La discusión sobre la ampliación del objeto social de EPM tiene que ser pública. El Concejo de Medellín no debe delegar esa función. Saltarse todo ese conjunto de normativas y las reglas del juego para ajustar el objeto social a un antojo del alcalde, nos parece muy atrevido y muy peligroso.
El principal activo que tiene EPM es la gente, el capital humano. El proceso de estar cambiando cada cuatro años a funcionarios con el conocimiento y la experiencia adquirida, para traer personas que no tienen ni la competencia ni ese conocimiento, destruye valor. Construir capital humano es muy difícil, es un proceso muy larguísimo, destruirlo se toma segundos.
Lo que ocurrió muestra que el gobierno corporativo hay que fortalecerlo y ajustarlo. Se requiere fortalecer los conceptos de auditoría y control social (como se hizo en el período 2001-2003). Se evita aquello de que un alcalde diga que “lo correcto no hay que consultarlo”, pues hay unas reglas de juego que hay que respetar. Hay que establecer un pacto social por la gobernabilidad, en el que participen todos los estamentos de la sociedad, donde haya compromisos de respetar la independencia de la empresa, alejarla de los embates de los políticos de turno. Hay que exigir rendición pública de cuentas.
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