La congresista Karen Manrique será trasladada desde la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, a una guarnición militar en Malambo, Atlántico, donde permanecerá recluida mientras avanza el proceso judicial en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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La decisión fue adoptada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), que definió su reclusión en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad para Miembros de la Fuerza Pública (CAMS EJEMA), ubicada en el Batallón de Ingenieros No. 2 Vergara y Velasco. Este centro cuenta con un pabellón femenino, lo que permitió concretar el traslado.
Inicialmente, se había establecido que la parlamentaria, representante por las curules de paz, cumpliría la medida de aseguramiento en el centro penitenciario El Buen Pastor. Sin embargo, su defensa presentó un derecho de petición solicitando que fuera trasladada a un lugar con condiciones especiales, argumentando posibles riesgos para su seguridad dentro del penal en Bogotá.
En un primer momento, la solicitud contemplaba su traslado a la Brigada Especial de Comunicaciones (BRCOM), en Facatativá. No obstante, las autoridades penitenciarias determinaron que el cupo disponible más adecuado se encontraba en la guarnición militar en Malambo, donde finalmente será recluida.
El traslado se da en el marco del proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia, que llamó a juicio a Manrique por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD. La congresista es investigada por el delito de cohecho impropio, relacionado con la supuesta aprobación de créditos de la Nación a cambio de beneficios burocráticos.
Según la investigación, varios congresistas habrían dado el visto bueno a operaciones de crédito en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) a cambio de cupos indicativos, en un esquema que habría sido coordinado desde altas esferas del Gobierno.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó su captura el pasado 11 de marzo, junto a otros congresistas vinculados al caso. Entre ellos se encuentran Wadith Manzur, quien permanece recluido en la Escuela de Carabineros en Bogotá, así como otros políticos de diferentes partidos.
A diferencia de otros implicados en el escándalo, como los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle —quienes fueron enviados a la cárcel La Picota—, Manrique cumplirá su detención en una instalación militar, una medida que suele adoptarse en casos donde se evalúan condiciones especiales de seguridad.
El expediente judicial incluye pruebas como documentos, grabaciones y testimonios que, según la Corte, evidenciarían la existencia de un esquema de corrupción dentro de la UNGRD. En este, presuntamente, se ofrecían beneficios a congresistas a cambio de su apoyo en decisiones clave relacionadas con recursos públicos.
El caso también involucra a exministros y otros funcionarios que ya han sido imputados y permanecen privados de la libertad mientras avanzan las investigaciones.
Con este traslado, las autoridades buscan garantizar tanto la seguridad de la congresista como el adecuado desarrollo del proceso judicial, en uno de los escándalos de corrupción más relevantes en el país en los últimos años.
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