El paro armado impuesto por la organización delincuencial “los Caparrapos”, el pasado puente festivo, en algunas poblaciones del Bajo Cauca antioqueño, es inadmisible, condenable. Se convierte en una alerta para autoridades de la subregión y el departamento.
Asesinaron a un campesino. Lo dejaron expuesto, sin permitir retirar su cadáver. Y además pararon el comercio y el transporte público en vías esenciales. Un reto al Estado que anuncia medidas y pie de fuerza, pero que no logra rendir a estos criminales.
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