El gobierno de Panamá debe buscar que el cierre transitorio de la frontera con Colombia no se convierta en una medida superficial, apenas un sobrevuelo a una frontera selvática y porosa repleta de caminos por los que ha pasado, a lo largo de la historia, un caudal de artículos de contrabando y de personas que se mueven a su antojo por los agujeros que es posible hacerle a la selva del Darién.
Este territorio binacional, de una espesura y una riqueza natural alucinantes, dada la extensión de su área pantanosa y generosa en enfermedades tropicales, tiene bien ganada su fama de tapón. Tanto por lo que la humanidad debe proteger de su patrimonio de biodiversidad, como por lo que significa el reto de cruzarla indemne, sin una fiebre.
Hace diez días el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, dijo que cerraba por tiempo indefinido los 266 kilómetros fronterizos con el objetivo principal de contener el flujo de migrantes ilegales, que son, uno a uno, en su mayoría, de origen cubano.
Llegan por Venezuela, cruzan por Ecuador, y luego viajan por Colombia, de la mano de coyotes, en rutas intermunicipales que los ponen en los municipios que rodean el Golfo de Urabá y limitan con Panamá: Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo, Arboletes y Necoclí. También, incluso, se sabe de otros rumbos menos fáciles que empiezan por Mutatá y que, como los demás, termina en las aguas del Caribe, a través del Golfo, o abriendo trocha por la manigua tupida de la Serranía del Darién.
Son puntos intermedios los municipios de Acandí, Unguía y el antiguo asentamiento de Santa María La Antigua del Darién.
Allí están el frente 57 de las Farc, con presencia histórica, y ahora “los Urabeños”, banda criminal que se ha especializado en el tráfico de ilegales. Los caminantes zarpan en lanchas que salen desde el mismísimo muelle de Turbo o a lo largo de playas inhóspitas que se extienden hasta la punta de Puerto Rey, en Arboletes.
Es válido mencionar estas rutas para enfatizar que las autoridades colombianas deben, por supuesto, cerrar estas gargantas por las que cruzan no solo viajeros cubanos sino también nepalíes y africanos. Colombia debe aceptar y tapar el que se ha convertido en un nuevo “hueco” para los inmigrantes que tienen como destino final Estados Unidos.
Hay que observar, claro está, que una política de inmigración rigurosa y un control severo de nuestra frontera con Panamá está sujeto a que se extreme la regulación del paso de aquellos trashumantes por Ecuador y Venezuela. Colombia ha sido, y debe serlo, especialmente cuidadosa con quienes llegan de esos países.
El trasiego de cubanos y de otros ciudadanos de naciones con precarias condiciones de vida, o en emergencia económica, por crisis de distinto orden, ha convertido nuestro país en puerto “disparador” y de paso de miles de personas que terminan en condición de ilegales en Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y, por supuesto, Panamá.
Pero hay aquí un fenómeno más amplio, más complejo, de estructuras criminales asociadas al tráfico de drogas y armas, y a la trata de personas, así como al lavado de activos. No hablamos, pues, de una frontera apacible o apenas vulnerada por quienes cargan en sus morrales el sueño americano. Hablamos de un área plagada de fenómenos criminales, que no se contienen por decreto, sino mediante una lucha policivo-migratoria sostenida y, sobre todo, conjunta.
