¿Qué propuestas innovadoras, de mediano y largo plazos, viables y sostenibles, tienen los candidatos a la Presidencia de Colombia para enfrentar el narcotráfico y sus fenómenos de ilegalidad periféricos? Es la pregunta que se hacen los investigadores del tema y los ciudadanos, respecto de un asunto de incidencia crucial en la vida del país: en su imagen y sus relaciones internacionales, en la presencia de bandas y guerrillas en el territorio, en los problemas de seguridad y convivencia urbana y en la reedición de una economía y una institucionalidad penetradas por los dineros de las mafias.
Aparejada a ese contexto está una nueva generación de capos, de jefes, que tiene como estrategia clave procurar un bajo perfil, incluso maquillado con su inserción en los ambientes del jet set, la política, la alta sociedad y la cúpula empresarial. Una “dirigencia mafiosa” que ha logrado infiltrar otra vez los círculos del poder y que, peligrosamente, gana la aceptación, la pasividad o el miedo sociales frente a sus delitos.
Un informe reciente del Observatorio Colombiano del Crimen Organizado, integrado por la Universidad del Rosario e Insight Crime, intitulado “La nueva generación de narcotraficantes post Farc: los invisibles”, advierte la eficacia y crecimiento de capos y redes que enfatizan en consolidar un poder sofisticado: centrado en operaciones financieras que se mimetizan en contextos de apariencia legal, de compartimentación cuidadosa y tecnología de punta en comunicaciones y de un brazo armado reducido a operaciones selectivas y estrictamente necesarias para mantener el statu quo interno de las bandas.
Se trata de una oleada de mafias que además se apoya en una expansión del negocio en mercados dinámicos y en crecimiento: Europa del Este, Países Bajos, Australia, Asia y Japón, además de sus operaciones habituales en Estados Unidos y Canadá. Los valores de la cocaína y su demanda, estimulados por un dólar fuerte, y en medio de una altísima producción en territorios periféricos de Latinoamérica, en países de estructuras debilitadas por la corrupción y la ineficiencia, y con capas mayoritarias de ciudadanos en líneas de pobreza y miseria, dan permanencia y abren oportunidad a empresas criminales al parecer mucho más capaces de innovar que los Estados, los gobernantes y las autoridades.
En un país que sufre el reacomodo de los fenómenos de criminalidad urbana y rural que gravitan y dependen del circuito de las drogas ilegales, con grupos subversivos viejos y residuales y bandas que tienen como cordón umbilical el narcotráfico, cabe preguntarse dónde están las propuestas de los aspirantes a la Presidencia para combatir y desincentivar el principal agente de ilegalidad y violencia de la nación.
Las directrices policiales, financieras, sociales, jurídicas, económicas y políticas mediante las cuales se logre desnarcotizar la realidad nacional. Una tarea que pasa, además, por fijar posturas claras de tratamiento (¿sometimiento y alternatividad jurídica?) a todos los actores de la cadena del narcotráfico.
La salida de las Farc del escenario del conflicto, el fortalecimiento del Eln, los golpes a estructuras como el Clan del Golfo y la Oficina, la narcotización irreversible de las disidencias guerrilleras y la sobreproducción coquera, trajeron cambios y recomposiciones mafiosas frente a las que se requiere saber cuál será el plan de acción del próximo presidente de Colombia.
