Bajo el engaño de una oportunidad de empleo, una adolescente de 17 años terminó atrapada en una estructura de explotación sexual en Cúcuta, Norte de Santander. La Fiscalía General de la Nación logró que un juez dictara medida de aseguramiento en centro carcelario contra Wilmer Rafael Torres Torres y Stefhanny Michel Amarillo Viviesca, señalados como los presuntos cerebros detrás de una operación que instrumentalizaba menores de edad a través de plataformas virtuales.
El anzuelo: una supuesta oferta de trabajo
Todo comenzó en marzo de este año. La joven víctima fue captada por la pareja, quienes utilizaron promesas de estabilidad económica para convencerla de aceptar una supuesta vacante. Una vez bajo su control, la adolescente fue trasladada a un inmueble que servía como base de operaciones.
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La fiscal explicó las funciones que habrían tenido. “Ellos eran quienes solucionaban la creación de las cuentas necesarias para la transmisión en las plataformas de contenido sexual. Estos la acogieron en la vivienda y se encargaron no solo de facilitar la alimentación, traslado, sino de proveer los medios tecnológicos necesarios y pagos monetarios determinados según lo realizado en las plataformas virtuales para la realización de contenido sexual de la menor de edad”.
La investigación revela que Torres y Amarillo no solo manejaban la parte técnica, sino que administraban cada aspecto de la vida de la menor para garantizar el flujo de dinero. Mientras ellos comercializaban el material y coordinaban encuentros íntimos con hombres mayores, la víctima apenas recibía lo básico para subsistir, como artículos de aseo y alimentación, además de una fracción mínima de las ganancias generadas.
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La fiscal detalló la profundidad de esta instrumentalización en su declaración “cumplían roles determinantes y necesarios para la realización de estas actividades sexuales pues no sólo se encargan de la alimentación, hospedaje, aseo, traslado y acogida de la menor, sino que eran los encargados de la venta de contenido sexual con los usuarios de la plataforma”.
El operativo y la contundencia judicial se dió en articulación con la Fiscalía y la Policía Nacional, que permitió su rescate y posterior entrega al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos. Durante la captura en el inmueble, las autoridades también hallaron sustancias ilícitas, lo que sumó cargos adicionales para Wilmer Rafael Torres.
Pese a que los procesados no aceptaron los cargos, la contundencia de los elementos materiales probatorios permitió que fueran imputados por los delitos de trata de personas, pornografía con menor de 18 años, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, en el caso de Torres. Ahora, desde una celda, la pareja deberá enfrentar un proceso judicial.
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