Evo Morales intentará continuar en el poder. No habría alcanzado esta encrucijada sin una severa manipulación de las reglas de juego. La Constitución de Bolivia fue reformada por su propia iniciativa en 2009. El nuevo texto estableció que el presidente y el vice solo pueden ser reelectos por un período consecutivo. Morales consiguió un nuevo mandato, que debía ser el último. Sin embargo, en 2013, el Superior Tribunal Constitucional (STC) ignoró esa limitación: interpretó que el primer período de Morales y su vice, Álvaro García Linera, no debían ser tomados en cuenta.
Empecinados en obtener el tercero, el partido de Morales, Movimiento al Socialismo, aprobó una nueva reforma constitucional en la Asamblea Nacional, que autorizó una nueva reelección. En obediencia al artículo 411 de la Constitución, el cambio debió someterse a un referéndum. Este se realizó el 21 de febrero de 2016. Y la reforma fue rechazada. Morales no aceptó ese resultado y promovió ante el STC una declaración de inconstitucionalidad de la Constitución. Alegó que la reelección es un derecho humano. Y el tribunal le dio la razón.
En Bolivia, igual que en Venezuela, las constituciones son tergiversadas por un Poder Judicial subordinado a las urgencias de un caudillo.
