Tras 10 años de vigencia de la Ley 1448, más conocida como Ley de Víctimas, el proceso de restitución de tierras llegará por primera vez a dos de los municipios antioqueños más afectados por el conflicto armado: Anorí e Ituango, luego de que el Ministerio de Defensa emitiera el visto bueno de seguridad.
Allí se reportan 59.552 víctimas, según el Registro Único de Víctimas, y actualmente existen 451 solicitudes de restitución, que seguramente aumentarán con la entrada del programa a esos territorios.
EL COLOMBIANO habló sobre las implicaciones de esa decisión con Andrés Castro, director general de la Unidad de Restitución de Tierras.
¿Qué cambió en Anorí e Ituango para que ahora sí llegue el proceso de restitución?
“Teníamos un alto volumen de solicitudes en Antioquia: 22 mil, eso es tres veces más que en un departamento promedio, cuando arrancamos con los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) nos dimos cuenta de que teníamos un cuello de botella con las habilitaciones, especialmente por problemas de seguridad, que no nos permitían hacer los levantamientos topográficos y administrativos para determinar si un predio se debía inscribir en el registro. Lo que he hemos hecho es llegar a municipios que presentaban dificultades. Desde el año pasado venimos habilitando zonas en Antioquia como Briceño, Amalfi y Dabeiba, que fue habilitado en diciembre (junto con el Valle de Aburrá), ahora llegaremos a Anorí y a Ituango, en el marco de los programas PDET, que han comprometido a toda la institucionalidad para que las comunidades que han sido más afectadas por la violencia cuenten con todos los servicios del Estado. Obviamente la restitución de tierras es uno de los más importantes. Entonces, puedo responder que lo que cambió fue la implementación de los PDET”.
¿Ahora cuántas solicitudes están habilitadas?
“De las 22 mil solicitudes hay 16 mil habilitadas, cuando llegamos había 12 mil, 13 mil ya tienen trámite finalizado y 3.500 están aún en trámite”.
¿Cómo se garantizará la seguridad de los equipos que se desplacen, especialmente a Ituango donde actualmente hay varios actores armados?
“Precisamente como Unidad de Restitución estamos viviendo una situación compleja en cuanto a la seguridad, tenemos una comisión desaparecida en Meta hace 20 días, desde entonces tenemos suspendidas las salidas a terreno con monitoreo de la Fuerza Pública, en las que ellos están a los alrededores, como con cordones de seguridad, y estamos realizando únicamente las visitas en las cuales podamos contar directamente con la Policía y el Ejército acompañando a nuestra delegación. Así empezaremos a operar en estos municipios, sin fuerza pública no entramos. Esto es un asunto que no depende de mí, sino de las condiciones del conflicto, y del control del Ministerio de Defensa”.
¿Y si la situación es tan compleja, cómo se garantizará la seguridad de los restituidos?
“En cada sentencia de restitución los jueces emiten órdenes a diferentes instituciones del Estado que deben velar, entre otras cosas, por la seguridad de las familias y las comunidades restituidas. En ellas también se establecen órdenes a la Fuerza Pública en ese sentido”.
El anuncio de la llegada de la restitución de tierras genera muchas expectativas en las familias víctimas de despojo y abandono, para aterrizarlas a la realidad: ¿Cuánto tiempo pueden tardar las primeras decisiones judiciales?
“Claro, este es todo un proceso: inicialmente hacemos la microfocalización, determinamos a cuáles zonas se les da prioridad, iniciando por las cabeceras municipales y luego hacia las zonas rurales; una vez ahí, recibimos las solicitudes e iniciamos el estudio, que puede tardar 90 días, para determinar si el predio debe incluirse o no en el Registro de Tierras Despojadas; luego empezamos toda la etapa administrativa, en la que demostramos todo el caso, explicamos las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se presentó el despojo y el abandono, y por último se le da paso a la etapa judicial, cuyos términos dependen mucho de si hay oposición en el predio o no. En resumidas cuentas, las primeras decisiones pueden darse en un lapso de tres a cinco años”.
En el país, ¿cuáles otras regiones han sido habilitadas por este Gobierno?
“Todo Arauca; Catatumbo, Norte de Santander; sur de Bolívar; sur de Córdoba; la cuenca del Pacífico en Chocó, Valle del Cauca y Nariño; Cauca; Putumayo; Tolima y Guaviare, esas son las zonas a las que hemos podido entrar gracias a que coinciden con las regiones PDET”
