La semana pasada, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) publicó el documento anual, conocido como Informe Especial 301, en el cual evalúa a los socios comerciales “que no protegen ni hacen cumplir adecuadamente los derechos de propiedad intelectual”. En este listado aparece Colombia como uno de los países que requiere una “vigilancia prioritaria”.
En su presentación, el representante comercial norteamericano, Robert Lighthizer, recordó que para la administración de Donald Trump la protección a los derechos de propiedad intelectual es una prioridad, y que por eso “este informe envía una señal clara a nuestros socios comerciales”.
En la lista de vigilancia prioritaria aparece nuestro país junto con Argelia, Argentina, Canadá, Chile, China, India, Indonesia, Kuwait, Rusia, Ucrania y Venezuela. Sorprende, por ejemplo, que un país como Chile, socio de Estados Unidos desde hace muchos años y uno de los primeros en firmar Tratado de Libre Comercio, lleve doce años consecutivos apareciendo en esa lista. O que también esté Canadá. Tal circunstancia, no obstante, no debería llevar al Gobierno colombiano a desestimar las fallas que señala el informe de Estados Unidos, que si bien es un documento de su legislación interna, sí tiene implicaciones para Colombia. Así el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo desvincule este informe de la entrada en la OCDE (ver Contraposición), es obvio que en instancias internacionales el país tendrá que rendir cuentas sobre su régimen de protección a la propiedad intelectual y de las medidas eficaces para su cumplimiento.
Porque en concreto, lo que se dice de Colombia es directo y sin florituras: “USTR rebaja a Colombia de la Lista de vigilancia a la Lista de vigilancia prioritaria por su fracaso a largo plazo para lograr un progreso significativo en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo de promoción comercial”, y anuncia que será objeto de revisión fuera de ciclo “para evaluar su progreso”.
Estados Unidos urge a Colombia para acelerar la reforma de su régimen legal de derechos de autor, según los compromisos asumidos en los acuerdos comerciales. Ese proyecto está en el Congreso, y de lo requerido por Estados Unidos, es lo único a lo que el Gobierno colombiano pareció dar respuesta: está “en trámite”. No se ha dicho nada de las otras objeciones: falta de resultados contra la piratería en línea, en particular a través de dispositivos móviles; los operadores sin control de sitios web piratas y aplicaciones móviles; o la gran cantidad de productos pirateados y falsificados que cruzan la frontera o que se venden en los Sanandresitos de todo el país.
Caminar por cualquier centro urbano del país lleva a verificar cómo ante los ojos de todos, incluidas las autoridades, se comercializan toda clase de objetos copiados, falsificados o de contrabando. Las regalías que dejan de percibir los titulares de los derechos de propiedad intelectual, también los creadores colombianos, son incalculables.
Nunca sobra recordar que la propiedad intelectual, entre ella los derechos de autor, es un factor esencial en la economía, el comercio, para los intercambios de bienes y servicios. Los amplios sectores de informalidad -estimulada y tolerada socialmente- así como la inacción estatal, generan enormes perjuicios no solo para el buen estado de las relaciones con los socios comerciales del país.
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