Debido a que los sectores empresarial y sindical no llegaron a un acuerdo en la Comisión Permanente de Política Salariales y Laborales, el Gobierno Nacional debió fijar mediante decreto el aumento del salario mínimo para el presente año. Dicho incremento es del 7 por ciento.
En consecuencia, para 2017 el salario mínimo será de $737.717. Esto representa un aumento de $48.261 frente al salario que rigió en 2016, que fue de $689.455.
Por su parte, el subsidio de transporte para este año quedó en $83.140. De esta forma, el ingreso total devengado por una persona que reciba el salario mínimo será de $820.857.
A pesar de las gestiones realizadas por el Gobierno Nacional a través de la ministra de Trabajo, Clara López Obregón, para que en el seno de la Comisión se alcanzara un consenso (el que hasta el último momento estuvo cerca), ello no fue posible.
No obstante, la ministra se mostró satisfecha del deber cumplido y esperanzada en que la concertación sea el mecanismo a través del cual se construyan la paz y la reconciliación en el país.
La negociación del salario mínimo para el presente año fue particularmente compleja en razón al entorno económico que prevaleció durante 2016.
La desaceleración de la economía, los altos niveles de inflación que prevalecieron durante una parte del año pasado y la aprobación de la reforma tributaria (la que impactará el bolsillo de los consumidores en 2017) fueron factores que pesaron en las discusiones sobre el aumento del mínimo.
Mientras que el menor dinamismo del producto nacional indicaba que era inapropiado hacer alzas exageradas en el salario mínimo, el fenómeno inflacionario de 2016 determinaba que, sin un adecuado incremento del mínimo en 2017, el ingreso real se vería aún más afectado debido al aumento del IVA del 16 al 19 por ciento.
De otra parte, en el seno de la junta directiva del Banco de la República se discutió sobre los riesgos “derivados de la existencia de diversos mecanismos de indexación de precios y salarios”. Es conocido que uno de estos riesgos proviene del incremento del salario mínimo por su impacto en la fijación de diversas tarifas y servicios.
Un factor adicional que se tuvo en consideración fue el comportamiento del mercado laboral, el cual presentó un debilitamiento progresivo a lo largo de 2016.
Así, según el Dane, en noviembre pasado la tasa de desempleo fue de 7,5 por ciento, lo que significó un aumento del 0,2 por ciento con respecto al mismo mes de 2015. Por su parte, para el período diciembre de 2015-noviembre de 2016 el desempleo tuvo un incremento de 0,3 por ciento.
De cumplirse con las proyecciones oficiales de una inflación en 2016 de 5,5 por ciento y entre 4,0 y 4,5 por ciento para 2017, el incremento decretado del 7,0 por ciento permite una ligera recuperación, en términos reales, de la capacidad de compra del salario mínimo.
Más allá del desgaste que representa el ritual de la negociación del salario mínimo, el Gobierno y el sector empresarial deben centrar sus esfuerzos en promover y facilitar la generación creciente de empleo formal y justo, que es el objetivo último de una buena política laboral. Por su parte, los sindicatos deberían coadyuvar en esta tarea, pues lo que debe prevalecer es el bienestar general de la clase trabajadora.
