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La tarea de prevenir el abuso sexual en los colegios de Medellín

El 4% de los casos de abuso sexual infantil, en 2018, ocurrió en instituciones educativas.

  • La ruta inicial para atender un abuso sexual es, de acuerdo con las autoridades, llamar al 123 línea social, dirigirse a una comisaría de familia, al Caivas, la Fiscalía o a un centro de atención del Icbf. FOTO: Andrés Camilo Suárez Echeverry
    La ruta inicial para atender un abuso sexual es, de acuerdo con las autoridades, llamar al 123 línea social, dirigirse a una comisaría de familia, al Caivas, la Fiscalía o a un centro de atención del Icbf. FOTO: Andrés Camilo Suárez Echeverry
05 de agosto de 2019
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En la institución educativa San Vicente de Paúl de Robledo, 10 estudiantes fueron reportados como víctimas de abuso sexual este año. Siete de estos casos se dieron en niños menores de 8 años, mientras que tres ocurrieron en menores de 14 años de edad.

De algunos se enteraron porque los mismos niños lo contaron. Otros, en cambio, fueron detectados por los profesores, quienes notaron en ellos cambios en el comportamiento, como el excesivo silencio o la rabia.

Así lo cuenta Yolanda Lozano, rectora del colegio, quien explica que para atender una sospecha de abuso sexual infantil lo primero que hacen es activar el Comité de Convivencia (conformado por el rector, coordinador, psicólogos y el acudiente del menor).

Inmediatamente el reporte es enviado al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, a la Unidad de Reacción Inmediata y al Icbf. “Nunca dejamos solo al niño o niña. Cuando el abusador está en la familia, el Icbf los retira por protección, pero jamás se desescolariza”, dijo Lozano.

De acuerdo con la Unidad de Niñez de Medellín, las denuncias de violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes van en aumento a partir de 2016, con un incremento promedio de 13 % por año. Así, mientras 2017 cerró con 1.951 denuncias, en 2018 se presentaron 2.131.

El lugar más inseguro sigue siendo la casa, pues concentra el 47 % de los casos. Y las más afectadas son las niñas, que a 2018 representaron el 87% de las denuncias por violencia sexual.

De acuerdo con la Unidad de Análisis de delitos sexuales del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia, el 4% de los casos de violencia sexual el año pasado se presentó en las instituciones educativas.

La percepción de seguridad

Este tipo de situaciones también fueron evidenciadas por el informe. “Entre miedos y restricciones: experiencias de mujeres y niñas de Medellín”, presentado en julio por la alianza “Zoom por los derechos de las mujeres”, un colectivo conformado por cuatro organizaciones sociales: Corporación para la Vida Mujeres que Crean, Corporación Educativa Combos, Corporación Convivamos y Corporación Amiga Joven.

Tras dos años de investigación, Zoom presentó un estudio para el que entrevistaron a 459 niñas y mujeres entre los seis y los 81 años, en 11 de las 16 comunas de Medellín.

También visitaron 16 instituciones educativas y dibujaron mapas de los barrios con las participantes y sobre ellos las niñas y mujeres señalaron los sitios en donde se sentían inseguras.

María Yaneth Álvarez, de la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, puntualizó en que el informe que construyeron se trata más de un estudio de percepción, puesto que no está enfocado en las cifras, ya bien conocidas, sino en las voces y en las experiencias.

Los 459 testimonios recolectados permitieron concluir que en los barrios en los que hay presencia de microtráfico, grupos armados, delincuencia y pobreza, se acrecienta un circuito de inseguridad, en el que las niñas y las mujeres se sienten más vulnerables.

Gloria María Bustamante, psicóloga y coordinadora de Investigación en la Corporación Educativa Combos explicó, además, que se mantiene una tendencia en los hogares a proteger al agresor y a evitar la denuncia por el temor.

Las experiencias narradas por las encuestadas reflejaron también cómo son condicionadas en sus comportamientos cada vez que salen a la calle: ‘no vayas’, ‘no estés’, ‘no uses’, ‘no camines por ahí’, ‘no hables’.

El trabajo en los colegios también mostró otros resultados. De los 16 que fueron estudiados, el 81 % afirmó tener un protocolo para atender los casos de vulneración de derechos sexuales y reproductivos y el 92% manifestó haberlo socializado con la comunidad educativa.

El informe recomendó fortalecer la ruta de atención en las instituciones educativas porque en los casos presentados en los colegios analizados solo el 63 % activó el protocolo, mientras que en el resto hubo desconocimiento sobre cómo proceder.

Piedad Toro Duarte, de la Corporación Amiga Joven, añadió que “los profesores no pueden saber solo de matemáticas o de español”, sino que deben estar preparados para identificar un abuso sexual.

Camino a la ruta

Cristina Londoño, directora técnica de la Unidad de Niñez de la Alcaldía de Medellín, enfatizó en que a partir de abril de 2017 se creó, desde el Despacho de la Primera Dama, la campaña “Escúchalos”. Con este programa buscan llegar a todas las instituciones educativas, a los centros Buen Comienzo y a los padres de familia.

“Esta estrategia ha permitido que se ponga en la agenda pública el abuso sexual para que no se quede solo en lo íntimo, ni al interior de los hogares. Damos herramientas para identificar las señales y los riesgos”, dijo Londoño.

La directora recordó que la ruta para atender un abuso sexual es, en primer lugar, llamar al 123 línea social, dirigirse a una comisaría de familia, al Caivas, la Fiscalía o a un centro de atención del Icbf.

Si la situación ocurrió de manera reciente y no han pasado más de 72 horas, la recomendación es remitir a la víctima al centro de urgencias de salud más cercano.

Londoño enfatizó en que lo principal es reportar y que hay diferentes canales para eso. De los centros de salud se deriva a Fiscalía y es el comisario o defensor de familia quien decide si el niño continúa en el entorno familiar o se toma una medida de protección (que es llevarlo a una institución especializada).

Responsabilidad de todos

Valeria Molina Gómez, secretaria de las Mujeres de Medellín, explicó que entre 2016 y 2019 se ha atendido a más de 13.986 mujeres en alto riesgo y a víctimas de violencia de género a través de la línea 123. En el mismo periodo se sensibilizaron 31.795 personas en prevención de la trata de personas y violencias sexuales.

La secretaria destacó el acompañamiento constante por medio de la Línea 123 e invitó a las mujeres de la ciudad a reportar cualquier falla que encuentren en este sistema.

“Todos los proyectos están siempre en revisión. Es una invitación a que sigamos construyendo juntas este proceso”, concluyó Molina.

En el caso de Antioquia, en sesión del 12 de julio del Consejo Departamental de Política Social y Equidad de Antioquia, la secretaria de Gobierno Victoria Eugenia Ramírez se mostró inquieta por el incremento de los casos de violencia sexual en el departamento, con un aumento del 200% en el norte del Valle de Aburrá (244 registros en esta zona en lo que va de este año).

Milena Penagos, docente en la Institución Educativa Santa Rosa de Lima de La Floresta, contó que en este colegio trabajan con el apoyo del programa de Entorno Protector y con tres psicólogos.

“Inmediatamente que un docente se da cuenta de un abuso o maltrato infantil lo remitimos a psicología y ellos activan su ruta desde lo profesional”, dijo Penagos.

Camilo Noreña Herrera, investigador de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, opinó que las rutas de atención dependen de la corresponsabilidad ciudadana, es decir, serán más eficientes en la medida en que las personas “dejen de normalizar los abusos y empiecen a denunciar”.

Por lo pronto, dijo, la ciudad está avanzando en la respuesta “y eso es importante para que este flagelo no siga pasando”.

Juan Carlos Álvarez, director de la Corporación de Amor al Niño Cariño, agregó que entre 2014 y 2018 la entidad ha impulsado talleres en 95 colegios de Medellín, un total de 80.000 niños y 30.000 padres de familia.

¿Cómo son estos talleres? En estos encuentros, la Corporación enseña a los estudiantes que son sujetos de derechos, dialogan sobre el cuidado del cuerpo y ahondan en las consecuencias del abuso sexual y por qué no deben permitirlo.

Tras estos talleres, contó Álvarez, muchos niños identifican que han sido abusados. Y comienzan a contarlo, aunque no sea fácil para ellos.

Pero hay muchos que se quedan en silencio, que nunca denuncian. Y, en ese contexto, la indiferencia no puede seguir siendo cómplice.

2.131
denuncias de violencia sexual registró Medellín en menores de edad,
en 2018.
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