La firma brasilera de construcción Odebrecht y sus altos ejecutivos vienen siendo objeto de investigación desde hace meses en su país de origen, en un macroproceso judicial en el cual se han visto involucrados políticos y gobernantes de muchos partidos. Entre ellos el expresidente y antiguo líder sindical Luiz Inácio Lula Da Silva, acusado el pasado 15 de diciembre por el Ministerio Público Federal de haber hecho nombramientos en Petrobras, a efectos de facilitar el pago de sobornos de Odebrecht para acceder a cuantiosos contratos.
El máximo ejecutivo de la firma, Marcelo Odebrecht, ya fue condenado por la justicia de Brasil a 19 años de prisión por corrupción, el 8 de marzo de este año. Comenzó a ser procesado desde 2015.
Desde hace más de un año, pues, se sabía que esta constructora, adjudicataria de grandes contratos de obras públicas en Colombia, ejercía prácticas corruptas. En junio del año pasado, el Ministerio de Transporte de Colombia afirmó que se enteró de estas investigaciones por los medios de comunicación, y que por respeto al principio de presunción de inocencia y buena fe, debía esperar el resultado final de las actuaciones judiciales para poder determinar qué medidas tomar.
Como las evidencias derivadas de la investigación de Brasil eran cada vez más concluyentes sobre sobornos pagados más allá de sus fronteras, el 8 de marzo de este año el mismo Ministerio emitió el comunicado más gaseoso y burocráticamente inane que pudiera esperarse, donde dijo que “evaluaría la información” para ver si la remitía a la Super Sociedades. No mencionó a la Fiscalía.
Lo que ha venido a saberse no son tanto irregularidades como comisión de delitos transnacionales por parte de la firma (confesados ante autoridades norteamericanas, con pagos de multas en Estados Unidos y Suiza).
Apenas ahora la justicia colombiana comenzará diligencias para determinar el alcance de los sobornos pagados a funcionarios colombianos. Aparte del cariz judicial del asunto, esto ha dado pie a una controversia política entre el gobierno actual y el anterior, donde ambos han quedado muy mal parados: tanto el anterior como el actual parecen limitarse a enunciar las leyes anticorrupción aprobadas, las comisiones de notables constituidas y las calidades “incorruptibles” de sus funcionarios, antes que mostrar la eficacia de sus controles internos para atajar las coimas.
La más reciente encuesta Gallup Poll muestra que la corrupción es considerada quizás el peor problema del país por parte de los colombianos. Transparencia Internacional ubica al país en el lugar 83, entre 138, de los menos transparentes. Y la presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Diana Espinosa, denunció que el compromiso oficial para atacar la corrupción en la contratación estatal es muy bajo.
El escándalo Odebrecht en Colombia latía en muchos círculos, pero solo con la confesión de sus directivos en Estados Unidos parece haber impulsado acciones aquí, no obstante que esta época del año es propicia para olvidos. Sin embargo, debería activar una verdadera demanda ciudadana por la verdad y la exigencia de responsabilidades penales y políticas.
Se sabe que el discurso dominante en la política y en los gobiernos es que la corrupción grave es siempre la de los demás, nunca la de los propios equipos. Solo una justicia transparente e imparcial y una opinión pública vigilante podrían cambiar el curso de esa zona de confort de los corruptos.
