Urgen resultados en la denuncia sobre si es cierto el cobro de algunos funcionarios regionales del Inpec de “sobresueldos” a los entes municipales para el traslado de detenidos (sindicados) de Unidades de Reacción Inmediata y estaciones de policía a cárceles del nivel nacional.
La Fiscalía señaló esta práctica que reflejaría la crisis de la sobrepoblación carcelaria y el desespero de las municipalidades por liberarse de la manutención y seguridad de los detenidos, aún no vencidos en juicio. No pueden continuar ni el hacinamiento ni el descrédito de la justicia del país.
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