En Colombia, tener un loro como mascota no solo es una práctica común, sino también ilegal y perjudicial para la biodiversidad. Aunque su inteligencia y capacidad para imitar sonidos los hacen atractivos para muchas personas, los loros cumplen un papel clave en los ecosistemas, como la dispersión de semillas y el control de plagas. Su extracción del hábitat natural altera directamente el equilibrio ambiental.
De las 55 especies de loros que existen en el país, 10 están en peligro de extinción, según la Fundación ProAves. Muchos son capturados de forma ilegal, les cortan las alas y los encierran en jaulas para impedir que escapen.
¿Qué dice la ley?
La tenencia de estas aves silvestres está prohibida por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), que sanciona esta infracción con una multa tipo 3 equivalente a 393.440 pesos en 2025.
Además, el animal es decomisado y evaluado por autoridades ambientales para determinar si puede ser reubicado o reintegrado a su entorno.
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Por otro lado, la Ley 1774 de 2016 establece que cualquier acto de crueldad o maltrato contra los animales puede ser castigado con penas de hasta 36 meses de prisión y multas que alcanzan los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, especialmente si el daño causa la muerte o lesiones graves.
El Ministerio de Justicia y del Derecho y las autoridades ambientales hacen un llamado urgente a no tener fauna silvestre en cautiverio y a reportar estos casos a través de la línea 123. El tráfico de animales es uno de los delitos ambientales más graves y silenciosos del país, y frenarlo es responsabilidad de todos.