En esa época se nos desbordó todo, el hospital, el colegio, los accidentes en moto se multiplicaron, algo que antes no se veía, y usted sabe que los jóvenes son muy vulnerables y acá quedaron secuelas de drogadicción y alcoholismo que no es fácil de erradicar”, afirma el mandatario.
Sostiene que en la zona rural, por el sector de Los Arados, hacia los municipios de Giraldo y Cañasgordas, ya hay focos de minería ilegal que están afectando las fuentes hídricas. La quebrada La Encalichada, una de las más importantes de Buriticá, ya ha mermado su caudal y se está contaminando.
“El acueducto municipal está siendo intervenido en el trayecto de conducción por algunos sectores y ya hemos tenido racionamiento”, advierte y denuncia que el fenómeno empezó el año pasado.
Pero aclara que aunque es conocedor del tema como otras autoridades del nivel departamental, su administración sola no tiene los dientes para enfrentar el problema.
En el mismo sentido se pronuncia el personero municipal, Julio Guzmán. Añade que las situaciones descritas por el alcalde son las mismas que denuncian los campesinos residentes en las zonas explotadas por minería ilegal.
“La comunidad ha venido con sus denuncias, además de afectar las fuentes hídricas, están deforestando y acabando con los recursos naturales. A nivel municipal ese fenómeno no podemos contenerlo, pues no hay pie de fuerza ni recursos para enfrentarlo”, advierte.
Hace unos veinte días, incluso algunos ciudadanos marcharon en señal de protesta y reclamando apoyo del Estado para evitar que la situación se desborde. Esto habría originado amenazas contra algunos líderes sociales y campesinos de las veredas afectadas, cuentan en el pueblo.
Control a minería ilegal
Tal como viene sucediendo hace cinco años, a la orilla de la carretera al Mar, donde está el ingreso a Buriticá, hay un puesto de control policial. A lo largo de los cerca de diez kilómetros de vía que hay hasta llegar al casco urbano, también se observan policías y soldados haciendo controles.
Pero esta labor es insuficiente. De un lado, porque el problema ya no es en la vereda Los Asientos, en una zona ya urbanizada debido a la primera invasión minera, sino en la zona rural, monte adentro. Y del otro porque, al parecer, los mineros están ingresando al territorio por Giraldo y Cañasgordas.
El secretario de Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Suárez, confirma que conoce la situación y ya se han adelantado reuniones de trabajo con las diferentes autoridades para tomar correctivos.
“Una comisión integrada por Policía, Ejército, Fiscalía, Corantioquia y la Secretaría de Minas hace una evaluación del terreno. En los próximos días se iniciará una intervención orientada a controlar la minería ilegal y las problemáticas asociadas, como venta de estupefacientes, extorsión y prostitución” dice. Añade que el reto será que estas intervenciones sean sostenibles en el tiempo, “aspecto que, a mi juicio, no logró Creta”.
“Es una realidad que acá hay oro y que la minería no es mala, se podría vivir de ella con una economía más organizada, sin dañar los recursos ni acabar con el ecosistema”, señala la historiadora María Lucelly Higuita, quien reafirma que Buriticá sí está sobre una montaña de dorada: “el oro lo está extrayendo desde los tiempos prehispánicos”, pero desde esa época ha rodado también sangre y muerte por la fiebre del oro, ese metal que destella, tan apreciado por los hombres .
5.000mineros con sus familias se asentaron en Buriticá antes de la operación Creta.
