Se debe empezar por advertir lo obvio: no se puede reabrir el paso por la Autopista Medellín-Bogotá hasta tanto no haya garantías plenas de seguridad para los conductores y viajeros y sus vehículos. Sería una enorme irresponsabilidad habilitar el paso con el riesgo de derrumbes. Pero aceptada esa situación, sí cabe subrayar la necesidad imperiosa de reabrir la que es una vía esencial para el transporte en la región.
Ya son varios los anuncios fallidos de reapertura, mientras que las vías alternas, Palmas, Santa Elena y El Escobero, además de Cisneros-Puerto Berrío, en el caso de recorridos con conexión al Magdalena Medio, se encuentran a tope por el desvío del tráfico voluminoso de la carretera que une las dos principales ciudades del país, a su vez dos centros económicos interdependientes y capitales.
Las partes afectadas reportan, por ejemplo, sobrecostos que en el caso del movimiento de carga pueden ser del 65 por ciento. Hay pérdidas diarias en el pago de peajes, según informe de este diario, por $500 millones. La gran congestión afectó además, en Año Nuevo y Reyes, el circuito turístico y comercial de la región.
También fatigó la vía Las Palmas. Allí, para completar, se presentó un hundimiento parcial de calzada que restringió carriles y complicó la operación alterna, mientras se adecúa el talud y se remueven 60 mil metros cúbicos de tierra en el kilómetro 14 + 350 m de la Autopista.
Es evidente la importancia de la Medellín-Bogotá y el impacto que causa sobre la vida económica en general y sobre la red de rutas y rutinas que se tejen a través suyo.
El 28 de diciembre comenzó esta emergencia con la detección inicial de inestabilidad en el talud. En la mañana, hubo restricción en la calzada de ascenso, pero en la tarde se procedió al cierre total, por precaución. Era inevitable que gravitara el temor con el recuerdo fresco del alud de El Cabuyal, en octubre 26 de 2016, que dejó 16 muertos.
Se debió proceder a una explosión controlada para acentuar, visibilizar y acelerar la detección de los puntos inestables del talud. Lo que pareció una tarea de ajuste que llevaría no más de una semana ahora va para dos, y las autoridades no se atreven a dar fecha definitiva de reapertura, porque aún los equipos de monitoreo registran grietas y riesgo de movimiento de masas de tierra. El gobernador Luis Pérez aceptó que la tarea resultó mucho “más gigante” de lo esperado.
Del lugar entran y salen 200 volquetas que han logrado remover algo más de 30 mil metros cúbicos de material, incluidas piedras gigantes que son desbaratadas con martillos neumáticos.
Más allá de esta desalentadora descripción del escenario, en la Autopista, en jurisdicción de Copacabana, con dos problemas graves de talud en menos de tres meses, uno de ellos con víctimas humanas, a los analistas y a los ciudadanos medianamente informados les inquieta que se repita este tipo de cierres en una vía con 39 años de servicio y de semejante importancia para Antioquia y el país.
La mezcla de la ola invernal pasada con aguas subterráneas, intervenciones inadecuadas de taludes, a lado y lado de la carretera, con denuncias de explotaciones poco o nada técnicas de materiales pétreos, obligan a poner lupa y ejercer control estricto en un corredor vial que a cada cierre provoca pérdidas millonarias y amenaza la vida y patrimonio de cientos de viajeros, cargueros y lugareños.
Ello sumado a los traumatismos que surgen al imponer un tráfico inusual en otras rutas de menor formato o que no están trazadas para ser el corredor de tractocamiones y del denso tráfico intermunicipal de pasajeros que se derrama hacia el nororiente, oriente y centro de Colombia.
La crisis es un hecho. Igual que los deslizamientos, los cierres parciales o totales y las restricciones en el entramado vial del Oriente de Antioquia. Los esfuerzos por concretar las soluciones y la reapertura no solo deben conducir a la normalización del transporte en la región. Más allá de lo urgente, tienen que recavar en lo importante de definir un plan que ponga fin a emergencias reiteradas.
