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Por estos días, el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, ha recibido numerosas cartas en su despacho por cuenta del Decreto 1272 del 3 de agosto de 2016, una norma que regula los montos de la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre; es decir, cuánto debe pagar una persona, empresa o institución por cada animal que saquen de su hábitat natural, aunque no sufra daño alguno y sea devuelto posteriormente.
Las misivas, firmadas por los rectores de las universidades más importantes del país y los directores de los institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental (SINA), pretenden que el Ministerio revise y cambie el decreto.
El problema, según alegan los directivos, es que la norma aplica tanto para la investigación científica...