La justicia debería ser tema de mayor análisis y propuestas concretas por parte de los dos candidatos presidenciales que se medirán electoralmente el próximo 17 de junio. En la parte programática no puede ocupar un puesto marginal un eje que no solo es definitorio de la calidad institucional del país sino aquel del que depende, en buena parte, que haya verdadera paz social.
Una revisión de los programas de ambos arroja que Gustavo Petro titula su propuesta “Justicia autónoma y libre de presiones políticas”, con un listado de los postulados generales, mientras Iván Duque agrupa bajo el capítulo “Justicia” una serie de propuestas relacionadas con asuntos de lucha contra la corrupción y mecanismos de financiación de campañas electorales.
Hay que precisar, obviamente, que una propuesta en temas de justicia no va a ser ejecutada por el Presidente por sí solo, pues requiere reformas constitucionales y legales que tienen que ser tramitadas en el Congreso. Adicionalmente, se ha consolidado lamentablemente un poder de veto por parte de las altas cortes, que han frustrado varias reformas a la administración de justicia, al ver tocados intereses de los magistrados. En un plan de reforma judicial deberán participar, por tanto, las tres ramas del poder público, con el concurso de la academia y juristas de altas calidades éticas y académicas.
Dentro del catálogo de los múltiples asuntos que esperan definición, consideramos ineludibles los siguientes:
1. Estructura y funciones de las altas cortes. La propuesta de una corte única, esbozada por Iván Duque, está lejos de ser conveniente y él mismo parece haberla revaluado. Los choques de trenes deben cesar en virtud de competencias definidas de forma inequívoca. Deben quitarse sus poderes electorales.
2. Competencias de la Corte Constitucional. Por su propia jurisprudencia, terminó atribuyéndose potestades legislativas y constituyéndose en poder cogobernante.
3. La acción de tutela. Hay consenso en su valor y eficacia. Pero ha dado lugar a excesos judiciales e invasión de competencias de otros poderes. Hay que reencauzarla a su original concepción constitucional.
4. Profunda reforma al sistema penitenciario. La crisis crónica de hacinamiento, violación a la dignidad de las personas, la corrupción en las cárceles y el desorden generalizado requieren decisiones audaces y de largo plazo. Pasa por la dotación en cárceles y construcción de nuevos centros.
5. Ajustes al sistema penal acusatorio. La capacidad de investigación de la Fiscalía requiere mayores medios y especialización.
6. Definir el tribunal para investigación y juzgamiento de aforados, iniciativa bloqueada repetidamente por las altas cortes y que lleva a la impunidad en los delitos cometidos por funcionarios con fuero.
7. Dotación de los juzgados. Proveerlos de tecnología y nuevos instrumentos de gestión, con capacitación a los jueces y funcionarios.
8. Cumplimiento de los términos procesales. La morosidad judicial y acumulación de expedientes, otro problema crónico al que no se le han encontrado soluciones.
9. Facilidades de acceso a la administración de justicia, superando las barreras y facilitando a las personas más vulnerables poder acceder a un servicio ágil y eficaz.
10. Reducir los índices de impunidad. Tal vez la necesidad más sentida por la sociedad colombiana: que los delitos se investiguen, juzguen y sancionen. Un propósito que compete a la Fiscalía y la Rama Judicial pero en cuyo éxito es fundamental la decisión del poder Ejecutivo.
Es reducido el espacio para plantear con mayor detalle las reformas que el país espera, pero los candidatos pueden hacer un interesante ejercicio de reflexión y debate sobre estos asuntos .
