El Gobierno no va a encontrar estudios que demuestren que la cadena perpetua disminuya, y menor erradique, la ocurrencia de delitos contra los menores de edad. Todo lo contrario: hay estudios que indican que las penas de muerte o perpetua son inefectivas como factor de disuasión.
Quienes delinquen, o bien no tienen en cuenta la pena, o bien hacen todo para eludirla. Así que ella ni incide en su comportamiento. Añadiendo que, en general, la gente no conoce cuáles son las penas imponibles para los delitos.
Lo que los estudios demuestran es que lo que puede disuadir, es la certeza de que habrá una pena cuando se comete un delito. Las penas pueden ser más cortas, pero si hay grado de certeza de que se va a aplicar, ahí sí piensan si cometen el delito o no. Lo que pasa es que con lo de las penas largas se hace política en el peor sentido del término. Estas propuestas son reactivas, no se hace énfasis en las medidas preventivas.
Otra cosa es que las leyes rigen hacia el futuro. Es decir, estas penas perpetuas no se aplicarían para los culpables de los delitos que ahora generan consternación social. No se debe legislar al calor de casos graves.
El derecho penal por sí solo no va a parar estos delitos. Hay una política social, educativa, de salud, que hay que aplicar primero.
