Una vez se hicieron públicas las denuncias de abuso de 14 menores de edad, en un hogar de Buen Comienzo de Medellín, diferentes entidades –incluyendo a la Alcaldía, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo– empezaron a trabajar para determinar qué fue lo que sucedió y por qué razón.
Por un lado, el fiscal general, Francisco Barbosa, que llegó ayer a Medellín, confirmó que un grupo interdisciplinario adelanta la investigación para establecer la situación del presunto responsable: “No descartamos ninguna hipótesis y estamos trabajando en la protección de estos niños y niñas. Esperamos pronto poder mostrar resultados”.
Por otro lado, la Cooperativa Multiactiva San Antonio de Prado-Coomulsap, operador del jardín donde se habrían registrado los hechos denunciados, emitió un comunicado en el que “repudia” lo sucedido.
En la misiva, que está firmado por María Teresa Gómez Salazar, representante legal de la Cooperativa, se menciona que llevan más 33 años en el sector educativo de Medellín y el departamento, y enfatizan: “Es la primera vez que nos vemos enfrentados a la escandalosa situación en la que uno de los contratistas es señalado por cometer abusos a dos menores atendidos en la sede - Centro Infantil Pequeños Exploradores B-, la cual hemos administrado durante 8 años”.
Sin embargo, el operador podría ser sancionado por la Alcaldía si la investigación del proceso sancionatorio, que ya se inició, concluye que hubo alguna omisión o irregularidades en la prestación del servicio contratado.
Para este caso, además, la Defensoría del Pueblo nombró –sin dar a conocer su nombre– a un defensor público, quien se encargará de representar a las familias de las víctimas durante todo el proceso legal a iniciar. Esta entidad también activó la ruta de atención con los organismos de control, incluyendo a la Procuraduría, para hacer seguimiento del caso.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, recordó que los niños gozan de especial protección del Estado, y se les debe prestar una mayor atención: “Resaltamos la necesidad que recae en las entidades prestadoras de servicios para la infancia, de adelantar procesos de selección idóneos para que los profesionales que se vinculen a instituciones de cuidado de niños y niñas no pongan en riesgo su integridad y derechos”.
En un comunicado de prensa, Medellín cómo vamos afirmó que “las administraciones municipales, los prestadores y los entes de control deben cumplir la Ley 1146 de 2007, por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente”
