La caída de erradicadores de cultivos ilícitos, la semana pasada, en una trampa tendida por grupos irregulares con minas antipersonal, pero también las denuncias de comunidades indígenas y afros, en Chocó, y de campesinos del Catatumbo, acentúa la preocupación por la reaparición y el aumento de esos artefactos en zonas rurales del país.
Además de las mutilaciones a las víctimas, traumáticas y de por vida, se trata de armas no convencionales que sumen a las comunidades en el miedo y el encierro.
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