Nosotros habíamos pedido que la elección de nuevos magistrados del CNE se hiciera bajo las normas de concurso público y meritocracia, pero desafortunadamente no fue posible. Esas normas están en la Constitución y la ley, pero hay un vacío jurídico, porque apenas se ha reglamentado la elección del contralor.
Hay muchos problemas que tiene el CNE y muchas debilidades institucionales. Muy delicada es, por ejemplo, la ausencia de memoria institucional. No tienen un buen sistema de codificación de su jurisprudencia, quienes llegan no tienen dónde consultar las decisiones precedentes. Nuestra normativa todavía consagra a la autoridad electoral como un órgano político y no como técnico, lo cual es problemático, porque esa entidad toma decisiones técnicas porque está llena de funciones técnicas, no solo políticas.
Colombia es un país que vive permanentemente en elecciones, de todo tipo: atípicas, regionales, parlamentarias, revocatorias de mandato, consultas populares, etc. Eso requiere una autoridad electoral muy sólida y capacitada.
El CNE, por ejemplo, no tiene autonomía presupuestal ni financiera, eso lo controla la Registraduría, que se supone subordinada al CNE. No tiene presencia regional tampoco, muy delicado frente a las elecciones regionales y municipales del año entrante.
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